Aunque el Gobierno había propuesto 46,5%, la discusión en el Congreso de la República acordó que las transferencias sean del 39,5%
Carlos Fernández
El proyecto presentado proponía llegar a una transferencia de 46,5% de los ingresos corrientes de la nación en el año 2035. Hoy en día, las transferencias dependen de los ingresos que se perciban y no tienen un límite definido. Su nivel actual está en algo más del 20% de tales ingresos. La discusión en el Congreso de la República acordó que el límite superior sea de 39,5%.
Como criterio para distribuir los recursos, el proyecto sugería que estos se distribuyeran, primero, a los entes territoriales y, luego, a los sectores funcionales de la economía, contrariamente a lo que se hace hoy en día. La razón: así se impide que las regiones más ricas sigan recibiendo una mayor parte de estos recursos. Este criterio fue aprobado por el Congreso.
Detrás de cámaras
Enfrascado como está en el problema de la baja en el recaudo de recursos fiscales, la necesidad consecuente de disminuir el presupuesto para el presente año ─lo cual se ha hecho en un monto de algo más de 28 billones de pesos─, la discusión del proyecto de presupuesto para 2025 ─el cual deberá ser aprobado por decreto, pues el Congreso ha manifestado su intención de no aprobarlo─, difícilmente se le podía poner atención a un tema tan relevante en el largo plazo como es la descentralización fiscal. De ahí que, al principio, hubo desconcierto en el Gobierno y se manifestaron opiniones gubernamentales en contra.
Luego, el presidente, el ahora exministro Bonilla y, sobre todo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, decidieron apoyar el proyecto de acto legislativo. El ministro Cristo ha sido el mayor impulsor del mismo en el Gobierno, lo que ha hecho junto con la promoción y promesa de financiación de proyectos de seguridad ciudadana a través del fondo Fonsecon, que maneja el Ministerio a su cargo, mediante los cuales algunos municipios como Villa de Leyva o departamentos como el Valle del Cauca podrán adquirir aparatos de última tecnología para vigilar a cuanta persona o vehículo ingrese o circule en tales territorios. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, propuso a los ganaderos, nuevamente, la creación de frentes de seguridad (léase Convivir).
Lo que dicen los opositores
El proyecto de acto legislativo, hoy aprobado, tuvo una variedad de opositores que, mediante una serie de tecnicismos, intentaron mostrar la enorme inconveniencia para las finanzas públicas que implicaría elevar las transferencias del Gobierno nacional a los territorios.
Personalidades muy ilustres, como exministros y exviceministros de Hacienda y de instituciones muy reconocidas como opositoras a la modificación constitucional como el Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Ambas elaboraron enjundiosos documentos, en los cuales buscaron demostrar que los cambios propuestos al SGP iban a conducir a la debacle las finanzas públicas.
Su argumentación está soportada en proyecciones que se basan en el comportamiento de las variables del Marco Fiscal de Mediano Plazo, expedido en julio del presente año por el Gobierno nacional.
El Banco, por ejemplo, afirma que “es difícil reducir los gastos y aumentar los ingresos del Gobierno nacional central”. Ni el Banco ni el CARF le dan importancia a la necesaria transferencia de competencias que deberá hacer el Gobierno nacional a los territorios ─contemplada en el acto legislativo─, de manera tal que el aumento de los recursos transferidos sea acompañado de una disminución equivalente en el gasto del Gobierno nacional.
La mayor preocupación de ambas instituciones es que el Gobierno incumpla la regla fiscal, que se ha vuelto el coco de muchos que quieren impedir varios de los cambios que propone el actual Gobierno.
El camino luego de la reforma constitucional
El acto legislativo aprobado ordena que, en un lapso no mayor a seis meses, el Gobierno nacional presente un proyecto de ley de transferencia de competencias a los territorios.
Aunque la lógica indica que se debió empezar por esta propuesta de ley, hay que celebrar que la reforma constitucional aprobada obligue a que el Gobierno la proponga. Pero, además, el Gobierno debe aprovechar el momento para hacer una propuesta de descentralización que los poderes ejecutivo y legislativo deben a los territorios desde la promulgación de la Constitución de 1991. Se dispone de una propuesta importante, como son las recomendaciones de la Misión de Descentralización, que presentó su informe final en julio del presente año.
Llama la atención que, en medio de la discusión de esta reforma constitucional, no se haya hecho mención de este informe. Hay que esperar que, en lo que sigue, el Gobierno apele a estas recomendaciones para iniciar un auténtico proceso de descentralización, que incluye los cambios en el SGP, en el Sistema General de Regalías, en la estructura institucional del Estado y otras modificaciones.
Un nuevo contrato social
Todo lo que tiene que ver con la consecución de recursos y su utilización por el Gobierno nacional y por los gobiernos territoriales, va más allá de los aspectos económicos de las finanzas públicas.
Se requiere establecer un pacto político, mediante el cual regiones y Gobierno nacional acuerden un nuevo contrato social entre los ciudadanos y su Estado, de forma tal que los primeros asuman su obligación de contribuir a la financiación del segundo, y este realice las inversiones que los primeros requieren para disminuir la informalidad y la desigualdad. Esto sólo se logrará si se disminuyen las brechas de desarrollo entre las regiones y, también, las enormes diferencias entre los detentores del capital y los poseedores de la fuerza de trabajo, muchos de los cuales viven por fuera de la formalidad.
