Panamá cerró tres pasos fronterizos. La decisión pone en riesgo la vida de miles de migrantes
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
En lo que va del 2024, más de 195.000 personas han cruzado el inmenso tapón del Darién soportando hambre, dolores y peligros en sus esfuerzos por llegar y solicitar asilo en Estados Unidos.
El Darién atraviesa partes de Centroamérica y Sudamérica, es un tramo de 97 kilómetros de ancho en la húmeda selva. Sin embargo, a pesar del fangoso e inestable terreno, el peligro y las vulneraciones de los derechos humanos se origina también por la presencia de las bandas criminales en el territorio, pues cruzar la franja se hace imposible si no se paga a un guía de estas organizaciones criminales.
La organización Médicos Sin Fronteras informó que hay un aumento en la violencia sexual hacia los transeúntes, “desde finales de abril de 2021 atendimos a 397 casos de abusos sexual”, señala esta entidad. Se estima que, en diciembre de 2023, una persona fue agredida sexualmente cada tres horas en el Tapón del Darién.
Crisis humanitaria
Ahora bien, con esta crisis que se vive en el Darién, Panamá decidió cerrar varios pasos no autorizados para controlar el flujo masivo de migrantes. Instalaron barreras para bloquear accesos por la costa pacífica y caribe, asimismo, cercas con púas hacia el Hito de Chucurti.
El Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, explicó que la medida consolida los esfuerzos de seguridad para controlar las actividades delincuenciales, “concentrar esfuerzos de protección, seguridad y asistencia humanitaria de manera más efectiva en la gestión del fenómeno migratorio” se indica en el comunicado de Senafront.
Según el Gobierno de Panamá, el anterior control disponía de fuerzas de seguridad en múltiples puntos y, por lo tanto, se dispersaba la eficiencia en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales.
No obstante, esta decisión vulnera los derechos humanos de miles de personas que están en el Darién, además de crear una crisis humanitaria en los municipios cercanos al Paso. De acuerdo con Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, hay cinco caminos para llegar a Panamá, de los cuales cuatro están cerrados, asimismo, el cierre de los puntos no fue acordado con Colombia.
El paso informal de las personas sigue, pues, están buscando otras opciones para poder continuar su camino. La nula comunicación entre los dos países sobre el cierre de los puntos, pone en riesgo la vida de cientos de familias que están en la selva.
¿Y las personas?
Al respecto, el defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina, comunicó “tras el anuncio del gobierno de Panamá de cerrar el paso en el Darién, región limítrofe entre Colombia y el país centroamericano, exhortamos al gobierno para que solicite a las autoridades panameñas, observar y estar al tanto de cuan importante son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos: refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías para los migrantes”.
Se recomendó, a las autoridades nacionales, impulsar medidas a un corto plazo para hacer frente a un escenario de represamiento de migrantes en los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano, “a las gobernaciones y administraciones municipales, activar las mesas de gestión y de gobernanza migratoria, con acciones de contingencia oportunas con un enfoque humanitario y sin distinción alguna de nacionalidad”, finalizó el defensor del Pueblo.
En la campaña
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Molino, ha mantenido un fuerte discurso frente a la migración por el Darién siempre señalándola de “ilegal”, ya en campaña política había prometido un cierre progresivo del Darién.
En su discurso de posesión, Molino declaró que “Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré complicidades locales”.
El cierre de los puntos genera un riesgo e impacto a nivel humanitario por el represamiento en los municipios colombianos de tránsito como Necoclí, Turbo y Acandí. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, afirmó que “habrá una conversación permanente, hay riesgos, pero no puede generar una crisis humanitaria”.
La migración
Ahora bien, las crisis sociales, económicas y políticas que enfrentan los países latinoamericanos han potenciado la migración hacia Norteamérica, un objetivo, para algunas personas, que se ve lejano por el endurecimiento de las políticas migratorias que criminalizan a las personas que deciden salir “como consecuencia, muchas se ven en la necesidad de arriesgar su vida atravesando rutas informales en las que corren múltiples riesgos, tanto en su salud (malaria, dengue, diarreas) como por violencia”, señala Médicos Sin Fronteras.
Desde el 2021, más de 500.000 personas han caminado la selva del Darién buscando un futuro en Norteamérica, pero a este flujo de migrantes latinos también se le debe sumar el grupo de personas que llega de países africanos o asiáticos, también huyendo de la violencia.
Después de un camino lleno de lodo, piedras, animales, deshidratación y delincuencia, las personas que logran salir vivas llegan al poblado de Bajo Chiquito, Panamá, y Canaán Membrillo, donde son trasladadas a las Estaciones de Recepción Migratoria, ERM, de San Vicente y Lajas Blancas, donde son atendidos, después pueden tomar un bus que los lleva a la frontera con Costa Rica y seguir con su camino hacia el norte.
Por tal razón, cerrar de manera abrupta y violenta los puntos de paso del Darién es una clara violación de los derechos humanos a cada uno de los migrantes.
La vulneración de sus derechos ha sido constante, pues el discurso del presidente panameño de tildar como ilegal esta migración, solo genera criminalización frente a los caminantes.
Es necesario establecer rutas seguras, pero que garanticen los derechos de todas las personas. Migrar no es un delito.
