El golpismo en Perú avanza aceleradamente contra el gobierno de Castillo. En los medios ha trascendido que facciones golpistas planifican un magnicidio contra el presidente. Pero al tiempo combinan otras tácticas para mantener sus privilegios
Alberto Acevedo
La volatilidad del gobierno de Pedro Castillo en Perú es impresionante. La rapidez con que se producen los nombramientos de nuevos ministros o se dan debates en el congreso para pedir su vacancia del cargo, son acontecimientos que hacen parte de la cotidianidad. Ya hay gente que no se pregunta si va a caer el presidente, sino cuándo caerá.
La táctica del veto parlamentario para provocar la destitución del presidente no funcionó y el mecanismo se desgastó. Por eso las fuerzas de la reacción de derecha han cambiado su estrategia, optando por pedirle al mandatario que renuncie, que de “un paso al costado”. Al coro de la derecha se suma la Iglesia católica, que plantea “adelantar las elecciones”, otra manera de deslegitimar el veredicto de las urnas que ungió a Castillo como el presidente de una significativa mayoría popular.
Al mismo tiempo, han iniciado procesos de investigación penal que buscan involucrar por presuntos delitos de ‘corrupción’ al primer mandatario, a su esposa Lilia Paredes y a otros miembros de la familia presidencial. Son procesos que se inician en la fiscalía, con pruebas falsas o inconsistentes, con acusaciones que se echan a rodar a través de los grandes medios de comunicación. Es la estrategia de lo que se denomina lawfare.
La casa de gobierno es inviolable
Esta ofensiva estuvo matizada por un bochornoso incidente, ocurrido el 10 de agosto pasado, mediante el cual fuerzas de la policía y de la fiscalía allanaron la residencia presidencial, con el fin de encontrar y dar captura a Yenifer Paredes, hermana de la primera dama de la nación.
A la indiciada, acusada de corrupción, no la encontraron y la declararon prófuga. Más tarde, los abogados del presidente Castillo interpusieron un recurso de habeas corpus que, de prosperar, impedirá que en el futuro la policía pueda allanar de nuevo el palacio de gobierno. Castillo protestó por el allanamiento y consideró que la casa de gobierno es inviolable y la incursión policial constituye un atentado contra la majestad del histórico recinto.
El recurso interpuesto es importante, porque un despacho judicial intenta involucrar a la primera dama de la nación y a dos de sus hermanos. En el caso de Yenifer Paredes, que se entregó a las autoridades horas después del requerimiento en la casa de gobierno, el escrito de acusación la involucra en el ofrecimiento de obras públicas en la provincia de Chota, pese a que no es funcionaria pública. El juez habla de una “organización criminal”, de la cual el principal responsable es el presidente de la república.
Magnicidio
El pasado 4 de agosto Castillo declaró que es inocente en los casos por los que se le investiga, en el marco de una diligencia en la que se acogió al silencio durante un interrogatorio de la Fiscalía. “Estoy presto a declarar, pero no me voy a someter a lo mediático”, dijo en ese momento el mandatario. Señaló ante el fiscal que “no soy parte de ninguna red criminal y voy a demostrar en cualquier espacio mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado, acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre al pueblo”, precisó.
El golpismo en Perú avanza aceleradamente contra el gobierno de Pedro Castillo. En los medios ha trascendido que facciones golpistas planifican un magnicidio contra el presidente. Pero al tiempo combinan otras tácticas para mantener sus privilegios y aumentar la tasa de su ganancia.
“El lawfare es un método de guerra no convencional que combina acciones jurídicas aparentemente en el marco de la ley, aunque muchas veces sin pruebas serias, con una campaña de prensa que presiona al acusado y su entorno para restarle apoyo popular”, dicen Oswaldo León y Sally Burch en su libro El nuevo Plan Cóndor, geopolítica e imperialismo en América Latina y el Caribe.
Tras lidiar el pueblo con décadas de gobiernos impopulares y despóticos, en 2021 asume la presidencia el líder sindical del magisterio Pedro Castillo, que canaliza un movimiento de masas por el cambio. Castillo prometió ese cambio, comenzando por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la nacionalización de los recursos naturales y del subsuelo.
Disolver el Congreso
Su triunfo fue producto de las luchas sociales; fundamentalmente protagonizadas por campesinos e indígenas, no por Castillo ni por su partido Perú Libre.
Desde antes de iniciar su mandato, previendo un compás de gobernabilidad, Castillo asumió compromisos de colaboración con sectores de la burguesía, que dejaron en el papel las promesas de cambio. En desarrollo de tales acuerdos, fue entregando las cabezas de sus principales ministros. Entregó carteras como la de Producción a los sectores patronales.
Esa estrategia, que no consiguió que la derecha renunciara a sus planes desestabilizadores, hizo que Castillo retrocediera cada día, dando marcha atrás a sus promesas de campaña, como aumento del presupuesto de salud, de educación, la reforma constitucional y la disolución del Tribunal Constitucional.
El movimiento popular dice por su parte que no puede seguir como furgón de cola de un gobierno errático y cada vez más débil. Plantean convocar un Congreso Obrero y Popular y elaborar allí una plataforma anticrisis, disolver el Congreso reaccionario e imponer una constituyente soberana, en perspectiva de un gobierno de los trabajadores.
