La vida cívica colombiana se ha construido sobre la base de mitos extraños, como que el Himno Nacional es el segundo más lindo del mundo, o como el de que contamos con una de las mejores Fuerzas Armadas del mundo.
Y es que todos los hechos que rodean la captura y extradición del líder paramilitar Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, parecen indicar que las Fuerzas Armadas efectivamente pueden ser buenas y efectivas para defender las fronteras nacionales. El problema relacionado con la lucha contra el narcotráfico es que el comandante de las Fuerzas Armadas, esto es, el Presidente, no está plenamente comprometido con este objetivo.
En una entrevista publicada el pasado domingo en El Tiempo, el ministro de Defensa Molano afirmó que el Clan del Golfo hacía máximos esfuerzos para coordinar la fuga de su comandante, dando a entender así, que la extradición era la única vía que les quedaba a las autoridades para mantener al prisionero bajo custodia.
No es necesario un análisis muy sesudo de las palabras de Molano para sacar conclusiones correctas: la extradición de Úsuga antes que una muestra de autoridad, queda identificada más bien como una expresión de debilidad institucional, porque el Presidente responde a las presiones de los miembros de su partido el Centro Democrático implicados en las declaraciones que Otoniel se comprometió a manifestar en la JEP y que empezó a expresar a los medios.
Por eso las Fuerzas Armadas aparecen como incapaces de combatir a las facciones que acaban de retar al Estado. Pero en realidad lo que sucede es que su Comandante, el Presidente no da las órdenes necesarias para hacerlo a tiempo. Por eso, aunque según el presidente Duque, la extradición de Otoniel marcaba el fin de su grupo paramilitar.
Al día siguiente de su intervención televisada, el “liquidado” Clan del Golfo se tomó 11 departamentos, impidiendo la circulación de personas y bienes, la apertura de pequeños y medianos comercios, cometiendo agresiones y asesinatos, y adelantando ataques contra la ciudadanía. Los paramilitares declararon que con su “paro armado” protestaban contra la extradición de su jefe.
Y mientras todo esto ocurría, el país veía atónito la inercia del Ejército y la Policía, en contraste con las imágenes aún frescas en la memoria colectiva de trato militar que se les dio a las movilizaciones del Paro Nacional de 2021. Contra el pueblo que salió a protestar por las duras condiciones impuestas por la crisis y la inoperancia estatal, el Gobierno no solo desplegó al Esmad, que estrenó tanquetas y el arma Venom, sino también a destacamentos militares equipados como si marcharan a un frente de batalla contra un enemigo externo.
Mientras que en 2021 los helicópteros de las Fuerzas Armadas ametrallaban barrios de varias poblaciones vallunas, en 2022 los pilotos de la Fuerza Aérea sacaban pecho en las fotos que los mostraban lanzado panfletos propagandísticos sobre los paramilitares para “disuadirlos” de su accionar armado contra la ciudadanía. Ni tanquetas camufladas ni camionetas blancas acudieron esta vez a romper los bloqueos. Tuvimos que esperar a que los paramilitares unilateralmente decidieran cesar su “paro”.
Pese a todo, lo cierto es que el llamado paro armado que adelanta el Clan del Golfo entre el 5 y el 8 de mayo pasados, tuvo unos resultados tan desastrosos para los pequeños empresarios, los propietarios de buses y camiones y los habitantes de aquellas regiones que padecieron las consecuencias del Paro, debido a la inactividad de las Fuerzas Armadas.
Esta perseguía dos objetivos. En primer lugar, con la pasividad ante el paro buscaban justificar la extradición de Otoniel por motivos de seguridad. Recordemos que la decisión presidencial de enviar al líder del Clan del Golfo a los estrados norteamericanos fue considerada por organizaciones de víctimas y amplios sectores de la sociedad como una forma de silenciar a Úsuga, quien, al cooperar con la JEP para aclarar crímenes de guerra, comenzó a señalar las relaciones entre paramilitares, narcotráfico, empresarios y políticos -muchos de ellos ligados al uribismo.
La extradición fue concebida como una medida para la lucha contra las drogas y entró en vigor hace 43 años, demostrando su poca utilidad para frenar el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, en 2008 vimos claramente su utilidad política para silenciar verdades incómodas.
En segundo lugar, la toma armada de los paramilitares tenía fines electorales. Es claro que el uribismo acudió a su vieja fórmula de sumir al país en la violencia para venderle a los votantes la idea de que el candidato Fico como Presidente es el más capaz de combatir los grupos armados ilegales.
Y a la vez fue una demostración de fuerza de los sectores más reaccionarios y guerreristas, que buscaron enviarle un mensaje intimidatorio a Gustavo Petro, a quien, por otro lado, en declaraciones delirantes, han querido señalar como el autor intelectual del llamado “paro” paramilitar.
Todas estas mentiras y verdades a medias y las amenazas a Gustavo Petro persiguen un objetivo imposible: impedir el triunfo del candidato del Pacto Histórico. Por la sencilla razón que el pueblo ya lo decidió: Petro Presidente para mutar el país cogobernado por Duque y el Clan del Golfo en una Colombia potencia mundial de la vida.
