Se debaten en el Congreso de la República modificaciones al sistema político y electoral. Voto obligatorio, transfuguismo, listas cerradas y paritarias y relevo generacional son parte de la propuesta. No obstante, se quedó por fuera la transformación del Consejo Nacional Electoral y la financiación pública de las campañas
Redacción Política
La reforma tributaria no es el único proyecto en la agenda legislativa que promueve el Gobierno nacional. Si bien la prioridad del ejecutivo está en reordenar y conseguir nuevos recursos para poner en marcha su ambicioso proyecto de cambio social, también desea hacer reajustes en otros sectores estratégicos del régimen político.
En ese sentido, se tramita en el Congreso de la República una reforma política que inicialmente se presentó como ambiciosa al tocar puntos neurálgicos del sistema electoral y el régimen de partidos. No obstante, el articulado final no contempla la transformación del Consejo Nacional Electoral, CNE, al mismo tiempo que desecha la financiación pública en los procesos electorales, dos consideraciones que han sido caracterizadas como fundamentales en un proceso de apertura democrática, limitando el alcance real que pueda tener la iniciativa reformista.
Así las cosas, el pasado 11 de octubre se surtió el primer debate en el Senado de la República del articulado que, según sus promotores, quiere evitar las prácticas clientelares, la utilización del cargo público para el beneficio personal, la politización de la justicia y cambiar las dinámicas internas de los partidos políticos, entre otras modificaciones.
El camino
La reforma política debatida es la fusión de cuatro proyectos de Actos Legislativos presentados a principio de la legislatura. Aunque las bancadas de Gobierno han acompañado favorablemente la reforma, hay malestar en los partidos Conservador, de la U y Cambio Radical por temas como las listas cremallera y el cambio en el financiamiento de las campañas.
Para el senador Roy Barreras coordinador ponente de la iniciativa, la reforma pretende reglar los procedimientos en la elección de candidaturas internas de los partidos y erradicar el bolígrafo como dispositivo de selección. “La iniciativa quiere mecanismos de democratización interna, así como un régimen de militancia que permita la más alta participación política de la ciudadanía y su vinculación a los partidos”, indicó el presidente del Senado mientras leía la exposición de motivos ante la plenaria.
La figura del transfuguismo ha estado presente en casi que todas las reformas políticas tramitadas por el Congreso, dando licencia a los congresistas para cambiar de partido en el periodo en que se aprueba el articulado. En esta ocasión se mantiene la tendencia.
“Por única vez para miembros de las corporaciones públicas de elección popular, o para quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”, señala el proyecto de acto legislativo. Este artículo no tuvo oposición en la discusión.
Artículo “Gerlein”
La reforma política limita la permanencia de los parlamentarios en el Congreso, imponiendo un límite de hasta cuatro periodos para que una persona pueda ser congresista. La modificación se conoce como “el artículo Gerlein” en alusión al senador conservador Roberto Gerlein que ocupó una curul en la cámara alta por 32 años.
“Se propone un relevo generacional, garantías de participación a todos los integrantes de la colectividad y riqueza programática y de sus idearios políticos, por lo que se plantea establecer como límite a la reelección en las corporaciones de elección popular de Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales y Juntas Administradoras Locales, hasta cuatro periodos constitucionales consecutivos”, señala Roy Barreras ponente de la reforma.
El partido Centro Democrático rechazó la modificación advirtiendo la necesaria experiencia de aquellos que han estado en el Congreso por más de 20 años. “Elegirse no es fácil, aquí hay congresistas con periodos largos y son los que dan cuenta de las reformas tributarias y demás que han pasado por el Congreso, entonces lo vamos a prohibir porque sí”, expresó la senadora Paloma Valencia en la plenaria.
Implementación
La reforma política obliga la conformación de listas cerradas con paridad de género desde las elecciones previstas para el 2030. Sin embargo, la bancada de mujeres del Pacto Histórico pidió al Congreso que las listas paritarias hombre-mujer se apliquen para la primera elección de este tipo luego de sancionada la ley.
“Las modificaciones propuestas buscan darle mayor claridad al alcance de los conceptos de paridad y alternancia que se predica entre mujeres y hombres, ellas y estos en todas sus diversidades, en concordancia con los cambios propuestos para el artículo 1° de este proyecto de Acto Legislativo. La inscripción de candidaturas no se hace dentro de cada partido, movimiento político y grupo significativo de ciudadanos, sino ante la Registraduría Nacional del Estado Civil”, explicó Jahel Quiroga, senadora del Pacto Histórico.
Las dudas sobre la entrada en vigencia de las listas paritarias las comparte la Misión de Observación Electoral quienes se pronunciaron al respecto señalando que, “en primer lugar, la MOE destaca como positiva la adopción de las listas cerradas bajo los principios de paridad de género, alternancia y universalidad; así como las medidas encaminadas al fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas”.
Sin embargo, advierte con preocupación que, “aunque el modelo está previsto para ser aplicado a partir de las elecciones de 2026, pareciera que el principio de paridad tiene una excepción y sería exigible para las elecciones a Congreso hasta el 2030”.
Financiamiento y voto obligatorio
La financiación, tanto de partidos políticos como de procesos electorales, será anticipada a los comicios preponderantemente con recursos estatales y aportes privados, que integrarán el Fondo de Financiación de Campañas y Partidos Políticos. La destinación de dichos recursos quedará supeditada a la regulación de la modificación constitucional que le dará vida jurídica al nuevo fondo de financiamiento. Es decir, se mantiene el modelo mixto con algunas modificaciones.
“El Estado debe concurrir al financiamiento de las campañas políticas como del funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, sin embargo, se conserva la posibilidad de optar porque adicionalmente se pueda recurrir a fuentes de financiación privadas, que en todo caso tendrán un control efectivo a través del Fondo de Financiamiento de Campañas y Partidos Políticos”, indica la propuesta debatida.
Sobre el artículo que establecería el voto obligatorio, el presidente del Senado señaló: “Queremos a la ciudadanía con responsabilidad y sentido de pertenencia con la participación en las decisiones de la nación, que empieza por el fortalecimiento del sistema y de la organización política que conforma el estado en su conjunto. Ello implica que sea necesario establecer por lo menos durante dos periodos constitucionales de elección de corporaciones públicas, el voto obligatorio de todos los ciudadanos, excepto aquellos que legítimamente decidan abstenerse mediante objeción a cumplir con dicha obligación y que así lo manifiesten ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de manera previa a la jornada electoral”.
La reforma pasa a la Cámara de Representantes. A falta de seis debates, el Gobierno tiene el reto de mantener los acuerdos políticos entre las bancadas, especialmente con los partidos declarados independientes.
