La expectativa es que el Gobierno convoque a extras para aprobar en la plenaria de Cámara y Senado la ley ordinaria de jurisdicción agraria y rural. La reforma laboral y a la salud son prioridad para lo queda de legislatura
Simón Palacio
@Simonhablando
En la esquina suroriental de la Plaza de Bolívar cerca de cincuenta personas esperan con paciencia la pegatina que les permitirá caminar por los hermosos pasillos del Capitolio Nacional.
La tarde soleada es acompañada por los rostros de nuestra Colombia mestiza. Los bastones campesinos, los colores vivos de las comunidades negras y los símbolos de los pueblos indígenas en resistencia, terminan diferenciándose del característico estilo acartonado de las personas que transitan con mayor regularidad por el Congreso de la República.
La convocatoria la respalda el senador Iván Cepeda Castro, ya que en el Salón de la Constitución se presentarán las principales conclusiones de la ‘Caravana humanitaria: por la vida, la paz y la permanencia en el territorio’.
Durante los meses de julio y agosto de 2024 distintas organizaciones sociales que participan activamente en la mesa de diálogo ente el Gobierno nacional y el ELN, pudieron evidenciar lo que ocurre en el oriente antioqueño, el sur de Bolívar, Arauca, Chocó y Cauca.
Hacen presencia en el Congreso porque los hallazgos dan cuenta de una crisis humanitaria para las comunidades que habitan estas regiones, siendo la denuncia más delicada la nueva reconfiguración del paramilitarismo en los territorios.
Una discusión de clase
De manera simultánea, pero en el Salón Elíptico, se reúnen las comisiones primeras de Cámara y Senado. El propósito es avanzar en la aprobación del proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria y rural, iniciativa clave para los objetivos estratégicos que tiene el Gobierno nacional.
En su intervención la ministra de Agricultura Martha Carvajalino precisó que en la modificación del artículo 12, el Gobierno nacional ratificó la voluntad de tranquilizar a quienes ejercen el derecho sobre la tierra, además destacó el acuerdo alcanzado en la administración de las tierras como una posibilidad para avanzar en un ordenamiento en armonía con la naturaleza. Acompañan a la joven funcionaria el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y su homologa de Justicia Ángela María Buitrago.
A renglón seguido y con el protagonismo de las secretarias de las comisiones, se da una clásica votación legislativa. Mientras el senador liberal Alejandro Chacón va anunciando modificaciones y cambios en el articulado, el representante Gabo Becerra y su equipo parlamentario se mueven de lado a lado, con papeles en mano, para avanzar en el sufragio.
“En esto de la Jurisdicción Agraria ha quedado en evidencia una autentica discusión de clase. Nadie niega el alto nivel que ha planteado la senadora Paloma Valencia como representante de los terratenientes y hacendados. Pero gracias al conocimiento, casi que enciclopédico, que tiene la ministra Carvajalino sobre el problema rural, el debate ha logrado tomar un rumbo favorable”, me cuenta uno de los principales asesores sobre el tema.
La conclusión es que todos los sectores saben que el país necesita la jurisdicción. Un ejemplo de ello es que Paloma vota sí, secundada por la ambientalista del capital Julia Miranda, representante del Nuevo Liberalismo. En esa tarde se aprobaron 75 artículos a la espera tan solo de dos acápites, donde hay pequeños disensos.
El caso Carreño
Por los pasillos del Congreso se susurra sobre el reciente escándalo que compromete al senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño. El parlamentario es famoso por su gorra con la palabra “Veterano”, símbolo de sus 22 años como miembro activo de la Policía Nacional.
La noticia es que la Fiscalía judicializó a Juan Camilo Forero Agudelo, abogado y asesor de la UTL de Carreño, acusado de sobornar al subdirector de la Policía Nacional, general Nicolás Alejandro Zapata.
Según la Policía, el presunto soborno orquestado por Forero Agudelo sería de 3.500 millones de pesos y estaría relacionado con la adjudicación de un contrato de 120 mil millones de pesos para una póliza grupal de amparo para miembros de la institución policial. Una vez rechazó la propuesta, el general Zapata interpuso la denuncia. Si bien el ente acusador dejó en libertad al implicado, el expediente sigue abierto.
El caso de Carreño, quien ha negado cualquier relación con el supuesto ilícito, ha pasado de agache en la agenda nacional. En el Congreso se habla del tema, eso sí, con voz bajita y a manera de chisme.
Balance aceptable
El conveniente silencio frente al caso de Carreño evidencia que en los pasillos del Capitolio sigue mandando la derecha. “Si bien es cierto lo que dice la senadora María José Pizarro, que en este periodo el Congreso se ha democratizado, las dinámicas no han cambiado mucha. Mientras estos sectores de derecha imponen agenda, en alianza con el centro que se arrima al árbol que más de sombra, la bancada del Pacto tiene problemas de coordinación y de técnica legislativa”, me confiesa una asesora experimentada.
De hecho, el balance del 2024 es apenas aceptable. Las noticias positivas sin duda fueron la aprobación de la reforma pensional, el avance a tercer debate en Senado de la reforma laboral (que seguramente será discutido en el primer semestre del 2025) y el resurgimiento del proyecto para cambiar el sistema de salud, que al cierre de esta edición, se estaba discutiendo en segundo debate de la plenaria de Cámara.
“Sin embargo, en este año pasaron cosas como el fracaso de la ley que reglamentaba la educación como derecho fundamental o la ‘embarrada’ con el Presupuesto General de la Nación, que si bien tiene una discusión compleja de fondo, existieron fallas en las formas, se pasaron los tiempos y finalmente la única salida es que fuera decretado”, comenta la misma fuente.
Cae la tarde y llega la noche. La Cámara de Representantes sigue trabajando, mientras el Senado descansa. La expectativa es que el presidente Gustavo Petro convoque a extras la siguiente semana para que las plenarias de las dos corporaciones aprueben en último debate la ley ordinaria de jurisdicción agraria.
La duda es si pasará lo mismo con la ley de financiamiento. Todas las voces consultadas coinciden en que no hay mucho ambiente para martillar esa compleja discusión y menos comenzando un diciembre, que ya amenaza con su tradicional alegría.
