Al revisar la información reportada por ocho EPS para el período 2020- 2023, se encontró un posible faltante de 13,2 billones de pesos
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
La organización de la sociedad civil Proyecto ciudadano ¿Dónde está la plata? realizó una investigación con base en información presentada por las mismas EPS, que arrojó resultados donde es evidente una presunta pérdida de recursos públicos de la salud.
En rueda de prensa, la organización, cuya vocera fue la exministra de Salud Carolina Corcho, expuso lo que sucede con las reservas técnicas y la integración vertical.
En el primer ítem, explicó que para que una EPS sea un asegurador es necesario que tenga un mecanismo de protección de los recursos. “Es decir, la EPS, que es un vehículo de captura de recursos públicos de los colombianos, cada que autorice un procedimiento como la entrega de un medicamento tiene que aprovisionar y hacer inversión de capital, en capital líquido de aquello que autorizó para poder respaldar financieramente la deuda. Es la base de solidez financiera”, comentó Corcho.
Según las cifras entregadas por la Superintendencia de Salud, para junio de 2023, de 24 entidades de aseguramiento 20 no cuentan con reservas técnicas o no tienen respaldo de recursos líquidos en bancos o inversiones, para respaldar el sistema de salud. Para ese momento, el déficit de reservas técnicas era de 12,4 billones de pesos.
“La Superintendencia también ha expresado que las deudas del sistema entre EPS, clínicas y hospitales el año pasado eran de 23 billones de pesos, este año ya ascendieron a 25. Es decir, el sistema sigue hundiéndose rápidamente en una crisis financiera”, expresó la exministra.
Por otra parte, la Contraloría, con base en 26 EPS a corte de octubre pasado, afirmó que solo cinco cumplían con reservas técnicas y el faltante era de 12,4 billones de pesos, que deberían estar en bancos, en bonos para poder respaldar la deuda. Esto explica la crisis actual de la salud.
Argumentos falsos
Ante los pronunciamientos de la Supersalud y la Contraloría, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, aseguró que no se han podido resguardar las reservas técnicas porque hay insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación, UPC, o monto que gira el Estado anualmente por cada uno de los ciudadanos.
No obstante, la doctora Corcho expresó que los datos no le dan la razón porque, por ejemplo, Sanitas para 2023 solo tenía en aprovisionamiento en estados financieros de 1,9 billones de pesos y de eso solo 618 mil millones en inversiones de reservas técnicas; el diferencial es el déficit.
Por el contrario, una EPS como Salud Total sí cumplía con las exigencias. “Esa sí tiene reservas técnicas como debe de ser porque lo que tiene invertido en capital líquido es superior a lo que tiene aprovisionado en sus estados financieros. Así debe funcionar una aseguradora”, ejemplificó Carolina Corcho.
Con lo anterior surge el cuestionamiento ¿por qué esta y otras cuatro EPS, según la Contraloría, pudieron invertir y juegan con las mismas reglas de las demás, bajo la misma fórmula de cálculo de la UPC? Con esto se cae el argumento de Acemi, manifestaron los investigadores.
Compensar
Ahora bien, con base en los estados financieros de las EPS y los datos oficiales del Ministerio de Salud para calcular la UPC en 2019 y 2020, se concluyó que hubo presuntos sobrecostos de medicamentos.
El equipo aplicó una técnica de auditoría denominada Análisis del Flujo Efectivo para Validar la Contabilidad de Causación, es decir, un arqueo de caja a las EPS. De acuerdo con los datos de Compensar, en enero de 2020 tenía en una caja de 242 mil millones de pesos. El Estado le entregó, entre 2020-2023, 17,2 billones de pesos y al cierre de diciembre de 2023 el Estado le debía 640 mil millones de pesos.
Sin embargo, al comparar esas cifras con lo señalado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, y el Ministerio de Salud, se encontró que se están haciendo cobros que ya se había dicho que no se pagarían por no estar soportados, que están cerrados y algunos se fueron a litigio.
“Por ejemplo, Sanitas decía ‘Nos deben 700 mil millones’, y Adres dijo ‘No, 6 millones’. Compararon cifras y Adres les demostró que muchas de esas platas son deudas viejas que vuelven a introducir y vuelven a reclamar”, afirmó la exministra.
No obstante, al hacer las cuentas con la información entregada por Compensar, al cierre de 2023 deberían tener en una caja 1 484 653 millones, pero solo tenían 501 691 millones de pesos, es decir, había un faltante de 982 962 millones.
Nueva EPS
Al aplicar el mismo ejercicio a la Nueva EPS, se encontró que al cierre de 2023 recibieron 55 billones de pesos y los pagos realizados en el mismo período fueron de 47 billones; ingresó más de lo que salió. Al cierre 2023 deberían tener 7,8 billones de pesos, y solo tenían 944 mil millones de pesos, faltaban 6,9 y debían 6,3 billones de pesos.
“Llama la atención que esta EPS tiene anticipos por 3,4 billones que se entregaron sin que hayan facturado”, cuestionó Carolina Corcho.
Al ver los estados de las EPS Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Salud Total, Famisanar, Sura, Asmet Salud, Mutual Ser en el período 2020-2023, se encontró un posible faltante de 13,2 billones de pesos.
Acerca de la integración vertical, es decir de que las EPS paguen a sus propias IPS, se encontró que al haber 11 370 IPS registradas, solo 537 concentraron el 81 por ciento del gasto público en 2021, o sea, 60,5 billones de pesos.
Auditoría internacional
De la misma manera, en 2023, 309 concentraron el 76 por ciento del gasto en salud, es decir, 64,8 billones de pesos. Y, al entrar en detalles, las dos que más facturaron fueron la Compañía de medicina prepagada Colsanitas y la Clínica Colsanitas S.A., por lo que surgió la pregunta a órganos de control si se está financiando la medicina prepagada con recursos públicos. La décima IPS que más facturó en 2023 fue Virrey Solís, de Salud Total.
Como si fuera poco, no se sabe con qué precios facturan porque no existe regulación tarifaria y se demoran pagándose a sí mismo, a sus propias IPS, menos de un mes, mientras pagan cada cuatro meses a hospitales públicos.
Finalmente, Proyecto Ciudadano propuso una auditoría forense por parte de una organización internacional seria, que garantice ecuanimidad porque en el sistema de salud hay intervención de la clase política tradicional.
