Avanza la reforma agraria

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Foto Andrés Camilo González, Ministerio de Agricultura

El campesinado se emociona con la polémica que ha generado la noticia sobre el acuerdo entre la Federación de Ganaderos y el gobierno nacional, conducente a la adquisición de tres millones de hectáreas de tierra para que sean puestas a disposición del campesinado. El gobierno del Pacto Histórico se comprometió a adelantar cambios importantes en el campo, que contribuyan a solucionar el problema de la distribución y acceso a la tierra, así como el de la productividad agrícola para lograr la seguridad alimentaria.

Era de esperarse que este acuerdo generara debate, pues la Federación liderada por José Félix Lafaurie, ha sido reconocida por su defensa del latifundio y condescendencia ante los grupos paramilitares. Sin embargo, es necesario hacer una valoración del acuerdo. En primer lugar, por su implicación política, y en segundo, por sus alcances socioeconómicos.

El compromiso es importante porque no solo recoge a quienes históricamente han reivindicado la reforma agraria como un problema urgente para resolver la inequidad de la sociedad colombiana, sino que ahora involucra a sectores que rechazaban cualquier proyecto en este sentido; mientras el gobierno expresa su voluntad de impulsar la reforma agraria, Fedegán parece reconocer la relevancia de dicha reforma. Esperamos que no sea que estas decisiones están determinadas únicamente por la posibilidad de obtener pingues ganancias.

Ahora bien, el acuerdo rubricado entre Lafaurie, presidente del gremio, Iván Cepeda y Darío Fajardo, como representantes del gobierno, es un primer paso para materializar la reforma por vía del mercado. Si bien con esta medida no se trastoca el latifundio ganadero, en ningún caso esto significa que el Estado abandone otros mecanismos para lograr acceso y recuperación de tierras: subsidio, compra directa, reubicación, extinción de dominio de tierras ociosas y mal habidas o robadas de los baldíos y lógicamente adjudicación de baldíos.

Una acción importante para determinar la extensión real de las propiedades de los latifundistas es la revisión de los títulos, ya que pueden esconder algunos tamaños que no corresponden a la superficie legalmente adjudicada sino a los recursos económicos del beneficiado para comprar alambre de púa, como afirman algunos investigadores nacionales y extranjeros del problema del latifundismo y el minifundismo en Colombia.

El pacto firmado tampoco implica un reconocimiento tácito del despojo. Las tierras que se compren, fruto del acuerdo, deben ser propiedad privada, que esté bajo posesión y dominio de los propietarios, que demuestren tradición y amparadas por títulos legales y que no tengan ningún proceso agrario de clarificación. Deben estar saneadas catastral y físicamente. Además, no serán pequeñas superficies de tierra, las menos fértiles o profundamente alteradas por los cascos del ganado o periféricas.

Dentro de la frontera agrícola hay aproximadamente 40 millones de hectáreas, 38 de las cuales están dedicadas a la ganadería. Esto no quiere decir necesariamente que sean del todo improductivas, pues unos tres millones de ellas se usan con métodos modernos. Pero lo cierto es que la ganadería extensiva no contribuye sustancialmente a la alimentación de los colombianos, y solo sirve para especular con el precio de la tierra y justificar su improductiva posesión.

Las tierras que el Estado adquirirá por cuenta de su acuerdo con Fedegán serán tierras fértiles, en zonas planas, que cuentan con acceso a infraestructura de comunicaciones y fuentes de agua, y que estén cercanas a mercados y centros urbanos.

El acuerdo se ha objetado, entre otras cosas, porque se considera que era mejor adquirir tierras a la Sociedad Colombiana de Agricultores. No obstante, muchas de estas tierras ya están produciendo, y algunas otras están fuera de la frontera agrícola. Esto quiere decir que con el acuerdo el gobierno da muestras de abandonar la visión tradicional, que se implantó tras el Pacto de Chicoral en 1972, y con el cual se buscaba sustituir la reforma agraria con la colonización. La posibilidad de la reforma no está solo en los baldíos y la extensión de la frontera agrícola, pues esto afectaría áreas de protección forestal y ambiental.

Así pues, ahora de lo que se trata es ver cómo desde este acuerdo se proyectan medidas complementarias a la urgente reforma agraria para erradicar la pobreza e inequidad rural y convertir al país en autosuficiente en alimentos agrícolas y con capacidad para exportar. Por otro aspecto, el pacto debe servir para presionar a otros gremios, como Asocaña y Fedepalma a que contribuyan con negociaciones para resolver los problemas rurales y a que se comprometan a no seguir expandiendo los cultivos en zonas con demanda por parte de campesinos sin tierra.

La Agencia Nacional de Tierras, ANT, debe fortalecer sus mecanismos para decidir a quién le adjudica equitativamente las tierras. Para facilitar esta labor los campesinos deben hacer peticiones justificadas a la ANT para acceder a la tierra. Deben reactivarse los comités municipales y veredales de reforma agraria donde se deberán escoger los beneficiarios y las posibles tierras para comprar, e impulsarse la formación de comités municipales y veredales de peticionarios.

Llegó la hora de la inclusión social al campo colombiano. Los campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendientes deben potenciar las organizaciones y la movilización para que la reforma se abra paso ya.