De carreteras y expropiaciones

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Peaje Chusacá en Sibaté, Cundinamarca, correspondiente a la concesión Vía 40 Express. Foto Revista Enfoque

La concesión de la vía Bogotá-Girardot no solo se encuentra en el centro del escándalo por las investigaciones que detuvieron la ampliación de la carretera por casi dos años, sino por las denuncias en la adquisición de predios para la construcción del tercer carril, lo que ha producido la indignación de las comunidades afectadas en Silvania, Cundinamarca

Simón Palacio
@Simonhablando

En total fueron tres fines de semana con “puentes festivos”. Como ya es costumbre, la ciudadanía aprovechó las fiestas católicas de Corpus Christi, Sagrado Corazón y el Día de San Pedro y San Juan para disfrutar las pintorescas minivacaciones que ofrece uno de los países con más días feriados en el mundo.

Así las cosas, las principales carreteras del país se inundaron con miles de vehículos que transportaron a las familias viajeras en busca de descanso, siendo Bogotá uno de los núcleos del caos. Si bien ya es una costumbre que las salidas de la capital se bloqueen por el alto flujo vehicular en los festivos, para nadie es un secreto que la salida por Soacha que conecta con el occidente del país es un verdadero viacrucis, ya sea con o sin días feriados.

De hecho, en los últimos años la vía Bogotá-Girardot se encuentra en construcción del tercer carril, obra que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las personas que conducen en esta importante troncal.

Alrededor de esta intervención hay varios cuestionamientos con la concesión que adelanta a paso de tortuga la obra. Por un lado, están las investigaciones que detuvieron la ampliación de la carretera por cerca de dos años, mientras que, por otro lado, se denuncian irregularidades por parte de la concesión en la adquisición de predios para la construcción del tercer carril. Esta es la historia.

Vía 40 Express

Las obras de construcción del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot se desarrollan en la Ruta Nacional 40 que conecta a Buenaventura con la capital de la República. La ampliación de la carretera esta concesionada a Vía 40 Express S.A.S., un consorcio empresarial entre Conconcreto y Vinchi Highways S.A.S.

La primera es una de las empresas más famosas del sector, con 60 años de experiencia, y la segunda es una filial de Vinchi Concessions, una trasnacional especialista en concesiones, operaciones y servicios de movilidad.

En el plan de ampliación del tercer carril se proyecta la construcción de 69 kilómetros de vía, la rehabilitación de 145 kilómetros, así como el levantamiento de viaductos, puentes vehiculares y peatonales. El costo inicial fue de 1,7 billones de pesos y las obras comenzaron en 2016, con el objetivo de terminar el contrato en 2025. Sin embargo, varias investigaciones judiciales tuvieron al proyecto frenado por dos años.

Irregularidades

Es importante recordar que Conconcreto también hace parte del consorcio encargado del proyecto Hidroituango, obra de infraestructura donde la Contraloría General de la República ya formuló cargos de responsabilidad fiscal por cerca de 4,3 billones de pesos. Según el ente de control, la constructora y otras 26 personas jurídicas son las responsables del billonario detrimento patrimonial.

No obstante, el caso Hidroituango no es el único que tiene en aprietos a la constructora de la familia Aristizábal Correa. Precisamente el consorcio que adelanta obras en el tercer carril de la vía Bogotá-Girardot fue investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por presunta colusión.

Si bien el pliego de cargos fue archivado en 2020 por el actual superintendente Andrés Barreto, esta investigación permitió la apertura de otra indagación por competencia desleal donde el presidente de Conconcreto, Juan Luis Echeverry, ya fue multado con 1.128 millones de pesos. Estas fueron algunas de las irregularidades que tuvieron frenada la construcción.

Expropiación privada 

Ahora bien, Vía 40 Express no solo enfrenta problemas con los entes de control que tienen la lupa sobre la obra, sino también con las comunidades que denuncian múltiples irregularidades en la adquisición de predios por parte del consorcio.

Cerca de 900 personas afectadas por la ampliación de la carretera, han elevado distintas acciones legales y un memorial donde revelan que la concesión tiene la intención de pagar la ridícula suma de cuatro mil pesos por metro cuadrado que será intervenido por la obra.

La denuncia la emiten los vecinos de distintas veredas del municipio de Silvania, Cundinamarca, que colindan con la ampliación de la carretera en 22 kilómetros entre los sectores de Río Blanco y Granada. Las personas afectadas han entablado el pleito jurídico ante la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Invías y organismos de control pertinentes, no solo haciendo públicos los documentos que certifican que la concesión pagó en 2019 hasta 70 mil pesos por el metro cuadrado, sino citando la Constitución y las leyes que protegen el derecho a la propiedad privada.

“Nosotros no nos estamos oponiendo a que se construya. Queremos negociar, pero no podemos aceptar la ‘chichigua’ que nos están ofreciendo. En verdad la comunidad siente que es una expropiación ilegal, que de frente choca con los derechos que tenemos las comunidades”, dice para VOZ una de las campesinas afectadas de la vereda Azafranal que prefiere reservar su identidad.

El caso de la familia Moreno

Un caso emblemático de las arbitrariedades que se han cometido lo encarna la familia Moreno, no solo con la reciente denuncia de la obra del tercer carril, sino incluso desde la concesión pasada que construyó la doble calzada en la vía Bogotá-Girardot.

El suplicio para esta familia de Silvania comenzó en el 2010 con la Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A que estuvo a cargo de la primera ampliación de la Ruta Nacional 40. El predio familiar se encontraba en ambos lados de la carretera en el kilómetro 39, con la mala fortuna de que este se encontraba en juicio de sucesión.

Según don Héctor Moreno, si bien en un comienzo la negociación fue en buenos términos, con el pasar de los días la situación se tornó tensa entre la concesión, el antiguo Instituto Nacional de Concesiones, Inco, y la naciente ANI. A pesar de ello, en 2012 se emite la oferta de compra sobre la base de la lonja de propiedad raíz que valoraba los metros del terreno y los activos existentes.

El total de la compra no se concretó quedando un pasivo que a la fecha no se ha pagado. Las entidades públicas y privadas se han pasado la pelota con la responsabilidad del saldo a pagar, condenando a la familia Moreno al camino tortuoso de la burocracia. También denuncian que, en una de las ampliaciones, la concesión se apropió de pequeños terrenos por los cuales nunca respondieron. “Desde hace 12 años nos hemos venido dando cuenta que ya estaban haciendo cosas arbitrarias en contra de la comunidad”, comenta don Héctor.

En esta situación particular, la familia Moreno también se ha visto afectada por la oferta de los 4.000 pesos por metro cuadrado. “Eso se llama expropiación, porque 4.000 pesos no alcanzan ni siquiera para los costos de la escritura. Nosotros estamos resueltos a hacer lo que nos toque para defender nuestros derechos”, concluye.