Compra de tierras y reforma agraria

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Tanto el Acuerdo de Paz como el Programa de Gobierno del Pacto Histórico contemplaban la compra como una posibilidad para conformar el Fondo de Tierras

El latifundismo ganadero no ha dejado de ser un actor con mucha fuerza en el conflicto social y económico del país, con gran capacidad de desestabilización y de presión sobre la sociedad

Carlos Fernández 

Ya VOZ publicó un comentario favorable, suscrito por su columnista Coco (véase la edición 3146 del 12 de octubre), sobre el acuerdo entre el Gobierno y Fedegán denominado “Acuerdo para la materialización de la paz territorial”. Según este acuerdo, el Gobierno se compromete a comprar tres millones de hectáreas a ganaderos que las quieran vender voluntariamente y Fedegán, a propiciar la venta de esas tierras entre sus asociados y, en general, entre personas pertenecientes al sector ganadero.

Pero no han faltado las críticas, los reparos y la franca oposición al acuerdo, provenientes de distintos sectores políticos y académicos, incluidos sectores del Pacto Histórico. Tales críticas apuntan a temas diversos: el precio proyectado y, por ende, el gasto a efectuar; la no utilización de mecanismos menos costosos de adquisición, diferentes a la compra directa, como la extinción de dominio; el que la contraparte del Gobierno esté representada por el gremio cuyos asociados son el emblema principal del latifundio de ganadería extensiva y, además, sospechosos, muchos de ellos, de financiar el paramilitarismo y promover el despojo de los campesinos y su desplazamiento.

Algunas críticas muestran una mala lectura del acuerdo pues mencionan falencias que el mismo texto del documento contradice. Otras, en general, reflejan preocupaciones válidas. Es, particularmente, aguda la que hace el investigador Alejandro Reyes en dos artículos publicados en el diario El Espectador, en los que señala con vigor que la compra por parte del Estado es redundante porque el mecanismo de la extinción de dominio excluye pagar la renta del suelo reflejada en el precio.

Dicha renta no es sino un premio al uso de la tierra no como medio de producción sino como un bien de consumo que da poder y prestigio y que excluye a la población del territorio.

Del porqué de las compras 

Retrotraigamos un poco la discusión. El Acuerdo de Paz, mediante el cual el Gobierno se comprometió a crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita, establece que dicho Fondo dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación y una de sus fuentes de aprovisionamiento serán las “tierras adquiridas o expropiadas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente indemnización”. Las otras fuentes están resumidas en los procesos de extinción administrativa o judicial del dominio, según los casos, y en la donación.

Por su parte, el Programa del Pacto Histórico señaló que “en aquellas subregiones estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes o, en última instancia, venderlos al Estado para que éste, a su vez, los entregue a las comunidades rurales”. O sea que, tanto el Acuerdo de Paz como el Programa de Gobierno del Pacto contemplaban la compra como una posibilidad para conformar el Fondo de Tierras.

Tiene razón Reyes en que es mejor extinguir el dominio que comprar, tanto desde el punto de vista del costo como desde la perspectiva de que la compra implica una transferencia de rentas a propietarios improductivos cuya propiedad no genera beneficios sociales. Desde el punto de vista del tiempo de los trámites de extinción y de compra, es probable que sea similar en ambos procesos, sin perjuicio de que el nuevo gobierno meta el acelerador tanto en un sistema de adquisición de tierra como en el otro.

Pero lo mejor es enemigo de lo bueno: por el solo hecho del triunfo de Petro en las elecciones, el sector del latifundismo ganadero no ha dejado de ser un actor con mucha fuerza en el conflicto social y económico del país, con capacidad de desestabilización y de presión enorme sobre el conjunto de la sociedad, como lo ha demostrado siempre.

Un poco de realismo y de pragmatismo no sobra en asuntos tan delicados, mucho más si el propósito es ejecutar, ahora sí, la reforma agraria y los ganaderos han mostrado su disposición a negociar. ¿Qué buscan? Desde el punto de vista económico, apropiarse de la renta no proveniente de la actividad productiva y, desde el punto de vista gremial y de clase, resolver contradicciones internas que los pueden debilitar como sector de poder.

De los planteamientos de Reyes, se puede rescatar la propuesta de que, en la negociación, se exija al vendedor la presentación de su declaración de renta, para determinar si el predio en cuestión está incluido en ella y por qué valor. De no estar, implicaría evasión y eso podría servir para disminuir el costo para el Estado, sin perjuicio de las sanciones por evadir impuestos.

El precio, el costo y la financiación de las compras

El cálculo de un precio de 20 millones de pesos por hectárea, en promedio, que implicaría un gasto de 60 billones de pesos por parte de la Nación, de cumplirse la meta de tres millones de hectáreas, no deja de sorprender por su enorme cuantía, aunque se debe afinar pues se basa en estimaciones un tanto de servilleta. Claro que es necesario diferirlo a tres años y medio, hasta el fin del actual período presidencial, lo que significa 17 billones de pesos anuales, aunque, posiblemente porque ya existen 1,5 millones de hectáreas en proceso de extinción o de recuperación, la ministra de Agricultura señaló que no se iban a necesitar sino 1,5 millones de hectáreas, lo que llevaría el gasto a la mitad de lo calculado.

El acuerdo con Fedegán estipula que el Gobierno pagará las compras con títulos de deuda pública (TES) pero mantiene la libertad de buscar otros mecanismos de financiación menos onerosos, mucho más si se tiene en cuenta el nivel de endeudamiento alcanzado por el país en el último período. Ya la ministra anunció la utilización para estos efectos de la parte no reembolsable de un préstamo del Banco Mundial. Aquí habrá que desplegar una gran imaginación para que el costo para la Nación sea menos elevado.

Ordenamiento territorial y medio ambiente

Por tratarse de un programa que aspira a ser el pilar de una reforma agraria escamoteada al campesinado desde siempre, su ejecución no puede limitarse a la simple compra de tierras y su distribución. Tal como lo contempla el acuerdo con Fedegán, la distribución debe estar acompañada de todo un proceso de apoyo al campesino en términos de asesoría técnica, de comercialización y financiera.

Pero esto tampoco basta. Se impone adelantar un proceso de ordenamiento del territorio donde estén localizados los predios objeto de este acuerdo, lo que implica no sólo inversión en vías terciarias e infraestructura de comercialización, sino, también, una apropiación por parte de la organización campesina del proceso mismo, desde el momento de la negociación gobierno-propietario, hasta su participación en las decisiones que afecten el funcionamiento de la economía y la institucionalidad territorial.

Un aspecto que se debe destacar del acuerdo Gobierno-Fedegán es el compromiso de que, como parte de la asistencia técnica que se brinde, se busque desarrollar sistemas de producción amigables con el medio ambiente, entre ellos los Sistemas Silvopastoriles Intensivos -SSPI- con el fin de contribuir a atenuar la emisión de gases de efecto invernadero que constituyen la fuente primordial del calentamiento global y el cambio climático. Estos sistemas deberían complementarse, en los predios dedicados a la ganadería, con la utilización de parte de los mismos para la producción de productos de pan coger y, eventualmente, productos agrícolas comercializables en los mercados locales.

Este tipo de sistemas productivos facilitaría, además, iniciar un proceso de liberación de tierras fértiles aptas para la agricultura pero que son utilizadas hoy en día para ganadería extensiva, de manera tal que se aproveche mejor la vocación de las tierras para efectos de desarrollar la producción de alimentos y la de productos aptos para el fomento de la agroindustria.

Se calcula que, de hacerse esto, se podrían dedicar a la agricultura asociativa y campesina o a la ganadería bajo el sistema SSPI entre 12 y 15 millones de hectáreas de las 35 millones que hoy se dedican a potreros improductivos (menos de una res por hectárea, toda vez que el hato ganadero se calcula en 30 millones de cabezas de ganado). Se trata de sacar al campo del atraso y al campesino de su pobreza. El acuerdo tiene que valer la pena.