Magnolia Agudelo Velásquez
El movimiento sindical colombiano ha sido históricamente víctima de la violencia patronal en connivencia con el Estado y las élites tradicionales, para quienes el reclamo de derechos, soberanía y democracia ha sido catalogado de subversiva. El imaginario anticomunista y del enemigo interno, impuesto por los Estados Unidos, justificó el dispositivo permanente de represión de las movilizaciones estudiantiles, obreras y campesinas.
En la historia de la violencia antisindical rememoramos la primera huelga de las obreras textileras en 1920, liderada por Betsabé Espinal; las de las telefonistas en Bogotá; la de los trabajadores de la United Fruit Company en Ciénaga, Magdalena, en 1928, reprimida brutalmente por el ejército al servicio de la multinacional, con saldo de miles de trabajadores asesinados. huelga que fue legendaria, por lo histórica y no por lo fantasiosa –Masacre de las Bananeras–.
Igual en 1963 la masacre de los huelguistas de Cementos el Cairo en Santa Barbara, Antioquia, y las detenciones, torturas y desapariciones de participantes de la huelga de la USO en Barrancabermeja. El sempiterno señalamiento por las autoridades de infiltración de la insurgencia en todos los paros, la suspensión de personerías jurídicas de sindicatos y los consejos verbales de guerra, que son parte del dispositivo represivo.
Todas las formas de represión instrumentalizaron la imposición en los años noventa del modelo neoliberal, al igual que en Chile y Argentina, lo que incidió en una tasa de sindicalización que no alcanza al 4% de la población trabajadora, una de las más bajas del continente.
Según la Comisión de la Verdad, en su informe Verdades inaplazables: violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano, se calculan 15.481 los hechos en contra del movimiento sindical en Colombia, 3.295 homicidios, 7.650 amenazas y 251 desapariciones. Durante el 2022 ha habido 287 casos de violencia, de los cuales 21 fueron homicidios.
En la última década el movimiento sindical, dirigido por las Centrales Obreras y Fecode, ha puesto como un eje de sus reivindicaciones la restitución de derechos de los y las sindicalistas.
Ello condujo a la expedición del Decreto 624 de 2016, por el cual se creó la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales CUT, CGT, CTC y Fecode para la reparación colectiva del movimiento sindical. En el marco del Acuerdo de Paz, para el Gobierno del cambio democrático la reparación colectiva al movimiento sindical es fundamental; uno de sus principales retos.
El 4 de noviembre de 2022, con el liderazgo del movimiento sindical, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, y la Defensoría del Pueblo, se logró reactivar la Mesa de Reparación y acordar un cronograma. La Unidad para las Víctimas emitió la Resolución 2023-31247 de 2023 que resuelve “incluir en el Registro único de Víctimas al grupo Movimiento Sindical Colombiano y reconocer la existencia de daños colectivos”.
El mayor desafío que tenemos como Estado y sociedad es dignificar a las víctimas, garantizarles justicia, reparación y no repetición. Fortalecer el movimiento sindical pasa por su reconocimiento como actor en la construcción de nación.
El desmonte del paramilitarismo y la formación de una fuerza pública democrática que supere la doctrina del enemigo interno, es lo que quiere y sueña el pueblo colombiano. Por primera vez en su historia hay esperanza, y esta vez quien lleva la lumbre es el que había sido su victimario, el Estado.
