Eldía
Hace nueve meses y después de unas arduas negociaciones, la rama judicial levantó el cese de actividades que se dio con el paro que exigía al gobierno un reajuste salarial que tenía un atraso de 20 años.
Es su momento, Luis Fernando Otálvaro, representante legal de Asonal Judicial, solicitó a sus afiliados la suspensión del paro “en virtud del acuerdo que hemos suscrito y en el cual se genera la nivelación salarial para un conjunto de trabajadores que hace veinte años la esperaba”. Así, la rama judicial volvió a trabajar con relativa tranquilidad.
Sin embargo, dentro de los despachos judiciales existe hoy una incertidumbre quizás mayor al descontento anterior que había con los ajustes salariales. Y es que la descongestión –una medida que con la contratación de nuevos puestos laborales pretende “descongestionar” las cargas de un sistema judicial que no resiste más-, se ha ido acabando poco a poco, sin cumplir todavía la meta de ponerse al día con los procesos que hay represados.
Esto pese a que el pasado 31 de julio, los presidentes de las altas cortes suspendieron el cierre y aseguraron la continuidad de los programas de descongestión de la Rama Judicial hasta el 30 de septiembre de 2013, plazo, según dijeron, que posiblemente se alargue hasta diciembre.
Hasta el día de hoy –y según datos de Asonal Judical-, 7.000 trabajadores de la Rama Judicial han perdido su empleo por la reducción de puestos en la descongestión, mientras el resto teme perderlo en los próximos meses. Esto es precisamente lo que denuncia la asociación de empleados de la Rama cuando hace un llamado a la cordura y pide que las “medidas de descongestión no deben ser eliminadas hasta tanto no se creen más juzgados permanentes”.
No hay plata
Según lo denunció la F.M., la Sala Administrativa tiene sólo 79 mil millones de pesos para destinar a los despachos de descongestión, cuando el presupuesto inicial que se tenía era de 179 mil millones de pesos. Esto después de que el reajuste salarial prometido por el Gobierno unos meses atrás fuera asumido por la propia Rama Judicial con el compromiso del Ejecutivo de regresar estos dineros, cosa que aún no sucede.
Pero lo que sí sigue pasando y preocupando a los trabajadores de la justicia es la incertidumbre laboral que los acosa, pues sus contratos no tienen ninguna seguridad y las prórrogas son tan cortas como preocupantes.
Hoy muchos tienen contrato hasta el próximo 30 de septiembre. No saben si van a continuar o si por el contrario, tal y como lo temen, vayan a perder su trabajo al igual que los miles que ya no hacen parte de la descongestión de un sistema que está a punto de colapsar.
