Las organizaciones que han habitado históricamente la región se han reactivado con el propósito de participar en la configuración de un nuevo ordenamiento territorial, que garantice los derechos del campesinado y defienda el territorio
Carlos A. Morales
La Coordinadora Campesina de Sumapaz y Cruz Verde surgió como respuesta a la delimitación que en el gobierno de Iván Duque se quiso imponer sobre el complejo del páramo Sumapaz Cruz Verde, siendo un escenario de articulación que hoy recoge alrededor de 51 organizaciones campesinas en una región que históricamente ha luchado por los derechos del campesinado, el acceso a la tierra y la defensa del territorio.
La región de Sumapaz alberga el ecosistema de páramo más grande del mundo, siendo estrella hídrica que abastece de agua a Bogotá, municipios de Cundinamarca y el Meta, y alimenta a ríos como el Magdalena y Orinoco. Este entorno logró conservarse gracias a las luchas campesinas por el derecho a la tierra, las cuales frenaron el avance de la frontera agrícola de los grandes terratenientes que proyectaban convertir a Sumapaz en un gran potrero.
Las dinámicas propias de la cultura campesina y su economía familiar fueron las que estabilizaron la frontera agrícola bajo la lógica no acumulativa de no utilizar más tierra de la que se necesita para generar sus medios de vida.
El cuidador natural del ecosistema
En 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la Resolución 1434 delimitó el complejo de páramo Sumapaz y Cruz Verde, trazando una línea imaginaria bajo unos criterios de altura que supuestamente definen la zona de páramo. Este proceso no contó con la participación de las comunidades campesinas que circundan dicho ecosistema, produciendo conmoción sobre los impactos negativos en las prácticas tradicionales agropecuarias y del ordenamiento en el territorio.
Bajo este escenario se reactivó la organización campesina en el Sumapaz, la cual históricamente había tenido una perspectiva regional, la cual fue desarticulada a través de la violencia y la persecución, quedando reducida a expresiones locales. Así en agosto del año 2019, la Coordinadora Campesina de Sumapaz y Cruz Verde interpuso una tutela firmada por 447 personas, alegando la violación a los derechos de participación en materia ambiental, a la igualdad, el trabajo y mínimo vital.
Esto no en contra de tomar medidas por la protección del páramo del Sumapaz, sino por lo arbitrario que fue su proceso, al desconocer al campesinado como cuidador natural de dicho ecosistema.
La organización campesina logró tumbar la delimitación impuesta y el Juzgado 40 le dio la orden al Ministerio de Ambiente de realizar un proceso de participación real para las comunidades campesinas afectadas, logrando la delimitación en plazo de un año. Sin embargo, en el gobierno del expresidente Iván Duque este proceso no logró avanzar.
Entre tanto se tuvieron que pedir varias prórrogas sin lograr muchos avances, el Ministerio no concertó la metodología de participación, no dispuso de los recursos suficientes para que las comunidades se pudieran enterar del proceso. De hecho, la impresión dentro de la comunidad campesina es que se quería hacer de la participación un saludo a la bandera.
Esto llevó a que la Coordinadora Campesina definiera unos mínimos para participar en el proceso de delimitación. Entre estos, que el Ministerio de Ambiente entendiera que el espacio de Mesa de Interlocución no es el proceso de participación, sino una instancia para hacer seguimiento al fallo del juzgado 40. Es decir, no es el espacio de concertación con las comunidades campesinas.
La asamblea
Así se exigió el cumplimiento de las siete etapas definidas por la Corte Constitucional para la participación, expuestas en la sentencia T-361 de 2017, definiendo unos mecanismos claros para que este ejercicio ciudadano tenga una real incidencia.
La propuesta hecha parte del reconocimiento de las comunidades bajo un enfoque campesino, como sujetos de protección especial, y la definición de conceptos que la misma norma no aclara y donde en términos reales pueden estar en juego los derechos del campesinado habitante de páramo.
En su última Asamblea, realizada el 4 y el 5 de diciembre del 2021, la Coordinadora Campesina tomó varias definiciones importantes. La primera, la organización campesina no está de acuerdo en cómo el Ministerio de Ambiente, hasta el momento, venía realizando el proceso de delimitación, y en este sentido exigen las garantías plenas para el derecho a la participación del campesinado, como de aquellos derechos que garanticen la permanencia en el territorio bajo sus tradiciones y prácticas culturales campesinas.
En segunda instancia, el reconocimiento de las formas de ordenamiento territorial campesino, desde el impulso de procesos de constitución de Zonas de Reserva Campesinas a nivel regional, como estrategia que permita avanzar en la protección del páramo y de sus cuidadores tradicionales, el campesinado.
Y tercero, asumir la consigna de la transformación productiva hacia la agroecología y una economía solidaria campesina fuera de las lógicas impuestas históricamente por el capital y el Estado colombiano basadas en la explotación del trabajador rural y la destrucción de la tierra.
Ordenamiento territorial campesino
Todo esto en el marco del reconocimiento a otras amenazas que asechan sobre el territorio. En los últimos tiempos el campesinado ha tenido que vivir una arremetida institucional con la actualización de Planes de Ordenamiento Territorial en Cundinamarca y Bogotá, en planes de manejo en cuencas y en el Parque Nacional Natural, así la conformación de la nefasta Región Metropolitana, la decisión política del anterior gobierno de no constituir y desfinanciar las Zonas de Reserva Campesina, y la militarización del territorio.
Se ha configurado un escenario de despojo producto de figuras que se traslapan y asfixian la economía y cultura campesina, donde Sumapaz es percibida exclusivamente como una fuente de agua para el desarrollo de proyectos urbanísticos, industriales y agroindustriales anclados en la sabana de Bogotá.
Por eso, hoy la Coordinadora Campesina espera que el nuevo gobierno atienda a las comunidades que habitan el territorio. Ya la ministra del Medio Ambiente Susana Muhamad los escuchó directamente y se mostró abierta al diálogo para la delimitación del páramo, con el propósito de armonizar un ordenamiento territorial campesino, con las Zonas de Reserva Campesina y con el derecho histórico de los campesinos que han vivido en Sumapaz mucho antes de 1977, fecha en la que fue reconocido como Parque Nacional Natural.
