¿Para cuándo una política integral de vivienda popular en Bogotá?

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Viviendas en el barrio Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar. Foto Camilo Cifuentes García

UAN – Heidy Sánchez Barreto

El pasado 7 de octubre, luego de 3 días de debate y aportes, el Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo en favor de la población vulnerable, mediante la creación de incentivos y alivios para las familias que presentan deudas con la Caja de Vivienda Popular (CVP).

Desde hace más de 20 años se ha implementado en Bogotá una política de vivienda para familias vulnerables, reasentadas o reubicadas producto de su ubicación en zonas y áreas de riesgo no mitigable a través de la CVP, que consistía en brindar viviendas a bajos costos mediante una figura denominada “contrato de mutuo”, donde el Distrito entregaba las viviendas y las familias pagaban su costo, dejando de garantía la vivienda como prenda hipotecaria.

Si bien las viviendas entregadas eran a bajo costo, el Distrito nunca implementó una política integral de reubicación donde contemplara componentes sociales y económico-laborales para dicha población vulnerable, conllevando a que muchas familias no pudieran realizar los pagos respectivos, incrementando así la deuda periódicamente con intereses y cobro sobre intereses.

La cartera adeudada a la CVP a corte de junio de 2022 ascendía a más de $26.000 millones distribuidos en 685 familias vulnerables, de dicho valor, tan solo $5.000 millones son capital y los otros $21.000 millones son intereses. La CVP ha declarado esta cartera como “castigada” en 96%, implicando que sea de difícil recaudo y no sea contemplado dentro de las cuentas de la entidad.

Producto de esas deudas, el Distrito ha iniciado procesos jurídicos para recuperar esa cartera en 521 casos, lo que podría implicar el remate de los predios, vulnerando los derechos de las familias y generando una revictimización.

Teniendo claro este panorama, el proyecto 463 de 2022 presentado por la CVP buscaba que el Concejo de Bogotá autorizara a dicha entidad suprimir esa cartera, así como la creación de alivios en el valor adeudado en intereses y capital a familias que se acogieran a dicho acuerdo.

Si bien, la iniciativa tiene una intención loable y beneficiosa para las familias, nuestro énfasis ha sido en señalar la equivocada política de reasentamiento, reubicación y vivienda popular a población vulnerable de la ciudad, convirtiendo las soluciones brindadas en endeudamiento futuro y que en la práctica generan expropiación de los bienes. En ese sentido, solicitamos en el marco del debate la revisión y construcción de una política pública que permita el acceso real al derecho a una vivienda digna para aquellas familias en condición de vulnerabilidad.

Una vez recogidos los aportes de las y los concejales de la comisión de Hacienda y de las otras comisiones, por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo en primer debate con las siguientes consideraciones:

  1. El Concejo de Bogotá NO autoriza a la CVP a eliminar la cartera castigada, es un proceso interno de dicha entidad.
  2. El proyecto autoriza a la CVP para construir un plan de alivios e incentivos para los contratos de mutuo suscritos por la entidad.
  3. La población beneficiada por este proyecto de acuerdo es población vulnerable.
  4. Que sean deudores por contrato de mutuo que hayan sido objeto de reasentamiento o reubicación por orden administrativa o judicial.

En ese sentido, como prioridad de la Unión Patriótica, que se ha destacado por su trabajo histórico por la vivienda digna para los sectores populares, consideramos que la administración de Bogotá sigue en deuda con la garantía de este derecho, por fuera del mercado, la hipoteca y el endeudamiento del futuro.

No existen planes masivos de vivienda digna así pensados, con el derecho a la centralidad (en la ubicación dentro de la ciudad) que atiendan poblaciones con mayores dificultades como personas con discapacidad, personas trans, adultos mayores sin vivienda propia, víctimas de desplazamiento, entre muchas otras. Este es el proyecto que seguimos esperando que la administración distrital presente al Concejo de Bogotá, para que podamos estar en una ciudad verdaderamente cuidadora, pues por ahora solo se saldará una deuda económica, pero queda pendiente la deuda social.