Las cifras en materia fiscal son desalentadoras. Mientras la pobreza, la desigualdad y el hambre hacen parte de la dura realidad de millones de hogares, Gustavo Petro recibe las finanzas del Estado con un saldo negativo. ¿Por qué son tan importantes los nuevos impuestos para el futuro del país?
Hernán Camacho
@camachohernan
El 8 de agosto se radicó con mensaje de urgencia en la secretaría del Senado de la República la propuesta de reforma tributaria que tiene como propósito aumentar y reorientar el gasto social, así como consolidar un ajuste fiscal.
Mientras el equipo económico consultaba los últimos detalles del proyecto de reforma tributaria, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo socializaba en las comisiones económicas del Congreso los principales objetivos de la iniciativa tributaria, como “saldar la deuda social para bajar el coeficiente de Gini (índice de desigualdad) de 0,543 a 0,491”.
El ajuste económico le apunta al bolsillo de las personas con mayor capacidad de ingresos. La idea es robustecer y abrir nuevas fuentes de ingreso para el Estado, acabar exenciones tributarias que son aprovechadas por las grandes empresas de capital extranjero, y según explica Ocampo, simplificar el sistema aplicando principios de justicia tributaria.
Lucha contra el hambre
El recaudo total al cual aspira el nuevo gobierno es de unos 25,9 billones, equivalente a 1,7% del PIB, con una perspectiva de aumentar hasta llegar a 50 billones en 2026. Una parte de ese dinero está destinado a financiar los programas sociales urgentes y ayudar a reducir los problemas estructurales de la sociedad, entre ellos el hambre, la pobreza y la desigualdad. A marzo de este año el 31% de los hogares no comían tres veces al día, según señala un reciente informe del DANE.
En pobreza tenemos cifras similares a las del inicio de la década pasada, es decir, el país ha perdido una década de crecimiento económico, llegando a tener el 39,3% de hogares en pobreza, es decir, 21 millones de personas. Mientras que el 12,2% de hogares se encuentra en extrema pobreza, lo cual se calcula en unos siete millones de personas.
El Gobierno nacional se propone garantizar el acceso ciudadano a los alimentos por medio de un programa con una meta ambiciosa: hambre cero en 2026. Por otro lado, el objetivo económico es reducir la extrema pobreza en al menos cinco puntos.
Impuestos a ciertas pensiones
Contrario a la reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, que ampliaba la base gravable por lo bajo, la reforma de Ocampo aspira a recaudar impuestos a las pensiones más altas que hoy no tienen carga impositiva. Según Colpensiones, en abril de 2022 solamente 15.167 pensionados gozan de una mesada entre 10 y 20 millones de pesos, y 182 tenían pensiones superiores a los 20 millones; mientras en los fondos privados de pensiones “los jubilados” apenas son 1.000 quienes tengan pensiones superiores a 10 millones. Este nuevo impuesto también aplicará a quienes devenguen una o dos pensiones en cualquier régimen.
Actualmente, a diferencia de todos los países de la OCDE, las pensiones en Colombia no pagan impuesto de renta. Lo que propone la reforma es gravar las pensiones más altas y obtener de allí recursos para programas sociales importantes como la ampliación del bono pensional, es decir, una especie de solidaridad impuesta a los grandes pensionados para que los adultos mayores que no gozan de ese derecho, tengan acceso a una pensión.
Patrimonio
Respecto del impuesto al patrimonio, se revive una propuesta que está en todas las propuestas de reforma tributaria, pero que hasta el momento no ha podido superar el primer debate, pues en el país existen grandes capitales individuales que no pagan impuestos.
La iniciativa de recaudo del ministro Ocampo es que tributen los patrimonios líquidos superiores a los 3.000 millones, excluyendo el valor de la casa de habitación hasta por 500 millones. La tarifa del impuesto sería del 0,5% para patrimonios entre 3 mil y 5 mil millones de pesos, y de 1% por encima de 5 mil millones.
“Colombia es uno de los países del mundo que tiene la menor tributación a personas naturales, que en la actualidad representa el 1,2% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es de 8,1%”, viene advirtiendo Ocampo.
Petróleo, carbón y oro
Será una realidad el recorte de beneficios tributarios para las empresas mineras que explotan recursos naturales en Colombia, específicamente petróleo, carbón y oro. Para Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, las multinacionales de este sector tienen a su servicio casi 213 exenciones de impuestos que les permite una mayor tasa de ganancia y un menor recaudo para el Estado.
El incremento de la tributación de las rentas obtenidas por empresas dedicadas a la explotación de recurso naturales del subsuelo será cobrado según la deducción de los pagos de regalías del impuesto a la renta. Esta es una medida para que las empresas no descuenten impuestos por doble vía, una jugada que le ha costado al país 60 billones de pesos de evasión desde el 2016.
El recaudo esperado en este sector será para mitigar los efectos ambientales de la extracción minera que afecta a diversas comunidades y a la naturaleza. Se creará un impuesto del 10% a las exportaciones extraordinarias de los bienes extraídos del subsuelo.
Bebidas azucaradas
El impuesto a las bebidas azucaradas tiene a la poderosa Organización Ardila Lülle y al gremio azucarero preparando un lobby curul por curul para desaprobar el llamado impuesto saludable.
En Colombia el gasto del sector salud llega hasta 15 billones de pesos para atender los problemas derivados del consumo excesivo de alimentos no saludables. Quien más sufre enfermedades como obesidad o diabetes es la población de menores ingresos, que del universo de pacientes con la misma anomalía representan el 74% en estratos 1 y 2, según estudios del Ministerio de Salud.
El impuesto a bebidas azucaradas será de $0, cuando el contenido de azúcar por cada 100ml sea menor a 4gr, de $18 por cada 100ml cuando el contenido de azúcar sea de entre 4 y 8 gramos y de $35 por cada 100ml cuando el contenido de azúcar sea superior a 8gr.
Por esta vía el Gobierno nacional podrá recaudar 2.1 billones de pesos además de la reducción del gasto para tratamiento de este tipo de enfermedades en el sistema de salud pública. El impuesto solo afecta el 3% de los productos de la canasta familiar. Caso similar sería para los alimentos ultraprocesados.
Subsidios a la gasolina
El otro debate de la reforma tributaria es la modificación del precio de los combustibles en zonas de frontera. La propuesta es levantar los subsidios con el fin producir un recaudo rápido. Sin embargo, hay resistencia en las ciudades de frontera rechazando lo que sería un aumento casi de 10% en el precio de la gasolina, afectando la difícil economía que padecen las regiones fronterizas del país.
La reforma quiere hacer realidad el principio progresista de los impuestos, va de frente contra sectores que han sido beneficiados por las reformas tributarias en las últimas dos décadas y empuja al país a sintonizar su sistema tributario con la propuesta del nuevo gobierno en proteger la vida y la naturaleza.
Según ha dicho el ministro Ocampo, el Gobierno nacional está abierto a escuchar todas las críticas, recomendaciones, sugerencias e iniciativas de toda la sociedad para perfeccionar la necesaria reforma tributaria. No obstante, también es enfático en exigir propuestas que mantengan la expectativa de recaudo.
