Los indígenas, protagonistas de la protesta, exigen que el gobierno congele los precios de los combustibles que recientemente elevó, lo cual desató la indignación popular. Además, critican que el Fondo Monetario Internacional determine las políticas económicas del país andino
Ricardo Arenales
La más dura confrontación al gobierno neoliberal del presidente Guillermo Lasso, se ha producido en el Ecuador a raíz del paro nacional indígena y popular que comenzó el pasado lunes 13 de junio, y que amenaza con extenderse a otros sectores de la sociedad, en la medida en que el ejecutivo no ha dado solución a un pliego de peticiones de diez puntos que recoge el sentimiento de amplios sectores de la población.
En las primeras horas de la movilización, esencialmente agraria, se produjeron choques con la fuerza pública, en los que fue detenido por la policía el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Leonidas Iza. El dirigente indígena, sin embargo, fue arrancado de la cárcel por una formidable movilización, que radicalizó la protesta ante la detención de su líder.
Con la convocatoria de Conaie a la movilización general, la protesta se extendió a las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pasteza, Napo y Tungurahua, donde miles de activistas bloquearon vías locales y nacionales, establecieron retenes y chocaron con la fuerza pública, con un saldo importante de heridos y detenidos.
Exigencias del FMI
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Lasso, al final de la semana los convocantes a la protesta lanzaron la consigna de marchar sobre la capital para aumentar la presión sobre el ejecutivo, y recibieron el respaldo de comunidades campesinas y del gremio de los maestros, que se sumaron a la movilización.
El pliego de peticiones de los manifestantes consta de diez puntos, dentro de los cuales se destaca la exigencia de congelar el precio a los combustibles, que recién experimentaron un alza que desató la indignación popular. Pero más allá de esta demanda, está el pulso por evitar nuevos incrementos de precios, que constituyen una exigencia del Fondo Monetario Internacional, como condición para otorgar nuevos préstamos a la nación.
En este sentido, el presidente de la Conaie dijo que el gobierno debe responder a las demandas formuladas por la comunidad indígena, que en Ecuador es muy fuerte, y mostrar voluntad de estar con el pueblo y no con el FMI. Si Lasso “va con el FMI, este pueblo, levantado, de pie, no va a permitir esa imposición”, puntualizó Leonidas Iza.
Educación, empleo, salud
Otros puntos del pliego de exigencias al ejecutivo hacen referencia al establecimiento de precios justos para los productos del campo, políticas e inversión públicas para frenar la precarización laboral y detener la privatización de los sectores estratégicos de la nación, considerados patrimonio de los ecuatorianos.
Reclaman también políticas de control de precios y de la especulación con productos de primera necesidad. Mejorar la red de centros educativos y garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior. Que el gobierno haga frente al desabastecimiento de medicinas y al déficit de médicos y enfermeras en los hospitales. Políticas para frenar la ola de violencia e inseguridad ante el avance del crimen organizado.
Un aspecto central de petitorio es la moratoria de al menos un año en el pago de deudas e intereses, que hoy afectan al menos a cuatro millones de familias ecuatorianas y que en el trámite de reclamación de tales deudas se impida que se expropien bienes como casas de habitación, terrenos o vehículos, por falta de pago. Con especial interés se pide al gobierno central que se impida la minería en territorios ancestrales indígenas o en las fuentes de agua que los nutren.
