El 9 de abril se conmemora la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la situación de los líderes y lideresas que defienden los derechos sigue siendo crítica
Daniela Delgado (*)
Los colombianos son testigos y protagonistas de una guerra interna que ha desangrado al país, que ha dejado pobreza y una herida profunda en todo el territorio nacional.
Por tal razón, para las familias de los asesinados, de los secuestrados y de los desaparecidos, para los que perdieron su trabajo, su hogar y sus tierras, a quienes cercenaron sus cuerpos y para las víctimas del desplazamiento forzado y el exilio, se decretó el 9 de abril como Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.
En esta fecha, se rinde homenaje a las víctimas y reitera que el conflicto interno no termina y se sigue vulnerando los derechos humanos de las personas, incluso, de defensores y activistas.
Por la defensa de los derechos humanos
Ahora bien, en Colombia ser líder social se ha vuelto una labor peligrosa, su derecho a la integridad personal se encuentra en constante riesgo.
Un ejemplo es la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a Colombia por la persecución sistemática, hostigamiento y estigmatización contra el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”, en su labor de acompañamiento y defensa de las víctimas, se volvieron una de ellas.
Sin embargo, la vocación por la defensa de los derechos humanos prevalece en nuestro país; a pesar de la constante amenaza contra la vida, este ejercicio es fundamental para la construcción y consolidación de la plena democracia en el país.
Asimismo, con el acompañamiento a las víctimas, es importante que estas sepan que tienen un respaldo social y jurídico frente a sus casos. El compromiso de los agentes de paz con la escucha, la construcción de memoria y la reparación, es categórico y político.
Phanor Guazaquillo
Por tal motivo, la Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol, rindió especial homenaje a Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del Cabildo Nasa Kwes Kiwe, Nuestra Tierra.
Este líder indígena luchó por los derechos humanos y las causas sociales del pueblo Nasa en Putumayo; fue asesinado a finales del año 2023 en Puerto Asís, Putumayo.
Se conmemora a Guazaquillo por su papel directivo en Conpazcol, su participación en la Coordinación Étnica Nacional de Paz, Cenpaz, y su aporte en la construcción del Capítulo Étnico en el Acuerdo de La Habana.
También estuvo acompañando las propuestas de paz integral en la Mesa Interétnica por la Paz de La Blanquita, Murrí, en el occidente de Antioquia. Igualmente, estuvo presente en la iniciativa del Albergue Humanitario por la Paz del pueblo Wounaan Nonam de Buenaventura, y en procesos de restitución de tierras, retorno y reubicación de comunidades desplazadas y por la búsqueda de desaparecidos.
Entre otras causas humanitarias, Phanor Guazaquillo fue un defensor de los derechos humanos en el país, su homenaje demuestra la importancia de su labor en el país.
La crítica situación
Sin embargo, su reconocimiento tiene un sabor amargo, pues, ningún líder social ni defensor de derechos humanos debe enfrentar amenazas en contra de su integridad y la de sus familiares.
La situación es crítica para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo que va del 2024, ya hay 38 lideresas y líderes sociales asesinados.
Pese a que en la actualidad el país cuenta con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y con el Informe Final de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es contribuir a la dignificación de las víctimas y generar impacto en las políticas públicas, la persecución y asesinato de líderes sociales continúa afectando a la sociedad colombiana.
En este sentido, las víctimas sufren la vulneración de sus derechos humanos y la afectación de su integridad física.
Ahora bien, cada 9 de abril el país recuerda el asesinato del líder social y aspirante a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en el centro de Bogotá en 1948; debido a su magnicidio y otras muertes que se desataron y fortalecieron la guerra en Colombia, la cual ha dejado cientos de víctimas, se conmemora este día como solidaridad con las víctimas.
Las víctimas
Actualmente, según el Registro Único de Víctimas, en Colombia, a corte del 31 de enero del 2024, hay 9 681 288 víctimas del conflicto armado reconocidas, sin embargo, pueden ser muchas más. Es cierto que todavía hay mucho camino para poder reparar y reconocer a todas las víctimas del conflicto armado.
La reparación integral es uno de los aspectos centrales de la Ley de Víctimas, aquella tiene un conjunto de cinco medidas para su implementación en cada uno de los ciudadanos: 1) indemnización, 2) garantías de no repetición, 3) satisfacción, 4) restitución y 5) rehabilitación.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad “la reparación integral se constituye en un innegociable para la reconciliación y la construcción de paz. Implica una visión más completa que supera las visiones restrictivas de la reparación ligada al aspecto económico y se vinculan más al objetivo de llevar una vida digna”.
Y para esto es necesario que haya verdad en el país, pues, la reparación pasa por el reconocimiento como ciudadanos y víctimas del conflicto y, por tal razón, la válida búsqueda de justicia y verdad sobre su futuro.
La firma del Acuerdo de Paz entre las extintas FARC–EP y el Estado colombiano en el 2016 creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como mecanismo encargado de articular el proceso para la reparación de las víctimas. Enfatiza en esclarecer la verdad sobre el conflicto armado para la implementación de medidas restaurativas y reparadoras.
El proceso de reparación a las víctimas continúa en ejecución, todavía hay un largo camino para poder llegar a una paz con justicia y, para esto, primero es necesario respetar la vida de las personas que defienden los derechos humanos de las víctimas.
(*) Abogada experta en Derecho Público y Derechos Humanos