VOZ publica un resumen de algunos aspectos del Índice Global de los Derechos 2022, elaborado por la Confederación Sindical Internacional, CSI, y denominado “Los peores países para los trabajadores y las trabajadoras”
Juan Carlos Hurtado Fonseca
“Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2022 son los siguientes: Bangladesh, Belarús, Brasil, Colombia, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar y Turquía”.
Así lo dice la novena edición del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional, CSI, que clasifica 148 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores, publicado el 28 de junio
La investigación pone en evidencia ataques al derecho a la huelga y al derecho a establecer y afiliarse a un sindicato, así como al registro de sindicatos, detenciones y arrestos arbitrarios y restricciones al acceso a la justicia. Muestra cuáles son los peores países del mundo para trabajar, clasificándolos en una escala de 1 al 5+ según el grado de respeto por los derechos de los trabajadores.
En ese contexto, el informe de la CSI dice que en el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga. En Belarús, Egipto, Filipinas e India las huelgas desembocaron en la persecución de dirigentes sindicales. En Sudán y Myanmar, las huelgas para oponerse al Gobierno militar fueron brutalmente reprimidas.
Asimismo, que en el 79% de los países se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva. En todas las regiones esta se está deteriorando, tanto en el sector público como en el privado. El control extremo que ejerce el Gobierno pudo constatarse en Túnez, donde es imposible negociar con los sindicatos sin previa autorización del jefe del Gobierno.
Además, en 74% de los países se excluye a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato. Los trabajadores migrantes, los trabajadores del sector público y los trabajadores de las zonas francas industriales se vieron bloqueados y excluidos de la protección laboral.
Represión
El informe destaca que se han asesinado a sindicalistas en 13 países: Bangladesh, Colombia, Ecuador, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Haití, India, Iraq, Italia, Lesotho, Myanmar y Sudáfrica. Y, que la libertad de expresión y de reunión se ha visto denegada o limitada en un 41% de los países, con casos extremos notificados en Hong Kong y Myanmar.
El número de países donde las autoridades impidieron el registro de sindicatos ha aumentado, pasando del 59% de los países en 2014 al 74% en 2022, con represión estatal de la actividad sindical independiente en Afganistán, Belarús, Egipto, Hong Kong, Jordania, Myanmar y Sudán.
Los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o tienen un acceso restringido, en un 66% de los países, con casos graves registrados en Belarús, Guatemala y Kazajistán. En África se registró el mayor aumento regional de restricciones al acceso a la justicia, pasando del 76% de los países en 2021 a 95% en 2022.
Se registraron arrestos y detenciones arbitrarias de trabajadores en 69 países. Líderes sindicales de Camboya, Hong Kong y Myanmar figuran entre los casos más destacados de arresto y detención continuada en 2022.
Para recuperar la confianza perdida por culpa de gobiernos represivos y empresas abusivas hará falta un Nuevo Contrato Social con empleos, derechos, protección social, salarios justos, igualdad e inclusión, anota el informe de la CSI.
Los sindicatos están presentes allí donde se cuestiona el poder de los monopolios o las violaciones de los derechos humanos y laborales. Sin sindicatos no se podrá llevar a cabo una transición justa de cara al cambio climático y a los cambios tecnológicos. Y allí donde se lucha por la paz y la democracia, los hombres y las mujeres sindicalistas conseguirán que se les escuche en defensa de los derechos y la representación.
El informe acota que gobiernos y empleadores tienen que afrontar la realidad y reconocer la situación del mercado laboral, donde el 60% de las personas trabajan en el sector de la economía informal sin derechos, sin Estado de derecho y con escasa o sin ninguna protección social.
En el segmento del 40% de las personas que tienen algún tipo de contrato laboral, más de una tercera parte tiene un empleo precario o inseguro, en particular las que se encuentran sometidas a una explotación deshumanizadora en muchas de nuestras cadenas de suministro globales, de las que dependen los enormes beneficios corporativos.
Américas
La CSI agrega que el contrato social se ha roto. Pero juntos podemos redactar uno nuevo. La gente percibe que los Gobiernos han abandonado el deseo de protegernos a todos y han traicionado nuestra confianza. Las empresas no están obligadas a rendir cuentas y, en muchos casos, han perdido el sentido de la moral. Nuestro modelo económico ha promovido una carrera hacia el fondo, sin tener en cuenta los derechos humanos y las normas medioambientales.
Según el informe, la situación para los trabajadores y las trabajadoras empeoró en 2022 en las Américas, cuya clasificación pasa de 3,48 a 3,52, lo que sitúa al continente entre violaciones regulares y violaciones sistemáticas de los derechos. En muchos países, incluyendo Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras sindicalistas y trabajadores fueron víctimas de ataques violentos.
Entre los datos de mayor importancia en los países del continente americano está que el 76% de los países ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva; el 77% denegó acceso a la justicia a las y los trabajadores; en 13 países se arrestó y detuvo a trabajadores; en 24% de los países se ha restringido la libertad de expresión y reunión; en el 92% de los países han 76% vulnerado el derecho de huelga; en el 76% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato; en el 88% de los países se impidió́ el registro de sindicatos; en nueve países se produjeron ataques violentos contra trabajadores; y se ha asesinado a trabajadores en Colombia, Ecuador, Guatemala y Haití.
El caso Colombia
El informe destaca que Colombia sigue siendo el país más mortífero para trabajadores y sindicalistas, porque se registraron 13 asesinatos entre 2021 y 2022. Hubo además otros seis intentos de asesinato y 99 amenazas de muerte. Ocho sindicalistas fueron detenidos de forma arbitraria. La mayor parte de los crímenes siguen sin resolver, ya que el Gobierno no ha llegado a investigar los casos.
Al no otorgarles la protección adecuada, las vidas de los sindicalistas y sus familias continúan amenazadas. Asimismo, las actividades de los sindicatos se vieron obstaculizadas dado que los empleadores vulneran regularmente el derecho a formar sindicatos y eliminan a los representantes de los trabajadores mediante despidos o no renovando sus contratos.
La CSI ejemplifica con el caso de dos sindicalistas asesinados: La mañana del 26 de noviembre de 2021, Clemito Rengifo Salazar, trabajador de base del Sindicato de Maestros de Nariño (SIMANA), se encontraba cumpliendo sus funciones como docente en la Institución Educativa San Francisco de Asís Madrigal, en Policarpa (departamento de Nariño), cuando unos desconocidos lo secuestraron en el colegio, en presencia de sus estudiantes. Por la tarde fue hallado su cuerpo sin vida.
De la misma manera, el 14 de mayo de 2021, Felipe Andrés Pérez Pérez, líder sindical de Sinaltrainal Seccional Envigado, fue asesinado en Medellín cuando regresaba de una protesta celebrada en el marco de una huelga nacional.
En el tema de las amenazas de muerte contra sindicalistas, expone el siguiente caso: En febrero de 2022, mientras los trabajadores de Quironsalud, filial de la multinacional alemana Fresenius en Colombia, se organizaban en un sindicato y solicitaban entablar negociaciones colectivas, Julián Parra y Claudia López, dos de sus dirigentes electos, recibieron amenazas de muerte. Claudia denunció los detalles de las amenazas a la policía local, mientras que Julián se vio obligado a huir del país. Los llamamientos internacionales para que Fresenius denunciara públicamente estas amenazas no fueron atendidos.
Negociación y protección
Entre los derechos más vulnerados en todo el mundo, el informe destaca nueve: la creciente criminalización del derecho a la huelga, la erosión de la negociación colectiva, la exclusión de la protección social, las restricciones en el acceso a la justicia, la anulación del registro de sindicatos, los ataques a la libertad de expresión y reunión, arrestos arbitrarios, los ataques violentos contra los trabajadores y los asesinatos.
Acerca del primero, dice que en 2022, las huelgas fueron severamente restringidas o incluso prohibidas en 129 de los 148 países. En buen número de estos países, las acciones colectivas fueron brutalmente reprimidas por las autoridades, y los trabajadores muchas veces se enfrentan a procesos penales y despidos sumarios por el simple hecho de ejercer su derecho de huelga. El porcentaje de países que violaron el derecho de huelga aumentó de un 63% de los países en 2014 a 87% de los países en 2022.
Sobre la erosión de la negociación colectiva, expresa que en 2022 se registraron graves restricciones a la negociación colectiva en 117 países. La ausencia de buena fe en las negociaciones por parte de los empleadores ilustra la ruptura del contrato social. Se han registrado restricciones en todas las regiones, tanto en el sector público como en el privado, lo que refleja un intento concertado por parte de los empleadores, a veces de la mano de los Gobiernos, de restringir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Los países donde se vulnera el derecho a la negociación colectiva aumentaron, pasando del 63% en 2014 al 79% de los países en 2022.
En el tema de la exclusión de la protección social, acota que con base a las normas internacionales del trabajo, todos los trabajadores, sin distinción, tienen derecho a la libertad sindical. En 2022, 115 de 148 países excluyen a determinadas categorías de trabajadores de este derecho, a menudo en función de su estatus de empleo. Los países que excluyen a los trabajadores de la protección laboral aumentaron del 58% de los países en 2014 al 77% de los países en 2022.
Trabajadores sin justicia
El informe también cuenta que el acceso a la justicia y las garantías procesales son principios básicos del Estado de derecho. En su ausencia, las personas no podrán hacer oír su voz ni aseverar sus derechos. En 97 de los 148 países, los trabajadores no tienen acceso a la justicia o lo tienen limitado, y las garantías procesales y la justicia les son denegados. Líderes sindicales han sido a menudo detenidos y juzgados en base a acusaciones falsas, y sus juicios muchas veces se desarrollaron pasando por alto sus garantías procesales y careciendo de imparcialidad.
El número de países que niegan el acceso a la justicia a trabajadores y trabajadoras disminuyó, pasando del 52% de los países en 2015 al 66% en 2022.
De la misma manera, en el asunto de la anulación de los registros a los sindicatos, se manifiesta que entre abril de 2021 y marzo de 2022, las autoridades impidieron el registro, lo retiraron, o disolvieron arbitrariamente sindicatos en 110 de los 148 países. El número de países que impidieron el registro de sindicatos ha aumentado, pasando del 59% en 2014 al 74% en 2022.
Por otra parte, el alcance de las restricciones a la libertad de expresión y reunión se ha ampliado a todos los aspectos de la vida, desde las reuniones públicas hasta las publicaciones 41% digitales. El retroceso en el ámbito de los derechos desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán ha silenciado a toda una generación, mientras que, en Túnez, las concentraciones en oposición a la dictadura y en conmemoración del décimo aniversario de la Primavera Árabe fueron recibidas con violencia y detenciones. El auge del autoritarismo y los golpes de Estado militares han restringido la libertad de expresión y de reunión en Belarús, Burkina Faso, Myanmar y Sudán.
Los países donde se restringe la libertad de expresión y de reunión han aumentado, pasando del 26% en 2014 al 41% en 2022.
Detenciones y asesinatos
En cuanto a detenciones, se arrestó y detuvo a trabajadores/as en 69 de los 148 países en 2022. Buen número de Gobiernos han intensificado las presiones contra los trabajadores que reclaman sus derechos y los sindicatos que los apoyan, apuntando sus ataques específicamente hacia destacados líderes sindicales. Se ha encarcelado a líderes sindicales en Argelia, Camboya, Chile, Colombia, Corea del Sur, Egipto, Hong Kong, Irán, Kirguistán, Myanmar, República del Congo y Sri Lanka para tratar de debilitar el poder institucional de los sindicatos.
Se arrestó y detuvo a trabajadores en 69 de los 148 países en 2022. Buen número de Gobiernos han intensificado las presiones contra los trabajadores que reclaman sus derechos y los sindicatos que los apoyan, apuntando sus ataques específicamente hacia destacados líderes sindicales. Se ha encarcelado a líderes sindicales en Argelia, Camboya, Chile, Colombia, Corea del Sur, Egipto, Hong Kong, Irán, Kirguistán, Myanmar, República del Congo y Sri Lanka para tratar de debilitar el poder institucional de los sindicatos.
El número de países donde se ha arrestado y detenido a trabajadores y trabajadoras aumentó, pasando del 25% en 2014 al 47% en 2022.
En 2022, hubo trabajadores que se vieron expuestos a ataques violentos en 50 países, casi una tercera parte de todos los países incluidos en el Índice de los Derechos. En muchos países, las huelgas y protestas sociales fueron reprimidas por las fuerzas armadas y la policía haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. La violencia endémica en las Américas siguió afectando a los trabajadores y a sus representantes, y, en África, los líderes sindicales fueron víctimas de agresiones físicas y amenazas selectivas.
Los países donde los trabajadores y trabajadoras se exponen a sufrir ataques violentos aumentaron, pasando del 29% en 2014 al 34% en 2022.
Se está asesinando a sindicalistas por el hecho de representar a los trabajadores y sus derechos colectivos. A menudo no hay justicia para los trabajadores y sus familias, puesto que el Gobierno y los empleadores actúan con impunidad. En 2022, se ha asesinado a sindicalistas en 13 países: Bangladesh, Colombia, Ecuador, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Haití, Iraq, India, Italia, Lesotho, Myanmar y Sudáfrica.
