Los contratistas son parte de la columna vertebral de las políticas del Gobierno del cambio, aunque sus condiciones laborales son indignas
Felipe Ramírez, Presidente ATI Bogotá
El pasado 29 de febrero la Asociación de Trabajadoras Independientes, ATI, radicó ante la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y el Ministerio del Trabajo petitorios para iniciar una negociación colectiva con el objetivo de avanzar en la dignificación del trabajo, que realizan las y los contratistas en las entidades estatales. Al respecto, vale la pena reflexionar sobre la situación de estos trabajadores y trabajadoras.
Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2022), en “Colombia hay un millón 351 mil servidores públicos, de los cuales el 55% de la fuerza laboral del Estado son docentes y militares. De acuerdo con el último estudio hay 910 mil contratistas”.
Aunque la normatividad es clara al establecer que estos contratos no pueden celebrarse para “el ejercicio de funciones de carácter permanente”; este es el común denominador en la administración pública y no “una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional”, como lo expresa la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional. El trabajo que realizan estos contratistas obedece en la mayoría de los casos a tareas misionales.
Sin beneficios
La sentencia mencionada afirma que un CPS no constituye relación laboral siempre y cuando “no se pacte subordinación porque el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada”, es decir, se rige por las disposiciones del Código Civil o Comercial y no por las del Código Sustantivo del Trabajo.
Lo que significa que no tiene derecho a “pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni a prestaciones sociales, seguridad social, emolumentos que corren por cuenta del contratista, ya que este debe cotizar” sobre el valor total de su salario ─eufemísticamente llamado honorarios─ un 6,4% a pensión, 5% a salud y entre 0,522% y 6,96% por ARL, todo como trabajador independiente.
Un funcionario público promedio gana 3,2 millones de pesos mensuales, según el Departamento Administrativo de la Función Pública; pero en palabras de una investigación de La Silla Vacía, “le cuesta al Estado, al menos, 52% más contando las prestaciones sociales básicas a las que tiene derecho cualquier empleado del país”. Esto sin contar los beneficios propios de sus respectivas convenciones colectivas.
Además de ello, un funcionario público recibe su salario los 12 meses del año, mientras que un CPS lo hace por 9 o 10 meses. Lo cierto es que esta figura contractual también se caracteriza por su corta duración, con lo que el Estado se ahorra durante unos meses, masa salarial.
Un contratista le sale entonces más barato al Estado que un empleado público formalizado, ya que “cada contratista de prestación de servicios paga seguridad social y tiene deducciones que suman el 22% de los honorarios. Si es contratado como empleado el Estado tendría que poner un 30% más”. La tasa de explotación es mayor para las trabajadoras/as vinculados por orden de prestación de servicios.
Subordinación real
Por eso, el proceso de formalización no ha avanzado rápidamente. Vincular directamente a quienes hoy se encuentra por CPS supondría un aumento vertiginoso en el presupuesto de las entidades públicas.
Sin embargo, el debate sobre las condiciones laborales de los CPS no se agota en el salario, pues las contratistas tampoco están cobijadas por las licencias de maternidad y paternidad, ni son sujetos de reconocimiento por acoso laboral o discriminación por razones de género, ya que, según la Ley 1010 de 2006, que busca “prevenir, corregir y sancionar” estas prácticas, es taxativa al mencionar que “no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación”.
Bajo la envoltura de un manejo libre del tiempo por “no cumplir horario”, de la posibilidad ─no en todas las ocasiones─ de no ir ─constantemente─ a la oficina y de poder suscribir varios contratos, se esconde la esencia de un fenómeno que supone subsunción real al capital: el contratista debe entregar informes detallados de sus acciones con evidencias.
El infierno de los contratistas inicia desde su mismo proceso de contratación, ya que debe presentar cuanto certificado se le ocurra solicitar a la entidad. Las entidades se inventan toda una telaraña de firmas e informes para dar el “paz y salvo” definitivo del contrato para el visto bueno para el pago final, que puede ser la tercera o cuarta semana del siguiente mes.
Una deuda del Gobierno
Nada tiene de extraño que, según un estudio de la Universidad del Rosario en 2022, el 56,7% de quienes se encuentra bajo CPS quieran ser asalariados, el 54% acepte esta figura contractual por temor al desempleo y solo el 45,8% se encuentre satisfecho, cifra baja si se compara con el indicador para asalariados que es del 81,7%.
Ahora bien, en el afán por materializar el programa del Gobierno del Cambio se ha dilatado el debate sobre las condiciones laborales de quienes posibilitan el avance de dichas políticas. El lánguido avance en varias iniciativas del Gobierno se debe, en parte, a que no se ha abordado de frente la problemática de los CPS.
Los contratistas tienen un papel muy importante en el actual momento político, y el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales. Hay que sentarse a una mesa de negociación colectiva. No se piden ríos de leche y miel, sino sentar un precedente, que, por un lado, impulsará la organización social y, por el otro, da un mensaje de coherencia política que motivará a miles de personas que creen en el cambio.
Una clase trabajadora animada y feliz tendrá mucha más energía para luchar en esta larga batalla por una Colombia en donde sí se pueda vivir sabroso.
