En la acusación de un supuesto plan del ELN para atentar contra el fiscal general, es posible que se haya incurrido en delitos contra la seguridad del Estado y violado los procedimientos legales en el manejo de información de seguridad nacional. VOZ consultó opiniones de algunos expertos sobre el tema
Redacción Judicial
En Colombia el tema de la inteligencia y la contrainteligencia es un tabú que configura un secretismo que afecta la democracia.
“Primero, hay que partir de que todo Estado hace y requiere labores de inteligencia. Eso es una cosa y otra, es que el país no pueda debatir públicamente los criterios, principios, procedimientos, alcances y limitaciones de la política institucional y el marco legal de la inteligencia, la contrainteligencia y la seguridad. Y eso es antidemocrático en un Estado que se caracteriza como social y de derecho. En Colombia la gente no habla de estos temas y todo termina siendo un secretismo que termina siendo utilizado para intereses políticos y particulares, como es el caso del uribismo y del fiscal Barbosa”, explica la fuente consultada que pidió reserva en su identidad.
Un ejemplo para poder comprender la anterior reflexión es que en el país de manera continua tenemos escándalos de chuzadas, de perfilamientos, de filtraciones a la prensa, de fuga de información de las altas instancias de Gobierno y hasta de seguridad. Nos preguntamos entonces, ¿quiénes son los receptores de inteligencia en Colombia?, ¿quién la hace? Si los congresistas no están discutiendo ese tema, ¿quién hace el control político?
Son preguntas claves, más, cuando las agencias que hacen inteligencia en Colombia tienen una triste y larga historia de violaciones de derechos humanos.
Inteligencia y persecución política
Recordemos por ejemplo el Servicio de Inteligencia Colombiana, SIC, que fundó Gustavo Rojas Pinilla en 1953 con un papel funesto de desaparición y asesinatos en nombre de la “democracia”. Después llegó el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y está ampliamente documentado que la inteligencia recepcionada fue usada para perseguir a la oposición de izquierda, magistrados y periodistas opositores. Todo en el marco de la doctrina del enemigo interno.
La inteligencia del Estado en Colombia se convirtió en instrumento de persecución política y de investigar ilegalmente la vida privada de lideres y lideresas que se vuelven incomodas para el poder y el Establecimiento.
Recordamos también en esta historia, el papel criminal del batallón Charry Solano, que está en las investigaciones de la JEP por el tema del Palacio de Justicia. El juez federal Edwin Torres, en un fallo, afirmó que agentes del Estado colombiano apoyaron las operaciones del Bloque Central Bolívar liderado por ‘Macaco’, “mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”. No solamente es obtener una información de forma irregular, sino como esa información ha venido siendo sistemáticamente usada para el ejercicio político y criminal.
Desde esta tradición del secretismo, de la utilización indebida de la inteligencia y contrainteligencia, el caso del fiscal Barbosa muestra la profundización del carácter criminal que ha tenido la inteligencia en Colombia.
Los posibles delitos
Mirando desde otra perspectiva el actuar del fiscal Barbosa, el análisis muestra que es posible que haya cometido delitos, en tanto los funcionarios públicos, están sometidos a normas y procedimientos de los cuales no pueden salirse. Veamos.
La Junta de Inteligencia Conjunta, JIC, que es el máximo espacio de la construcción de la planeación de la inteligencia en Colombia está compuesto por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, los jefes de inteligencia de cada una de las fuerzas de Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El fiscal no pertenece a esta junta, ya que su función en el sistema penal colombiano es investigar casos concretos y acusar. La usurpación de funciones es un delito.
Barbosa afirmó que la información de inteligencia sobre el supuesto plan para asesinarlo, fueron recibidas, una de la Inteligencia Militar, una de la Policía Judicial y otra de la misma Fiscalía. Surgen preguntas. Si la Policía y las fuerzas militares hacen parte de la Junta Legal de Inteligencia, ¿por qué esta situación no fue tratada primero en esta instancia? Esta información, que, de ser cierta, era altamente sensible, ¿por qué la manejó primero el fiscal? ¿Son la Policía y las Fuerzas Armadas quienes violaron el compromiso de reserva que firmaron al integrar la Junta Legal de Inteligencia? La filtración de información reservada de inteligencia para facilitar agendas personales es un delito.
Ahora, el fiscal teniendo la información en sus manos, ¿Por qué no siguió los procedimientos establecidos pare estos casos? El procedimiento precisamente indicaba dirigirse a la Junta Legal de Inteligencia y someter a verificación dicha información, hablar con el presidente o con el ministro de Defensa. Pero no, como la intensión es desestabilizar, torpedear y alimentar el golpe blando, el jefe del ente acusador se fue directo a los medios de comunicación para amplificar su mentira. Violar los procedimientos establecidos en la ley para los funcionarios públicos también es un delito.
El fiscal habla de informes de inteligencia que recibió de la misma entidad que preside. Rebobinemos. ¿Cómo así que la inteligencia de la Fiscalía?
La fuente experta consultada afirma: “El ente acusador no es un receptor de inteligencia, no es organismo de inteligencia. Los receptores y órganos están claros en la ley estatutaria. La Fiscalía hace investigaciones judiciales. Entonces, si la Fiscalía está adelantando ejercicios de inteligencia pues debe darle razón al país en términos de su misionalidad y de dónde ellos están tomando competencias para adelantar funciones que solo pueden ejercer organismos autónomos de la comunidad de inteligencia”.
Tres irregularidades más.
Y finalmente, el fiscal Barbosa ha actuado de manera irregular y desafortunada, por lo menos en tres temas.
Primero, que sabiendo que ya existía un mecanismo de verificación en la mesa de paz con el ELN para el seguimiento a estas situaciones, en ningún momento se dirigió o puso en conocimiento de la denuncia a esta instancia.
Segundo, tampoco informó a la Misión de Naciones Unidas que es la que coordina ese mecanismo y que tiene como responsabilidad el tratamiento de prevenir situaciones.
Y en tercer lugar, tal vez un tema que es muy delicado y es que hay una mención a un segundo país que es Venezuela, por lo tanto cuando ya aparecen otros países, eso inmediatamente adquiere un carácter de ser un problema de seguridad nacional y se debe dirigir precisamente a la Junta Legal de Inteligencia.
Con el agravante de la filtración de la información a los medios, la Junta Legal de Inteligencia no conoció oficialmente una información por parte del fiscal general, por el contrario, lo que hizo fue sacar la información, involucrando a un segundo país con todo lo que eso significa en términos de relaciones internacionales.
Necesidad de una reforma
La Ley de inteligencia fue promulgada hace 10 años. Desde entonces las organizaciones defensoras de los derechos humanos han venido denunciando el tema de la utilización de la inteligencia para el ejercicio contra el opositor político.
Es urgente una reforma a la ley de inteligencia y contrainteligencia y la política de seguridad de la nación. Es urgente debatir públicamente sobre los famosos “gastos reservados”. El secretismo ha permitido, por un lado, la corrupción en los organismos de seguridad, policía y militar, y por otro, la utilización de la capacidad técnica y tecnológica del Estado para realizar las “chuzadas”, el perfilamiento, la persecución, desaparición, amenaza y asesinatos de lideres y lideresas sociales y de víctimas. Todo con recursos públicos.