El acuerdo entre el grupo financiero y la justicia estadounidense evidencia que se cometieron delitos con la mirada cómplice de las autoridades colombianas
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
¡Buenas noticias para Colombia! Reconocimiento internacional a las buenas prácticas empresariales. La justicia estadounidense da por terminado el proceso de investigación contra el grupo Aval y absuelve de toda responsabilidad a sus directivos. Se determina que el presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, actuó solo y con la pérfida intención de enlodar el buen nombre del grupo. Por las molestias y como muestra de buena fe, el grupo financiero y las autoridades norteamericanas han acordado el pago de una compensación de 60 millones de dólares.
Palabras más, palabras menos, así titularon los medios corporativos, empezando por el diario El Tiempo –propiedad del mismo grupo Aval– y Caracol Radio –propiedad del grupo Prisa pero receptor de costosa pauta por parte de Aval–, quienes se esforzaron durante toda la semana por hacer un intenso lavado de cara y retorcer la verdad de modo que Luis Carlos Sarmiento Angulo y los suyos salieran bien librados de este bochornoso episodio. Pero, ¿qué sucedió en realidad?
Carrusel de sobornos
La justicia estadounidense, que había abierto una investigación contra el grupo Aval desde 2018, determinó que este conglomerado económico y su socia Odebrecht financiaron campañas políticas y entregaron sobornos por más de seis millones de dólares a funcionarios del gobierno de Colombia desde 2010, para que se les adjudicase el contrato de la construcción de la ya famosa y nunca terminada Ruta del Sol 2.
La Securities and Exchange Commission, SEC, algo así como la superintendencia financiera estadounidense, y el Departamento de Justicia, es decir, la Fiscalía de allá, pueden hacerlo ya que el grupo Aval cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y por ende está bajo la jurisdicción de las autoridades de Estados Unidos.
Si bien aún queda mucho por descubrir y revelar al público, lo cierto es que en Colombia se repitió el modus operandi de sobornar funcionarios para recibir jugosos contratos de construcción.
Este fenómeno se repitió en casi toda América Latina y en casi todos los países ha provocado un terremoto político como en el Perú, donde dos expresidentes terminaron en la cárcel y otro más prefirió suicidarse. En Colombia, por el contrario, solo un par de funcionarios de mediano nivel han sido hallados responsables mientras los verdaderos culpables del entramado de corrupción siguen tan campantes. Bueno, hasta ahora.
Estas informaciones ya se conocían desde que Noticias Uno reveló las declaraciones del auditor de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, quien probó que había entregado claros indicios de corrupción al entonces abogado del grupo Aval, Néstor Humberto Martínez.
En ese momento, Martínez no solo le pidió a Pizano “quedarse quieto”, sino que luego como fiscal general se encargó de entorpecer las investigaciones para mantener impunes a Sarmiento Angulo y su grupo financiero. Hoy se sabe que Pizano, antes de morir en extrañas circunstancias, le envió toda la información que poseía al FBI, lo que permite suponer que este caso efectivamente no ha terminado.
Negociar la pena
Puede resultar difícil de comprender para nosotros que en Estados Unidos pueda pagarse una multa a cambio de no ir a la cárcel cuando se comete un delito. Ello se explica por el derecho consuetudinario anglosajón, que reconoce el carácter corrupto de la acumulación capitalista (algo que cualquier marxista da por descontado) y en vez de castigarlo, con todas las indeseables consecuencias económicas que ello puede acarrear, prefiere hacer “jalones de orejas” para “promover las buenas prácticas empresariales”.
Así, a través de un Deferred Prosecution Agreement, DPA, o Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, el grupo Aval se salva por ahora de una acusación penal y se compromete a no delinquir más.
Dicho de un modo coloquial, lo decidido por la justicia estadounidense puede resumirse así: “Mira, Luis Carlos, te pillamos, pero como meterte a la cárcel puede provocar pánico financiero o pérdida de empleos, pues mejor te vamos a multar y a vigilar estrechamente durante tres años para persuadirte de que no vuelvas a cometer delitos”.
Claramente, esta decisión no es ninguna absolución ni ningún “carpetazo” a las investigaciones. Por el contrario, es la evidencia de que el grupo Aval es corrupto, Estados Unidos lo sabe y ahora Sarmiento Angulo deberá ir con pies de plomo si no quiere terminar en la cárcel con su hijo y los demás directivos del grupo.
Lo último que se ha sabido –y de hecho, es una noticia en desarrollo– es que José Elías Melo, condenado en Colombia a 11 años de prisión y uno de los poquísimos que están presos, ha publicado un comunicado donde rechaza el acuerdo entre el grupo Aval y la justicia estadounidense. Melo insiste en su inocencia y sostiene que el acuerdo le perjudica.
En el comunicado, Melo dice que “debo poner de presente que los acuerdos alcanzados por el Grupo Aval o Corficolombiana implican decisiones que, sin ser fallos judiciales, adoptan esa apariencia, con lo cual afectan gravemente mi derecho de defensa dentro de los procesos que todavía se encuentran en curso en Colombia”.
Y aquí qué
Con este acuerdo, varias cosas quedan en evidencia. Primero, el grupo Aval es corrupto, algo que por otro lado desmonta la narrativa impuesta por el propio grupo de que no era más que una víctima de Odebrecht. Segundo, que los medios corporativos no se atreven a meterse con un intocable como Luis Carlos Sarmiento Angulo, al final de cuentas su dueño, lo que pone muy en entredicho su responsabilidad con el público y su respeto por el derecho ciudadano a la información veraz.
Tercero, que para bailar se necesitan dos, o tres en este caso. Tanto políticos uribistas como santistas fueron receptores de sobornos y financiación de campañas por parte de Aval y Odebrecht, siendo igualmente responsables ante la ley por, al menos, el delito de cohecho. Si bien la responsabilidad penal no ha pasado de un viceministro y poco más, los políticos y funcionarios, principales culpables de urdir este entramado de corrupción, aún están pendientes de responder ante la justicia.
Y cuarto, y lo más grave de todo, que mientras la justicia estadounidense es capaz de identificar casos de corrupción y castigarlos, en Colombia reina la impunidad casi total. Queda claro de nuevo que las administraciones de Néstor Humberto Martínez y de Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía, así como las demás autoridades de control, han servido para impedir que se haga justicia contra importantes políticos, comenzando por los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Ahora descubrimos los alcances de los “fiscales que hacen caso”, confesados en su momento por el corrupto exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.
Lo que se viene
La elección por parte de la Corte Suprema de Justicia de la próxima fiscal general de la Nación, de terna presentada por el presidente Petro, será tal vez una de las decisiones más trascendentales de los últimos años en Colombia. La alta funcionaria deberá poner al corriente el estado de las investigaciones, desengavetar los procesos penales que acumulan polvo en los anaqueles de la Fiscalía y acusar a los responsables, caiga quien caiga.
Es a lo que más temen los corruptos. Por eso nos entretienen con Nicolás y Daysuris y ahora con el bulo de una supuesta financiación ilegal de la campaña del Pacto Histórico en Casanare. Todas ellas son cortinas de humo porque no les queda más. La justicia al parecer, cojea pero llega.
