La toma campesina de Bogotá defiende la implementación del Acuerdo de paz y las transformaciones del campo
René Ayala B
@reneayalab
La Agenda nacional campesina es un proceso de convergencia impulsado por más de sesenta organizaciones agrarias. Surgió en el 2022, después de que estas iniciativas, que reflejaban la diversidad rural, campesina, indígena y afrodescendiente, radicaran una carta pública donde planteaban una nueva agenda política y social que el nuevo gobierno debía impulsar para avanzar en la implementación del Acuerdo de paz, así como los acuerdos surgidos de las movilizaciones rurales, como el mandato agrario de 2003, el paro agrario del 2013, la Minga del suroccidente del 2019, la posterior Minga nacional del 2020 y el estallido social del 2021.
Este documento revitalizaba las expresiones del movimiento campesino, protagónicas en la última etapa de movilizaciones sociales y populares que, sin duda, potenciaron el Acuerdo final de paz. El acuerdo es una conquista de la lucha de sectores de la periferia y, especialmente, del mundo campesino, que puso al centro y visibilizó el problema nodal del conflicto: el acceso a la tierra y sus formas de propiedad, basadas en la exclusión de vastos sectores rurales en favor de la concentración de la tierra. Además, esta declaración anunciaba que el movimiento campesino estaría atento a la implementación del Acuerdo de paz firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC-EP. El acuerdo es considerado una especie de programa mínimo de las luchas históricas de la ruralidad, y el apoyo de estas expresiones al ascenso del proyecto progresista, estaba condicionado a transformaciones reales en el campo.
Exigencias campesinas
Esta convergencia de expresiones de la ruralidad integra la Asociación de zonas de reserva campesina, federaciones y sindicatos agrarios como FENSUAGRO, la ANUC, PUPSOC, el Comité de integración del Pacífico colombiano e importantes organizaciones de comunidades afro y Consejos comunitarios, asociaciones campesinas de pequeños agricultores y pescadores de toda la geografía nacional. Los objetivos centrales de esta convergencia planteaban propuestas fundamentales para concretar una política pública coherente en clave de lograr la anhelada y esquiva reforma agraria.
Entre estos objetivos, se exigía un plan de acción inmediata del gobierno, un escenario nacional para recoger las propuestas campesinas, definir como eje la seguridad alimentaria y reconocer al campesinado como sujeto especial de derechos. Si bien en la concreción de estas exigencias se realizó con anuencia del Gobierno nacional, la convención nacional campesina adoptó la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
El Congreso de la República reformó el artículo 64 de la Constitución nacional reconociendo al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, avance inédito en la historia política y trascendental para la ruralidad. Las organizaciones campesinas y agrarias seguían viendo con preocupación los pocos avances en un tema central de la implementación: la reforma rural integral. Esta preocupación se debe al retraso en consolidar el fondo de tierras, las limitaciones en la restitución y compra de tierras, y los obstáculos en una política sólida de fomento y productividad.
Aunque el Gobierno ha reconocido estas dificultades que, sin duda, son impactos provocados por la omisión del Gobierno anterior que se dedicó a entorpecer la implementación del Acuerdo de paz y la reforma agraria, la paquidérmica y casi inexistente institucionalidad frente a la ruralidad, desmanteladas por los gobiernos neoliberales. El movimiento campesino insiste en dinamizar la acción gubernamental en el campo y anunció movilizaciones en el país en esa dirección.
Profundizar la reforma agraria
El campesinado ha dejado claro en sus declaraciones que las movilizaciones tienen como propósito apoyar la reforma agraria y que, a pesar de las declaraciones y voluntad reconocidas en el Gobierno nacional, considera que las acciones de transformación del campo colombiano y la urgencia de atender las necesidades de las comunidades rurales siguen siendo “tareas pendientes y urgentes”.
Fue convocada la movilización campesina nacional a inicios de esta semana, que en Bogotá se expresó con la toma pacífica de las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Rural. A pesar de que se realizó durante el fin de semana, una serie de espacios de intercambio con delegados del Ministerio del Interior y las organizaciones de la agenda campesina en la casa campesina de la ANUC, la convocatoria de movilización se mantuvo en pie. La Asociación campesina de Inzá Tierradentro expresó: “No basta solo la voluntad política para hacer la reforma rural integral. Seguimos entrampados en perversos procedimientos y talanqueras burocráticas de funcionarios medios que no lo permiten. Nos quedan las calles para exigirla”.
Los campesinos elevaron sus voces en la fría capital, precisando demandas concretas, como exigirle a la Corte Suprema y Constitucional, así como a la Comisión Primera del Congreso, respaldar la reforma rural y la reglamentación de la Jurisdicción Especial Agraria, y al Gobierno acelerar la reforma rural, que como planteó un líder campesino, “avanza en cámara lenta”. Instalaron carpas y armaron sus fogones, con la expectativa de ser escuchados: “Queremos cumplir el sueño de tener una parcela, sin campo no hay ciudad”, dijo Janeth Trujillo, campesina de Risaralda.
Frente a la exigencia, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, fue categórico en recordar que este gobierno ha hecho la compra de tierras más importante de la última etapa. Reconoció autocríticamente que ha habido tropiezos generados por las dificultades que establece la arquitectura de la institucionalidad heredada. “Es una lucha contra el viejo modelo, ha sido un esfuerzo titánico que nos ha llevado más de un año, ahora tenemos las herramientas para avanzar”, afirmó Higuera.
Esta movilización no es contra el Gobierno, sino la expresión del campesinado condenado secularmente a la segregación y exclusión. La nueva ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, conoce a fondo esta problemática, ella tiene el carácter, la sensibilidad y la decisión política, probada en su quehacer como lideresa social, para profundizar y avanzar en la reforma rural integral. El campesinado espera alcanzar compromisos reales, no con los engaños y la violencia que gobiernos enemigos de sus sueños pretendieron apagar. La llama campesina sigue viva.
