Como respuesta a la extradición de Otoniel, el “Clan del Golfo” ejecutó un paro armado en 12 departamentos del país con crueles acciones contra la población civil como asesinatos, amenazas, hostigamientos, incineración de vehículos, entre otras. Las comunidades denuncian que la acción armada tuvo como objetivo intimidar al pueblo en época preelectoral
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
En pleno centro de Montería, la burguesía del Caribe colombiano se reencontró para celebrar el matrimonio de Camila Sotomayor (hija del ganadero y condenado usurpador de tierras Carlos Enrique Sotomayor) y Ricardo Pimienta, dos jóvenes representantes de la exclusiva élite cordobesa.
La ceremonia católica se realizó en la Catedral San Jerónimo y la recepción fue en el pomposo Club Campestre. Entre las personas invitadas estaban el exrepresentante Erasmo Zuleta, la representante electa Saray Robayo (heredera de Musa Besaile), Wadith Manzur (hijo del parapolítico Julio Manzur), el excandidato presidencial conservador David Barguil y su esposa María Victoria “La Toya” Ramírez, el representante electo por las circunscripciones de paz, Jorge Rodrigo “Yoyo” Tovar (hijo del paramilitar Jorge 40), entre otros pintorescos personajes del Establecimiento cordobés y caribeño. La mega fiesta que comenzó el sábado 7 de mayo y se extendió hasta la madrugada del domingo 8 de mayo, contó con la presentación musical del cantante Carlos Vives.
Todo lo anterior no sería más que una manifestación normal de los privilegios de la élite cordobesa que saldría publicado normalmente en revistas de farándula, si no fuera porque el ostentoso ágape se realizó en medio del violento paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo que afectó la normalidad de las poblaciones más humildes del Caribe y el Oriente colombiano.
El episodio resume y evidencia una vez más las abismales contradicciones que persisten en la sociedad colombiana.
La extradición de Otoniel y el paro armado
La pesadilla del paro armado comenzó el pasado 4 de mayo. Pese a una acción de tutela presentada por diversas organizaciones víctimas del conflicto, el Consejo de Estado reculó su decisión inicial y dio vía libre a la extradición del máximo jefe de las AGC, Dairo Antonio Úsuga, alías Otoniel. Al conocer la providencia judicial, el Gobierno nacional ejecutó de manera exprés el traslado del capo a una cárcel de los Estados Unidos.
Ya con Otoniel en una cárcel federal estadounidense, el Clan del Golfo anunció el 5 de mayo el inicio de un paro armado como respuesta a la extradición del capo. La amenaza determinaba que serían cuatro días de inactividad económica, política y social en los territorios donde el grupo paramilitar tiene presencia. Cualquier persona que incumpliera la orden, tendría que asumir las fatales consecuencias.
Las evidencias
Del 5 al 8 de mayo distintas comunidades de la Colombia olvidada tuvieron que refugiarse en sus hogares ante la materialización de lo anunciado por parte de las AGC. De igual forma, en tiempo real, se fueron conociendo distintos videos y fotografías que contrarrestaban la versión del Gobierno nacional, que de entrada minimizó el accionar paramilitar en el territorio.
Gracias a las redes sociales se fueron conociendo las evidencias. Poblaciones enteras confinadas, presencia armada por parte de las AGC en distintas carreteras y poblaciones, tiroteos intimidantes, incineración de vehículos y grafitis alusivos al grupo paramilitar. No obstante, dos videos encendieron las alarmas.
El primero es una brutal golpiza propinada por los paramilitares contra una persona que no acató las ordenes, hechos ocurridos aparentemente en alguna carretera de La Guajira. El segundo, es un video de una cámara de seguridad en San Jacinto, Bolívar, donde Ejército y Policía presuntamente transportaban en vehículos oficiales a paramilitares. Este hecho fue desmentido por la cúpula policial, en explicaciones que dejan más dudas que certezas.
Policía y El Clan del Golfo aliados en San Jacinto pic.twitter.com/qBsGE8j99k
— Juan Campuzano 🌽🥑🍊 (@juanfcam) May 9, 2022
Un crudo balance
Según el observatorio de derechos humanos y conflictividades de Indepaz, en los cuatro días que duró el llamado paro armado, se registraron 176 acciones de las AGC, 14 asesinatos, 80 incineraciones de vehículos, cinco patrullajes ilegales, dos amenazas a líderes sociales, cinco ataques a comerciantes, tres amenazas contra periodistas, 36 restricciones de movilidad y comercio, una retención y una tortura contra habitante.
En por lo menos 80 municipios del país aparecieron panfletos y grafitis de las AGC. Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander Santander y Sucre fueron los departamentos donde se presentaron acciones del grupo paramilitar.
#SOSParoArmadoAGC
Entre el 05 y el 08 de mayo de 2022, el observatorio de DDHH y conflictividades de Indepaz registró:176 acciones de las AGC
90 municipios afectados de 12 departamentos. pic.twitter.com/eHMARAZWO4— INDEPAZ (@Indepaz) May 11, 2022
El semanario VOZ conoció diversos testimonios de personas que habitan las regiones de Montes de María, La Mojana, la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Urabá antioqueño. Por obvias razones, los consultados pidieron reserva de su identidad para preservar la seguridad y vida de la población civil.
Todas las fuentes coinciden en dos cosas. La primera es que lo acontecido fue una verdadera toma paramilitar, que recordó los peores momentos del conflicto armado, y lo segundo es que quedó en evidencia la complicidad de la fuerza pública, que no protegió en ningún momento a la población civil. De hecho, denuncian que Ejército y Policía se dedicaron exclusivamente a salvaguardar las cadenas de supermercados, los bancos y los peajes.
Habla la gente
“Todo ha sido catastrófico, porque solo se enfocaron en atacar a los sectores populares. Quienes más han sufrido son las personas más humildes del territorio. La gente está con mucho miedo. Es la política del terror para que nosotros no participemos de la democracia”, dice con indignación una lideresa de Sincelejo.
Para la región de La Mojana, un líder dice cómo vivieron la situación: “Hay varios muertos que no hemos podido identificar. Lo que ha demostrado esta toma paramilitar es que esta zona es controlada por las AGC. Quedó en evidencia que la Fuerza Pública ha sido inepta o cómplice. Los campesinos hemos sido afectados con la intimidación. Nuestro movimiento social tiene miedo”.
En el departamento de Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta la fuente consultada nos dice que han identificado 17 acciones violentas atribuibles a las AGC con presencia en municipios como Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, El Banco, El Difícil, El Piñón, entre otros territorios donde ese esta verificando la información. “Esto confirma la re-paramilitarización del territorio”, comenta.
“Estamos convencidos que esta situación va más allá de la extradición de Otoniel. Esto tiene un tinte político. El paro es una manifestación para atemorizar a nuestra gente. Acá se ha visto que la Fuerza Pública, no quiere o tienen la orden de no atacar a los paramilitares. Se están repitiendo los hechos dolorosos que enlutaron a nuestro territorio hace muchos años”, dice un líder social de los Montes de María.
Días de zozobra
Por su parte, en la Serranía del Perijá, la comunidad está temerosa porque la presencia de las AGC es nueva: “En el corregimiento de Laguna de los Indios en La Paz, Cesar, un grupo armado de alrededor de 13 hombres hicieron presencia activa. Nos preocupa el crecimiento y la fuerza que están tomando estas estructuras paramilitares, que se suman a la presencia en los corregimientos del norte de Valledupar y en el municipio de Pueblo Bello”.
Finalmente, en el Urabá antioqueño, que es la cuna del Clan del Golfo, la comunidad denunció: “La toma paramilitar fue difícil, porque se combinó con una emergencia climática. Fueron cuatro días donde las personas tuvieron que permanecer en las casas.
“En la cabecera municipal de Apartadó no había servicio de gas. Gente que no se había preparado, sin mercado, porque acá la gente vive del diario. En Turbo hubo disparos, quemas de carros y motos, enfrentamientos, hostigamientos a balas, todo con el fin de infundir miedo. En San José de Apartadó vimos patrullajes y paradas militares. Lo peor es que el Gobierno no hizo nada. Por noticias nos enteramos que mientras todo esto pasaba, Duque estaba feliz en Costa Rica. Indignante”.
