Apuntes para una transformación del campo

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La nueva política en materia agraria tiene que ayudar a resolver los elementos más sentidos en términos de la democratización de la tenencia de la tierra. Foto Carmela María

El desafío para el nuevo Gobierno es implementar el punto uno del Acuerdo de Paz, donde tendrá que dialogar con las organizaciones y comunidades rurales, para superar las versiones tecnocráticas y garantizar una participación del campesinado

Fabián Briceño

Con la victoria de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico se abre la oportunidad de construir un nuevo proceso de transformación para el olvidado campo colombiano.

Esta nueva política en materia agraria tiene que ayudar a resolver los elementos más sentidos en términos de la democratización de la tenencia de la tierra; consolidación y reconocimiento de las figuras del ordenamiento de las comunidades campesinas, rurales y étnicas; garantías para la producción, circulación y comercialización de los productos campesinos; y apostar decididamente por la implementación del Acuerdo de Paz.

Democratización de la tenencia de la tierra

El país en su historia reciente lleva cuatro intentos de reforma agraria (1936, 1961, 1994 y 2017), los cuales han sido rechazados de manera frontal por las élites latifundistas que no han estado dispuestas en acompañar el proceso de una mínima modernización en términos de la tenencia, debido a su renuencia de pagar impuestos a la renta, además, que se descubra la dimensión del despojo producto de las alianzas con sectores paramilitares con la fuerza pública para favorecer el fenómeno del acaparamiento de tierras durante las últimas tres décadas.

Como muestra de lo anterior, es el gobierno saliente de Iván Duque, el que realizó un proceso de asfixia y de dilatación sobre los elementos gruesos de la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el punto uno del Acuerdo de Paz.

Este proceso requiere de un esfuerzo significativo, por la revisión del entramado burocrático y normativo con la finalidad de permitir la construcción de un inventario sobre la tenencia de la tierra (información catastral y jurídica), incorporación del enfoque social dentro de los instrumentos de recolección, garantizando elementos transversales de acceso masivo a las poblaciones rurales y garantizar el tiempo adecuado para la efectiva atención materializando un enfoque reparador.

Además, este proceso debe construir puentes conjuntos de intervención y de análisis entre la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, con la finalidad de actuar de manera conjunta en los casos, donde se evidencie la existencia masiva de despojo gracias a las afectaciones acontecidas por el conflicto social y armado.

Cambio del paradigma institucional

La Agencia Nacional de Tierras requiere una reestructuración dentro de sus paradigmas, con la finalidad de superar las dinámicas de dilatación, negación y reproducción de la lógica neoliberal, donde prima lo “técnico” sobre el reconocimiento de derechos.

El próximo Gobierno nacional deberá financiar adecuadamente los procesos de atención de manera masiva en los municipios priorizados PDET, además de garantizar una oficina de atención, con plenas garantías de atención en términos de la representación adecuada de la institucionalidad en territorio.

También deberá promover un tiempo adecuado para los procesos de intervención, con la finalidad de garantizar por todos los medios la adecuada atención y análisis de los casos de manera integral con la apuesta de fomentar el efectivo acceso de la población más afectada por el conflicto armado y la no legitimación de los procesos asociados al despojo de tierras.

El nuevo Gobierno deberá promover formas de constitución de las Zonas de Reserva Campesina, las cuales en las últimas cuatro administraciones han estado en un proceso de dilatación permanente, a pesar de inconmensurables llamados realizados por las instancias judiciales. Lo anterior requiere definir también procesos subsidiarios, por ejemplo, las delimitaciones democráticas de los páramos al igual que las sustracciones de las figuras de protección ambiental.

Políticas públicas rurales 

El otro elemento estratégico es la generación de adecuados procesos de intervención dentro del desarrollo de las políticas públicas rurales, lo que requiere una interlocución efectiva dentro de las actuales agencias que existen con fines misionales rurales.

Por lo que se debe pretender que a la par que se avanza en procesos de formalización masiva de los predios rurales, la Agencia de Desarrollo Rural, pueda responder de manera efectiva, el acceso a subsidios que materialicen la permanencia de las poblaciones rurales dentro del campo y la Agencia de Renovación del Territorio, para constituir las condiciones idóneas para la producción y comercialización en las poblaciones rurales y campesinas.

Conjuntamente, se requiere cambiar la legislación existente con la finalidad de garantizar el acceso de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, con el propósito que cada una de las personas accedan al proceso del reconocimiento de los mínimos para su manutención y reproducción de la vida, lo que debe poner fin al proceso de adjudicación inferior a la UAF y así, avanzar en la redistribución de la tenencia de la tierra y acabar la preferencia hacia el microfundio.

En cada paso se requiere robustecer los procesos de participación de las mujeres, como un sujeto de especial protección, además de crear procesos de formación tanto a los funcionarios sobre la necesidad del reconocimiento del derecho de las mujeres y las economías del cuidado.

El otro elemento clave, es el favorecimiento de los procesos de constitución, ampliación y pretensión por parte de los territorios colectivos, ya sea de las comunidades indígenas y los consejos comunitarios, en vía de garantizar un enfoque intercultural, creando procesos de diálogo y construcción conjunta en las zonas donde también se promueve la construcción de las ZRC.

Desde abajo

El reto para el nuevo Gobierno tiene una dimensión gigantesca, la cual debe partir de la interlocución permanente con las organizaciones, procesos y diferentes figuras de las comunidades rurales, superando las versiones tecnocráticas y garantizando una participación plebeya desde abajo.

La tarea no es fácil, ya que se requiere constituir y avanzar en la revisión y consolidación del Fondo Nacional de Tierras (seis millones de hectáreas), constituir el censo de los predios que serían objeto de la Reforma Rural Integral y avanzar en la identificación de los sujetos de especial protección.