En entrevista a dos voces, VOZ dialogó, sobre los impactos de la suspensión de la Mesa de diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional con María Durango de la Red de Veeduría Ciudadana de Mujeres y Población Diversa del Catatumbo y Eliana Zafra del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos- CPDH.
Zabier Hernández Buelvas
50 años después que el Ejército de Liberación Nacional – ELN, se asentará en Ocaña, Norte de Santander, su incidencia e el impacto de sus acciones se sienten en cada rincón del territorio. Es lo que llaman los analistas, convirtieron a esta región en su principal bastión de guerra.
Pero esta vez no consultamos la opinión “autorizada” de especialistas y analistas. Esta vez, VOZ buscó a seres y voces cuya autoridad se las da el ser víctimas que sufren la consecuencia del accionar no solo del ELN sino, del Clan del Golfo, el frente 33 de grupo disidente de Farc- Estado Mayor Central – EMC de Iván Mordisco, dos grupos residuales del EPL, bandas del crimen organizado de carácter trasnacional como las AK-47 y el Tren de Aragua, los Rastrojos y 16 bandas criminales cuyo centro de operación principal es Cúcuta y su área metropolitana.
50 años después de que el padre Camilo Torres promulgara su catequesis de libertad, de reivindicación de los más pobres conocida como la Teoría de la Liberación y haberse metido en el corazón del campesinado, hoy el sentimiento de retroceso y pérdida total de esos postulados es evidente. El pueblo ha perdido la confianza y le ha quitado apoyo popular.
Valientes y conscientes mujeres, que lideran organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos, que han venido luchando por la paz con justicia social, hablan y se levantan para insistir en que las partes vuelvan sentarse a la mesa y por fin muestren avances que se sientan el territorio, que generen tranquilidad, prosperidad y transformación territorial para vivir con dignidad.
Regresaron el miedo y zozobra
¿Cuál es la situación Humanitaria actual de las comunidades y organizaciones de Norte de Santander y el Catatumbo?
Es muy compleja y parte de dos escenarios, el primero, el de violencia armada y criminal que afecta a las comunidades, no solo de las zonas rurales, sino también de las urbes, en el cual todos los días hay homicidios, desapariciones forzadas, se encuentran en ríos, caños y trochas cuerpos descuartizados, desplazamientos forzados de lideres sociales, y segundo, el factor económico. Norte de Santander sigue en una tasa alta de desempleo, de informalidad laboral, con un precio de la canasta familiar y de los servicios públicos muy alto que hace aumentar escenarios indignos a las condiciones de vida de los Norte Santandereanos.
Los y las jóvenes son obligados a engrosar las filas del crimen organizado y de los grupos armados ilegales. Aunque la inseguridad es en todo el departamento, en los dos últimos años se ha marcado más en Cúcuta y su área metropolitana en Norte. El secuestro y la extorsión se han disparado en especial contra comerciantes y empresarios. Las amenazas a lideres y lideresas sociales, comunales y defensoras de los derechos de la mujer, de la población LGTBIQ+ han aumentado. La trata de personas con fines de explotación sexual, de los cuales las principales víctimas son hombres y mujeres jóvenes pobres, muchos de ellos víctimas del conflicto armado que llegaron desplazados a la capital Norte Santandereana o sus municipios metropolitanos y población migrante venezolana.
Ustedes, que han sufrido históricamente los impactos de la guerra, ¿cómo reciben la noticia de esta suspensión de la mesa del Gobierno con el ELN?
Es muy preocupante. El ELN es la guerrilla con mayor presencia y control en el territorio Norte Santandereano, hacen presencia con el frente de guerra nororiental Juan Fernando Porras Martines y las milicias Urbanas Luis Enrique León, para el sur y occidente del departamento el Frente Efraín Pabón Pabón, es decir que la suspensión de la Mesa, para el CPDH es darle fin a un territorio que durante el cese bilateral genero escenarios de calma y tranquilidad a las comunidades, que facilita la llegada de la Institucionalidad con inversión social a los territorios, muestra de eso es que una vez suspendido el cese, regresaron al Catatumbo los escenarios de miedo y zozobra por las confrontaciones armadas entre fuerza pública y esta insurgencia, en el cual la población civil rural es la que queda en medio del cruce de fuego, por eso, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que en medio de la diferencia se construya y se reanude el camino de la paz, que históricamente ha venido alimentando y construyendo el movimiento social y el pueblo trabajador colombiano. Es importante insistir en hacer un llamado a la unidad que permita no solo la materialización de un programa de gobierno, si no que este sirva también para la materialización de la Paz.
Un frente social y popular por la paz.
¿Qué creen ustedes, que se puede hacer desde las organizaciones sociales, para que este diálogo se retome y haya resultados para lograr la paz con justicia social?
Desde el CPDH, desde el año 79 se viene trabajando en el llamado de la unidad y del fortalecimiento de un frente social y popular desde distintos escenarios académicos, políticos, de movilización y discusión en un punto que nos une y es el de la materialización de la paz y la garantía efectiva de los derechos Humanos, es necesario reuniros y seguir trabajando en eso, ninguna otra lucha puede estar por encima de la exigencia y construcción de la Paz, es una deuda histórica y una voluntad política que también le recae a las comunidades. La paz no se construye solo en una mesa de negociación, nosotros también tenemos el deber y el derecho de hacernos participes de ella para que realmente halla transformación territorial.
Las políticas de Paz y transformación territorial desde la firma de los acuerdos de la habana y en desarrollo de la paz total ¿si llegaron y están teniendo impacto en el Norte de Santander y el Catatumbo?
El CPDH junto con varias organizaciones sociales de base del territorio del Catatumbo constituimos una veeduría ciudadana para hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de Paz, y de su primer informe identificamos tres obstáculos para la no implementación de os acuerdos en la subregión del Catatumbo y en Norte de Santander.
El primero es que existe un gran desconocimiento sobre cómo se desarrolló y que se acordó en el marco del acuerdo final para la terminación del Conflicto, lo cual permitió que las comunidades erróneamente comprendieran que ese acuerdo solo iba a favorecer a firmantes de Paz, esto género que la implementación solo se convirtiera en tarea de los firmantes de paz y de algunas organizaciones de base, en palabras coloquiales a la implementación le falto pueblo formado para exigir y controlar desde el día 1 de la implementación.
Segundo, durante el gobierno de Iván Duque se construyeron planes de gobierno locales y nacionales, en vías distintas a la de contribuir a la implementación del acuerdo de paz, esto permitió que no hubiese inversión, control y planeación para aterrizar la paz en los territorios PDET. La enorme corrupción de ese gobierno desfinanció la implementación del acuerdo de paz del 2016.
Y tercero, en ese gobierno de Duque, se creó una estructura institucional que no llego a las comunidades rurales, no se pudo acceder a su oferta institucional negando la mejora de la calidad de vida de las comunidades que han sufrido la guerra, y los firmantes de Paz. Desde el 2017 al 2022, instituciones como la ANT, ART, Programas de Sustitución, no llegaron con la oferta a las comunidades y principalmente a las mujeres y población LGTBIQ+ y mucho menos articularon en la construcción de los planes de desarrollo municipales y gubernamentales con recomendaciones que hubiesen facilitado implementar el acuerdo.
Como resultado de eso no se ha consolidado la paz y su implementación en el Catatumbo, se incrementó los escenarios de violencia por el control territorial de las economías ilícitas, pero también del control político militar de los territorios, y todo esto en medio de un cierre fronterizo, y de una pandemia que contribuyeron a profundizar más la violencia, la llegada y consolidación de organizaciones de crimen organizado transnacionales y locales.
“A la Comandancia del ELN, queremos decirles”
¿Y qué pasa con el dialogo y las mesas con los otros grupos que hacen presencia en sus territorios?
El CPDH a insistido en la importancia de unos diálogos regionales de paz, que permitan la participación de las comunidades organizadas para ser escuchadas y se les reciban sus propuestas de Paz, hay mucho desconocimiento aun sobre la apuesta de la paz Total y esto es un error que debe corregirse, ya que vincular al movimiento social en el proceso de difusión de la apuesta de la paz total, puede facilitar que las comunidades se unifiquen a rodear a la propuesta de Paz Total.
Si tuvieran a la comandancia del ELN aquí en frente ¿qué le dirían?
Les diríamos que este país y el movimiento social viene por décadas exigiendo la salida política y dialogada al conflicto armado, que el pueblo tiene la voluntad de ayudar a construir la paz en el país, que se valore la voluntad y los hechos de paz del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que respeten un programa de gobierno que se construyó con la gente, que debemos enfrentar todos y todas, a un poder oligarca que desde muchos sectores, inclusive desde las mismas ramas del poder Publico a intentado destruir, y aun así de manera consecuente persiste en la paz, y es en ese sentido, que en medio de los debates que son propios y necesarios en la política y en las negociaciones, se persista hasta lograr construir en ambos las confianzas de lograr el derecho a la Paz.
A la Comandancia del ELN, queremos decirles que la oportunidad de resolver las causas del conflicto armado está dada con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y hacerle un llamado para sostener su presencia en la mesa de diálogo. Que deben de insistir y persistir en el proceso para que podamos construir mancomunadamente la paz que nuestro pueblo colombiano tanto anhela y tanto espera.
