7 de agosto, el cambio se hace realidad

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Celebración alborozada del triunfo electoral el pasado 19 de junio, en el Movistar Arena de Bogotá. Foto Nelson Cárdenas

Este 7 de agosto viviremos un grande y nuevo momento histórico. La posesión del gobierno encabezado por Gustavo Petro será única, pues se romperá la ceremoniosidad de un evento político típicamente elitista. La sociedad colombiana ha sido convocada a las calles y plazas. La transmisión de Mando Presidencial se convertirá, por primera vez en nuestra historia, en una desbordante fiesta popular multirracial.

Y es que son muchas las razones para celebrar, ya que no solo daremos inicio al primer gobierno popular de izquierdas, sino que además el 7 de agosto marcará el fin del que tal vez sea hasta ahora el peor gobierno que ha tenido que soportar, con gran resistencia, el país. Y es que a Duque despilfarrando el erario en publicidad para ocultar los desastres que deja su Gobierno, le será imposible esconderlos.

Luego de cuatro años, Duque entrega al país con un déficit fiscal de 83 billones de pesos, el más alto en más de un siglo, el cual es resultado en buena medida del saqueo de los recursos públicos, que se expresó no solo en el robo descarado de los dineros para las telecomunicaciones y la paz, sino también en el uso de nuestros dineros para subsidiar a los más ricos, como Sarmiento Angulo, en tiempos de crisis.

Y como ni siquiera tiene sensatez ni dignidad, Duque pretende seguir aprovechando los pocos dineros públicos que deja amarrando cargos y contratos para sus amigotes en notarías y otros entes estatales, para garantizarles a los cómplices de sus fechorías beneficios vitalicios.

Además, el Centro Democrático entrega una moneda devaluada y una alta inflación. Claro está, este fenómeno debe explicarse en la situación global, pero sin olvidar que se agudizó por la negligencia de los funcionarios que dirigen el Banco de la República y, además, guiados por el dogma neoliberal, decidieron sentarse a ver cómo los precios subían sin más, llevando a que uno de cada cuatro hogares en Colombia no tengan recursos para comer tres veces al día.

Y por si fuera poco, el presidente más joven de la historia, sumió al país en una nueva ola de violencia, que hasta ahora ha causado el asesinato de más 300 líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Y aunque Duque basó sus promesas de campaña en la seguridad, este 2022 la Policía y el Ejército han mostrado máxima ineptitud para encarar la violencia paramilitar y mafiosa, lo que contrasta con la brutalidad y sevicia con que actuaron el año pasado para reprimir a los jóvenes, mujeres y hombres que se movilizaron para reclamar justicia social y denunciar la descarada corrupción.

El Pacto Histórico afronta un gran reto: disminuir el déficit fiscal que limita las posibilidades de implementar los cambios prometidos por el Programa de esta alianza y que la crisis económica y humana del país demanda. Esas son las razones que justifican los 15 proyectos que pronto se presentarán al Congreso de la República, los cuales es necesario que sean aprobados por tarde el 30 de noviembre.

Entre los proyectos se destacan la creación de los ministerios de Igualdad y Paz y Convivencia (del cual dependería la Policía Nacional), la reforma al proceso de ascenso en las Fuerzas Militares, la prohibición del fracking y la política de transición energética. Proyecto de singular importancia es el la Reforma Tributaria ya que su aplicación proporcionará los recursos económicos para financiar los cambios económicos sociales.

En el campo político, estarán la reforma al Congreso y al sistema de regalías; y frente a la política social se deberán tramitar las reformas a la cuestión agraria, a la educación y la Ley contra el hambre.

Los temas más sensibles y urgentes en este momento son los relativos al problema fiscal y tributario, la reforma agraria, el problema de la paz y la construcción de una diplomacia que promueva la paz y el entendimiento en nuestra región y supere los errores cometidos en las relaciones exteriores del Gobierno anterior.

Necesitamos recabar recursos para poner en marcha el gasto social, y ello solo podrá conseguirse con una reforma tributaria que grave a las personas más ricas.

En cuanto a la paz, se deberá garantizar el cumplimiento de lo pactado en La Habana y abrir negociaciones con el ELN y la insurgencia que mantiene su accionar; dicha negociación deberá partir de los avances conseguidos previamente por el gobierno Santos.

La apuesta por la salida negociada deberá complementarse con una diplomacia para la paz, que se inicie con la restitución de relaciones con Venezuela y el reconocimiento de su legítimo gobierno, encabezado por el presidente Maduro.

Ahora, lo claro es que estas reformas, ante las cuales el uribismo y demás fuerzas reaccionarias acudirán a cualquier medio a su alcance para frenarlas, no serán un simple trámite parlamentario. Deberán contar con el apoyo activo del pueblo. Por eso se deberá lograr la unidad sindical y de las fuerzas populares para acompañar al Pacto Histórico en su acción de gobierno. El apoyo del pueblo a las reformas, en algunas coyunturas, requerirá las movilizaciones masivas pacíficas en todas las ciudades del país.