sábado, enero 25, 2025
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“Comemos o pagamos la factura”

El vainazo del presidente Petro a algunos alcaldes del Caribe por no apostarle a la generación de energía limpia tiene varias razones, entre ellas, la presunta cercanía de algunos mandatarios con los socios de las empresas Air-e y Afinia

Máximo Noriega Rodríguez

Cuando los habitantes del Caribe dicen que “o comen o pagan la factura de energía”, no están exagerando. La dura realidad es que en los territorios atendidos por las empresas Air-e y Afinia el cobro por el servicio de energía es tan alto que ponen en riesgo el desarrollo social de la región, no solo porque representa casi toda la canasta familiar básica, sino porque es el principal escollo para establecer empresas y emprendimientos que generen empleo y dinamicen la economía.

Parte del problemas es la oferta de energía, pues los generadores han cuadriplicado el precio en los últimos meses y, por eso, el llamado de atención del presidente Gustavo Petro a los mandatarios locales del Caribe en el sentido de que impulsen proyectos de energías limpias que ayuden a incrementar la oferta y ─por ley de oferta y demanda─ se esperaría que baje el precio de la energía en bolsa.

El kilovatios hora más caro del país

Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Foto Ministerio de Hacienda

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, informó que “en el Caribe se paga el kilovatio de energía más alto del país $1.186 pesos por costo unitario del kilovatio/hora” vendido por Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira. En el caso de la empresa Afinia, que opera en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y algunos municipios del sur del Magdalena, el costo está en $1.128 el kilovatios hora.

Pero es también la ineficiencia en el servicio, sumado, además, las “jugaditas” de los verdaderos dueños de la empresa Air-e, denunciadas por distintos medios de comunicación y según las cuales presuntamente se incrementan de forma artificial los precios de la energía para el Caribe, afectando aún más el bolsillo de todos y todas.

No obstante, las condiciones favorables para producir energía localmente y el impulso que el gobierno del cambio le está dando a la autogeneración eléctrica de fuentes limpias, y el beneficio que eso traería en el costo final que se le cobra al usuario, en el Caribe algunos gobiernos locales han sido sospechosamente lentos en meterse en esta dinámica, quizás por los vínculos empresariales documentados que han existido entre esos alcaldes-empresarios y los dueños reales de las empresas Air-e y Afinia, a tal punto que esos que antes vociferaban por las deficiencias y costos del servicio de energía hoy son blandos y benévolos con los prestadores.

Cobran por todo

Desde gobiernos anteriores se premió a las empresas de energía en el Caribe permitiéndoles el cobro de otros ítems al usuario final. La llamada opción tarifaria permite que la deuda de la nación con el sistema, las ineficiencias de los prestadores, los rezagos en la inversión y hasta la energía robada, sean trasladados y cobrados al usuario final, quienes, además, ya pagan en la factura de energía sobretasas e impuestos como el de seguridad ciudadana, que nada tienen que ver con el servicio.

En su momento, el presidente Duque benefició abiertamente a los empresarios dueños de empresas como Air-e y Afinia, socios políticos de la derecha, en detrimento de los ciudadanos del común.

Otra variable a tener en cuenta es la aparente toma de las entidades de regulación y control a manos de los prestadores del servicio, pues los presuntos nexos de las empresas con funcionarios de las entidades que deberían regularlos explicarían el porqué ha resultado imposible cambiar las tarifas.

El Consejo de Estado y la CREG no ayudan

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, goza de una interinidad sospechosa. Los intentos del Gobierno de nombrar a sus miembros y de tomar decisiones de fondo que beneficien a los usuarios siempre se encuentran con decisiones judiciales y administrativas, presuntamente influidas por los dueños de las empresas, únicos ganadores con las altas tarifas. La Superintendencia de Servicios Públicos tampoco ha sido eficiente en el control que debe ejercer, pues su lentitud y “falta de dientes” en lo local y en lo nacional permite que continúen los abusos.

El 1 de marzo de 2024, el Consejo de Estado tumbó el decreto con el que el presidente Gustavo Petro iba a bajar las tarifas del servicio de energía. Y el 5 de julio, nuevamente este tribunal dejó sin piso el nombramiento del director ejecutivo de la CREG, por “no tener una cualificación especial en la experiencia”, lo que automáticamente obstaculiza la implementación de medidas para bajar las tarifas de los servicios de energía y gas en el país y la costa Caribe. La derecha y algunos opinadores creen que este es un duro golpe contra el presidente Petro, pero, en realidad, el golpe es para los más pobres y la clase media colombiana y del Caribe.

Karol Solís Menco, politóloga y defensora de usuarios de servicios públicos. Foto Facebook Karol Solís Menco

Al respecto, la politóloga y activista barranquillera, defensora de derechos de los usuarios de servicios públicos Karol Solís Menco, en su Facebook de manera enfática afirmó: “es el segundo fallo del Consejo de Estado que golpea duro al gobierno nacional en este sentido, una celeridad jurídica que llama la atención. Sin @comisioncreg no hay posibilidad de avances porque es la entidad con la facultada [sic] para regular la provisión del servicio público de energía”.

 

 

Se avecina un corto circuito

La solución a todo este infierno que se vive en el Caribe, con el servicio de energía y sus tarifas, ya está inventada. Hay que autogenerar en Comunidades Energéticas locales y poner a funcionar granjas solares de mediano y alto potencial de generación que, a su vez, entregue regionalmente la energía a distribuidores y comercializadores con mayoría accionaria pública. No sólo se lograría bajar los costos, sino hacer más eficiente el servicio, pero esto no les sirve a los dueños de las empresas y a sus socios en algunos gobiernos locales.

Las altas tarifas del servicio de energía en el Caribe llenan los bolsillos de unos pocos, paga campañas políticas y financia la corrupción, mientras la clase pobre deja de darles comida a sus hijos para no vivir en la oscuridad. No falta mucho para un cortocircuito definitivo.

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