La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en la persecución sistemática contra esta organización
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
El Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”, Cajar, es un referente en la defensa de los derechos humanos en Colombia, desde esta labor de defensa tiene como objetivo esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos en el país, a través de su trabajo ha logrado beneficiar al menos a 7200 personas en toda la nación.
Su arduo trabajo en la búsqueda de la justicia para las víctimas en el país, ha llevado que ellos mismos sean víctimas de vulneración del derecho a defender derechos. Por tal razón, obligados por la crítica situación en la que estaba, y en la que aún siguen los miembros del Cajar, tienen medidas de protección internacionales, las cuales siguen vigentes, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Frente a la hostil situación de vulneraciones de sus derechos humanos, en el 2002, se presenta una petición conjunta por parte del Cajar y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. No obstante, fue hasta el 2020 cuando la CIDH asume el caso en sus instancias, la cual en mayo del 2022 llevó a cabo la audiencia pública donde los defensores declararon lo que estaba pasando.
Los defensores vulnerados
Es irónico que los defensores de los derechos humanos sean también vulnerados por su labor, y es que en Colombia los grupos armados, estatales y paraestatales buscan silenciar a todo aquel que exija justicia. Por tal razón, es histórico que la sentencia de la CIDH sea la primera en reconocer como víctima directa a una organización que defiende víctimas.
Fue el 18 de marzo del 2024 cuando se publicó la significativa sentencia en la que se responsabiliza internacionalmente al Estado colombiano por haber perseguido, hostigado, estigmatizado y vigilado de manera sistemática a integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” y sus familias.
Mientras ellos seguían defendiendo víctimas, se volvieron una de ellas “En su lectura, la Corte encontró responsable al Estado de violar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa (…) los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos de los y las integrantes del Cajar y sus familiares”, expone en un comunicado el Colectivo.
El derecho a defender derechos
El ejercicio de la defensa de los derechos humanos es fundamental para la democracia en Colombia, pues contribuye a la consolidación de un Estado Social de Derecho, por tal razón, debe dejar de ser un riesgo y alto costo para la seguridad de los abogados y sus familias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la sentencia en el caso Valle Jaramillo vs Colombia, ya se había pronunciado sobre la importancia de las y los defensores de los derechos humanos quienes “contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto”.
En este sentido, el reconocimiento de la CIDH es muestra de toda la resistencia del Cajar y la fuerza de su convicción para la defensa de las víctimas en el país. Así pues, la Corporación Humanos reconoció su importante labor “reconocemos la fuerza de esta organización para resistir y continuar levantando la voz, así como el impacto diferencial que vivieron las defensoras que allí han trabajado”.
Las defensoras, las más afectadas
Asimismo, el alto tribunal internacional reconoció la afectación particular que vivieron las mujeres defensoras, pues, la vulneración de su derecho a defender, eran también blanco de violencias de género.
Jomar Ortegón, vicepresidenta del Cajar, en la declaración posterior a la lectura de la declaración, menciona que “la decisión reconoce que la vulneración del derecho a la vida no solo ocurre con un asesinato. El hecho de estigmatizar y perseguir ya de por sí pone en riesgo la vida”.
También se reconoció todas las violaciones que sufrieron las personas que tuvieron que abandonar el país producto de las amenazas, agresiones y hostigamientos por su labor de defensa y representación de las víctimas.
Así pues, en el caso “Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia” se alega que las omisiones por parte del Estado a las constantes vulneraciones hacia la organización, generaron un amedrantamiento en la defensa de los derechos humanos y su libertad de expresión, por lo que en el documento se argumenta “se alega que el Estado no realizó una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos, a la individualización de los responsables, a desentrañar las fuentes de riesgo”.
La reparación
Ahora bien, el Tribuna ordenó dieciséis medidas de reparación integral, tales como la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, una campaña informativa respecto a la violencia y estigmatización de las que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, novedosamente, ordenó adecuar la Ley de inteligencia y contrainteligencia y los manuales militares a fin de ajustarlos a los estándares internaciones de derechos humanos. No es aceptable que se vuelva a perseguir a los defensores y el Estado sea cómplice de ello.
Esta última reparación se da por la denuncia de los miembros del Cajar que argumentan que presuntamente el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a través de un grupo especial de inteligencia estratégica incluyeron monitorear las actividades laborales del Colectivo, tales como interceptar llamadas, correos electrónicos y realizar fichas personales de cada integrante con sus datos personales, estas actividades se realizaron sin control judicial.
Definitivamente, la sentencia será un ejemplo en la búsqueda de justicia en toda América Latina. Es inaceptable que la persecución a los defensores de derechos humanos sea normalizada en todo el continente. Jamás los defensores serán el enemigo interno, este es el comienzo de la eliminación de la Doctrina de Seguridad nacional que el establecimiento impuso.
