En su afán por atacar no solo a la senadora electa sino al Pacto Histórico, la magistrada militar de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez, desempolvó el añejo y desvirtuado proceso de la Farcpolítica, que ya cumple 14 años sin pruebas ni testigos
Poder Ciudadano
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia y Mayor del Ejército Nacional, Cristina Lombana Velásquez, reactivó el añejado y caduco caso contra la senadora electa Piedad Córdoba por los ilegales computadores supuestamente incautados en la operación militar contra Raúl Reyes y lo ha transformado en una investigación que hace palidecer, no digamos a El Proceso de Kafka, sino al juicio de Alicia en el País de las Maravillas.
Tras 14 años de investigación preliminar y sin proceso abierto formalmente, sobre este montaje han desfilado testigos tan variados, que van desde el último comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, hasta el expresidente Álvaro Uribe, pasando por prestamistas de gota a gota, agentes de la DEA, exjefes de Estado, parlamentarios, reconocidos adversarios políticos de la senadora Córdoba y hasta candidatos en campaña.
No obstante, la magistrada militar sigue buscando la supuesta “prueba reina” que le permita siquiera imputar a la senadora electa por el Pacto Histórico. Mientras tanto continúa utilizando para ello los recursos del erario, yendo de Miami a Madrid y de La Guajira a New York sin encontrar nada que permita demostrar la responsabilidad de Piedad.
La añeja “Farc-Política”
Lombana convirtió ridículas condenas políticas por opinar en un foro en México en 2007 –escándalo montado por un seguimiento ilegal hecho por el DAS y que terminó en una condena al Estado colombiano–, en una investigación sobre el pasado, presente y futuro de la ciudadana Piedad Córdoba y su núcleo familiar, traspasando vulgarmente sus competencias judiciales que corresponden específicamente a las labores parlamentarias de Piedad.
No es claro si la senadora electa está siendo investigada por presuntos vínculos con las Farc, cuando estos hechos serían competencia de la JEP; si las indagaciones corresponden a sus relaciones con políticos o ciudadanos de Venezuela, que no implican delito alguno en Colombia; o si esta eterna pesquisa busca identificar algún delito patrimonial o económico, personal o familiar, lo cual no le correspondería a la Corte Suprema ya que no tiene conexión alguna con el ejercicio parlamentario de Piedad, interrumpido abruptamente por el exprocurador Alejandro Ordoñez hace más de una década.
Detrás de los prolongados interrogatorios de Lombana, no hay simplemente un proceso contra Piedad, sino que se urde la guerra jurídica para todo el sector progresista que puede ser gobierno con el Pacto Histórico.
La magistrada militar pregunta sobre todo, lo que implica que sigue sin pista sobre nada. Indaga sobre hechos de cualquier tiempo, y sobre personas no aforadas para ser investigadas por la Corte Suprema. Cita y cita testimonios de personas para los que debiese declararse impedida -y frente a los cuales, de hecho, ya lo hizo-.
En el cénit de su persecución ha solicitado declaraciones del mitómano agente de la DEA, Marlon Marín, quien ya intentó vincular a Piedad en su entrampamiento contra el proceso de paz en tiempos del exfiscal Néstor Humberto Martínez, llegando al ridículo de suplantar la voz de la senadora. Aunque Marín ya se negó a declarar ante la Corte y la Fiscalía por sus montajes, no es de descartar la fabricación nuevas fábulas de este señor en el que solo la magistrada Lombana parece creer.
También pretende hacer declarar al exmilitar golpista venezolano Cliver Alcalá, quien delinquía desde Colombia confesando coordinar una invasión al vecino país y que era socio de los negocios ilícitos del ganadero y narcotraficante José “Ñeñe” Hernández. ¿Qué imparcialidad y credibilidad puede tener este confeso criminal a todas luces adverso a los valores que Piedad ha defendido? Pero más descabellado aún: ¿Qué tiene que ver este señor en esta eterna investigación de Piedad Córdoba por supuesta Farc-política?
El único “testigo”
Los testigos pasan y pasan, pero más allá de rumores o prejuicios políticos contra Piedad, ninguno aporta acusaciones sustentadas ni mucho menos pruebas. No les consta, no saben, no se acuerdan, son las frases más repetidas. Una que otra declaración confiesa alguna polémica conducta propia –como Ingrid Betancourt–, otros exteriorizan su ideología macartista con un lapsus linguis –como Uribe–, y varios señalan irresponsablemente a organizaciones sociales y políticas para vincularlas a la persecución jurídica. Pero pruebas de lo que sea que se investigue, no hay.
El testimonio que sirve de guion para esta nueva fase de persecución política contra Piedad, es el otorgado desde Miami por Andrés Vásquez. Dicha declaración solo se obtuvo luego de que Vásquez fuese compelido legalmente a testificar en el caso y luego del retorno de la dirigente antioqueña a la política electoral con su lanzamiento como candidata al Senado por el Pacto Histórico.
Vásquez, de enemistad manifiesta con Piedad tras no obtener réditos económicos por el restablecimiento de los derechos políticos de la senadora en 2016 y demandarla para ser indemnizado, fue también el libretista principal del libelo de su amigo personal Gerardo Reyes. No obstante, no solo no adjunta prueba alguna a su relato calumnioso, sino que se hunde en sus propias contradicciones.
El tamaño de los ilícitos que Vásquez endilga a Piedad y a su familia no solo son inverosímiles, sino que es imposible que se hayan cometido sin la existencia de pruebas fácticas y documentales, que seguirán sin aparecer, porque presenciamos un falso testimonio que ante la connivencia -por no decir instigación- de la Magistrada militar, raya con el concierto para delinquir en su afán de excluir nuevamente a Piedad Córdoba de su derecho a hacer política.
Callada, pero parcializada
La declaración juramentada de Vásquez solo prueba que era él quien tenía relaciones comerciales con Alex Saab; que él como funcionario público participó de relaciones con las Farc sin autorización gubernamental, y que se enriqueció tras su trabajo con Piedad Córdoba.
Las autoridades colombianas callan, pero al viejo proceso de calumnia que provocó su captura en 2011, se le suman hoy al “testigo estrella” de Lombana nuevas denuncias en Colombia y en Estados Unidos por sus falsedades, extorsión y amenazas contra la familia Castro Córdoba.
La defensa de Córdoba recusó las nuevas diligencias ordenadas por la magistrada Lombana, recurso que está pendiente de resolverse por la Corte Suprema de Justicia. De igual forma el Colectivo de Abogados José Alvear, Cajar, acudió a la CIDH en Washington, para que se actualicen y amplíen las medidas cautelares decretadas a favor de Piedad desde el año 2003.
La solicitud es clara: reforzar las medidas de seguridad para proteger su vida en medio de la elevación de su ya alto riesgo, aguzado por la guerra jurídica y mediática en la presente campaña electoral; y garantizar el derecho al debido proceso, en tiempo oportuno y por la autoridad judicial competente e imparcial, lo que implica sustituir a la magistrada militar Lombana de su investigación, porque, aunque podrá estar calladita, claramente está parcializadita.
