¿Es viable un acuerdo nacional?

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Jaime Caycedo Turriago
@JaimeCaycedo

El presidente Petro ha propuesto en sus discursos del 20 de julio y el 7 de agosto la necesidad de un acuerdo nacional para las reformas y la ejecución de la política de cambio democrático que informa su gobierno. La fuerza de los factores de cambio, a saber: el Acuerdo Final de Paz y el descontento social antisistémico que hizo erupción en el paro nacional de 2021; la profunda contradicción de la sociedad colombiana que coloca de un lado la opción de transformaciones largamente represadas y de otro la inercia latente del sistema, que implica ya la putrefacción de la sociedad y la incapacidad de la clase dominante a favorecer una alternativa al destino fatal de la corrupción, el genocidio, el autoritarismo y la sumisión a las condiciones neocoloniales del imperialismo dominante.

La ruptura de la coalición de gobierno en el Congreso, la actitud reticente en sectores del empresariado, la proximidad de las elecciones locales del 29 de octubre y la pugna de la extrema derecha que no ha perdido la esperanza de provocar un golpe suave, si la coyuntura llega a favorecer esa opción, parecieran erigirse en una barrera infranqueable al proceso de los cambios reformistas en desarrollo. Desde un punto de vista objetivo es claro que las mayorías parlamentarias de la derecha, el esfuerzo del presidente y su equipo de Gobierno y la lentitud en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que goza de financiamiento suficiente, derivado de la Reforma tributaria y del presupuesto en ejecución, no alcanzan por sí solos a enmendar la dificultad.

Algunas opiniones se inclinan por encontrar la vía de un pacto de élites que permita pasar una versión light en los proyectos que están en el Congreso y en la nueva reforma laboral que constituye, sin duda, un eje fundamental del conjunto de los cambios. El presidente ha planteado la necesidad del respaldo popular en la movilización. La presión desde abajo, la convocatoria desde el propio gobierno, ha puesto en la plaza pública una parte considerable del respaldo social que ya conforma un núcleo duro en defensa del proyecto democrático. Esta idea puede contrarrestar la tendencia a un retorno indeseable a hacer del Estado el refugio exclusivo de los acumuladores de capital, de privilegios y de la distorsión del poder público en favor de los gobernantes de siempre.

Cabe aquí una reflexión sobre el Pacto Histórico. El papel de una simple máquina del orden electoral con todas las limitaciones de la ley 1475 y la hegemonía del régimen en el control de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, tal cual existen realmente, desnaturaliza el significado de un proceso de convergencia política de amplia irradiación social que tiene que desempeñar una función mucho más activa y dinámica en el fortalecimiento de una conciencia social acorde al momento y a los límites de tiempo que constriñen este proceso.

El otro aspecto a considerar es que la clase dominante ha perdido la homogeneidad que en el pasado le representó la herencia del Frente Nacional como garantía de inamovilidad. El tema de la reforma agraria rural ha puesto de presente la disposición de un sector anteriormente recalcitrante a toda reforma para acceder, bien que mal, a cambios en la desconcentración del monopolio de la propiedad sobre la tierra y a la incorporación de una masa significativa de habitantes rurales a un nuevo espacio productivo. El respaldo a los diálogos de paz actualmente en curso parece no representar solamente una aproximación curiosa a una problemática de por sí compleja y de compromisos. Se amplía el frente de acción por la solución política, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional y con los grupos derivados de las antiguas FARC EP.

La reforma rural es la hermana gemela de los esfuerzos invertidos en el diálogo, el nombramiento de equipos negociadores y de gestores de paz, tanto como el cumplimiento cabal y la implementación completa del Acuerdo Final de Paz. Las garantías para la vida y el ejercicio de la actividad social y política exigen el compromiso mediante acuerdo de “sacar las armas de la política”. Las denuncias que han hecho antiguos paramilitares, como Otoniel y Mancuso, este último ahora gestor de paz, o los militares que se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, confirman la participación y complicidad de muchos empresarios con el financiamiento, organización y apoyo político al paramilitarismo. Todo esto conduce a posturas de diferenciación y también a bajar la arrogancia de individuos y núcleos recalcitrantes.

Tampoco en sectores empresariales hay homogeneidad en el rechazo en bloque a las nuevas normas incluyentes y democratizadoras. El Grupo Empresarial Antioqueño ha tenido que adaptarse a los embates que desnudaron su responsabilidad en el desenvolvimiento mañoso del proyecto de Hidroituango, el control sin contrapesos sobre las Empresas Públicas Municipales de Medellín y la arremetida del grupo Gilinski que ha desarticulado a su acomodo las viejas líneas de poder en que se asentaban los hilos del uribismo.

En términos de la corrupción institucionalizada se pone sordina a la vergonzosa multa impuesta como sanción al Grupo Aval a través de su empresa Corficolombiana, nada menos que de 80 millones de dólares, sin que la Fiscalía colombiana haya pasado de condenar a chivos expiatorios, sin confrontar las responsabilidades penales de los grandes cacaos como el señor Sarmiento Angulo. La fractura que arrastra la alta burguesía, que hizo posible el Acuerdo de Paz, en alguna manera muestra nuevas expresiones frente al avance del proyecto democrático, en medio de sus limitaciones y amenazas. Mientras algunos sectores empresariales se empeñan en despidos, sanciones y reclaman como soluciones solo mano dura y regreso a la satanización de la protesta social, otros intentan dialogar y acercarse a las que observan como nuevas oportunidades y expectativas de negocios. No hay necesariamente altruismo, pero hay cálculos y esto hace la diferencia con las rémoras.

El movimiento popular tiene que entender esta coyuntura de la lucha de clases que se ofrece en el ambiente de luchas y expectativas de cambios sociales. Tiene que dinamizar su intervención con sello propio e independencia sobre la sustancia de los cambios imprescindibles. Un enfoque táctico más eficaz es posible si sus equipos dirigentes se apropian del contenido transformador que implican las reformas laboral, agraria, a la salud, a las pensiones y a la educación pública, gratuita y de calidad, y se colocan a la iniciativa del debate público. Al mismo tiempo debe presionar el cumplimiento del PND e impulsar la acción organizada desde las bases en los territorios rurales y urbanos, como iniciativas de avance del poder popular expresada en una alianza de pueblo y gobierno democrático.

En particular el movimiento sindical podría desempeñar un papel convocante en esta nueva relación, de abajo arriba, para contribuir a conformar una fuerza de empuje cuyo efecto social no podrá ser distinto al de aclimatar la idea de transformaciones necesarias e impostergables. La capacidad persuasiva de la movilización social de masas es un factor material que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer valer la justicia y la razón de las mayorías, que toman consciencia de su fuerza en la alianza con el gobierno democrático. Quizás así, sobre esta base social activa e informada, un eventual acuerdo de gobernabilidad lograría sentido para hacer avanzar un proceso fecundo del devenir de la sociedad colombiana.