En las últimas tres décadas se han adelantado varios procesos de paz con los grupos insurgentes, los cuales han tenido que enfrentar la oposición y el saboteo de poderosos sectores
Camilo Rueda Navarro
En 1982 el gobierno de Belisario Betancur expide la Ley de Amnistía y crea una Comisión de Paz que empieza acercamientos con los grupos guerrilleros. Los diálogos son emprendidos, de una parte, con las FARC, y de otra, con el M-19 y el EPL, organizaciones que estaban gestando un proceso de acción conjunta.
A lo largo de 1983 se produce un intercambio epistolar entre el gobierno y el Secretariado de las FARC en el que surge la fórmula de “cese al fuego, tregua y apertura democrática” como camino hacia la paz.
Los Acuerdos de La Uribe
El 28 de marzo de 1984, la Comisión de Paz y las FARC firman los Acuerdos de La Uribe, un pacto que estipula una tregua bilateral y la implementación de algunas reformas que generaran una apertura política en el país.
Como producto de los acuerdos surge la Unión Patriótica (UP), que nace públicamente en 1985 con una plataforma de 20 puntos, referidos al “libre ejercicio de la oposición”, la “participación popular en las gestiones del Estado” y reformas contra “el régimen de democracia restringida”, entre otras reivindicaciones sociales y políticas.
Por su parte, el M-19 y el EPL adelantan un proceso de negociación alterno con el gobierno, gracias a la mediación de Gabriel García Márquez. El 24 de agosto firman el “acuerdo de cese al fuego, tregua y diálogo nacional”, suscrito simultáneamente en El Hobo (Huila), Corinto (Cauca) y Medellín (Antioquia).
El M-19 crea un comando de diálogo nacional, cuyos miembros actuarán públicamente y en la civilidad, en tareas del proceso de paz. Por su parte, su fuerza militar se concentrará en el campamento de Yarumales (zona rural de Corinto), donde sufrirá un cerco del ejército, lo que produce varios enfrentamientos militares.
Además, un grupo de negociadores sufre un atentado con una granada en una cafetería en Cali, ataque que deja gravemente herido a Antonio Navarro. Luego de estos ataques, en junio de 1985, el M-19 declara rota la tregua y reactiva su actividad militar, sin que se hubieran concretado avances en los diálogos de paz.
La guerra sucia
En 1986, la UP se convierte en la tercera fuerza política nacional, al lograr una significativa votación para la Presidencia de la República y al ganar varias curules en el Congreso y representación en las corporaciones regionales.
El crecimiento de la UP desencadena planes de persecución sistemática contra su militancia, incluyendo el asesinato de su presidente, Jaime Pardo Leal. Además vendrían, entre 1986 y 1990, una serie de asesinatos contra más de tres mil de sus miembros.
Otros movimientos de izquierda y organizaciones sociales sufrirían también la persecución mediante la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de sus militantes, denunciados por las autoridades como obra de “escuadrones de la muerte” o grupos paramilitares, con la participación de agentes de organismos del Estado.
La desmovilización del M-19 y la Constitución de 1991
Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), al agudizarse la guerra sucia, las FARC rompen su relación con la UP y reemprenden su actividad militar, lo que pone fin a la tregua.
Sin embargo, el M-19 va a iniciar un proceso de paz que culminará con la entrega de armas y su conversión en fuerza política.
Su comandante, Carlos Pizarro, pasa a ser candidato presidencial, pero es asesinado en abril de 1990, mes y medio después de la entrega de armas. En esa campaña presidencial también son asesinados Bernardo Jaramillo, aspirante de la UP, y el liberal Luis Carlos Galán.
Navarro ocupa el lugar de Pizarro y obtiene la tercera votación. Y junto con otros sectores, se crea la Alianza Democrática M-19, que obtendrá 19 curules en la Asamblea Nacional Constituyente que redactará la nueva carta política.
Otros grupos más pequeños también se desmovilizan, como el PRT, el Quintín Lame, un sector del ELN que se denominará Corriente de Renovación Socialista y un importante sector del EPL.
De Caracas a Tlaxcala
Pese a que en un principio bombardeó la sede del Secretariado de las FARC, el gobierno de César Gaviria adelanta diálogos con las demás fuerzas insurgentes, que se habían integrado en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).
En Caracas (Venezuela) se adelantan dos rondas con la CGSB, entre junio y septiembre de 1991. Pero el diálogo es interrumpido luego de un atentado contra un político liberal. La negociación se retoma en marzo de 1992 en Tlaxcala (México), donde las partes aprueban la agenda temática para las conversaciones.
El diálogo se interrumpe por la muerte de Argelino Durán a manos del EPL. La negociación se congela y a la cita para reanudarlo, el 31 de octubre de 1992, el gobierno no llega y a cambio declara la “guerra integral” contra la subversión.
Del Caguán a La Habana
Entre 1999 y 2002 se adelantarán los diálogos conocidos como el proceso del Caguán. El presidente Andrés Pastrana había ganado las elecciones de 1998 con su fórmula de paz.
El mandatario conservador cede a la exigencia de las FARC de desmilitarizar un área del país para adelantar los diálogos, y establece la zona de distensión, en el territorio de cinco municipios de Meta y Caquetá.
El proceso se va a caracterizar por cursarse en medio de la guerra, por lo que en el resto del territorio nacional continuará la confrontación. Además, vivirá el saboteo de los grupos paramilitares de las AUC, que emprenderán masacres de civiles en varias regiones del país.
En enero de 1999 se instalan los diálogos con un acto público en San Vicente del Caguán. Luego, las partes acuerdan la “agenda común para el cambio hacia una nueva Colombia”, documento de diez puntos que guiará la negociación.
En la mesa, las FARC plantearán la necesidad de realizar un canje de prisioneros de guerra, que produjera la libertad los guerrilleros presos en las cárceles del país a cambio de los soldados y policías en manos de la guerrilla.
El gobierno rechaza la solicitud y sólo accede a realizar un intercambio humanitario que beneficia a doce guerrilleros enfermos. Unilateralmente, las FARC liberan a decenas de uniformados rasos. En contraprestación, empiezan a capturar políticos para presionar el canje.
El proceso del Caguán tuvo algunos aspectos sobresalientes, como las audiencias públicas, eventos en los que participaron sectores de la sociedad civil donde se recogieron sus propuestas y opiniones frente a los temas de la agenda.
También se contó con una significativa participación internacional, materializada en un grupo de “países amigos” del que se conformó una comisión facilitadora. Igualmente se creó un grupo de personalidades, denominado la “comisión de notables”, que acompañaron la negociación.
Mientras se dialogaba, Pastrana adoptó con el gobierno estadounidense el “Plan Colombia”, un programa de asistencia militar que incrementó el pie de fuerza estatal y reforzó su armamento.
Por su parte, las FARC continuaron con sus operativos en el resto del territorio nacional. Uno de ellos, el secuestro de un avión donde se trasladaba uno de los “canjeables”, incrementó las críticas contra el proceso. La respuesta de Pastrana fue la ruptura de los diálogos.
Tras diez años de escalamiento del conflicto y violaciones a los derechos humanos, las FARC y el Estado colombiano vuelven a sentarse a la mesa. El gobierno de Juan Manuel Santos abrió en octubre del 2012 un nuevo proceso con las FARC, con sede principal en La Habana, Cuba. Un proceso que hoy es la esperanza de un nuevo país en paz donde la oposición política se pueda ejercer civilizadamente.
