Editorial 3240
La Asamblea Nacional y Popular por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, constituyó un éxito, sobrepasó las expectativas y ayuda a fortalecer el movimiento social y popular en lucha. Los procesos, asambleas, reuniones y decisiones muy importantes han sucedido en lo que va corrido de este mes, todas estas acciones están conectadas con las negociaciones, las mesas, los encuentros y desencuentros en el marco del proceso de Paz Total liderado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pero, ¿avanzamos? El ELN no da señales de volver a la mesa, la delegación del Gobierno para esta negociación con la insurgencia hace malabares y, al parecer, los argumentos se agotan para convencer al grupo guerrillero de retomar el camino del cese al fuego y la continuidad de los diálogos.
El presidente Petro recientemente aprobó el Decreto 369 del 13 de septiembre de 2024, “Por la cual se autoriza la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado autodenominado Comuneros del Sur”. Aunque se esperaba que esta medida aclarara y delimitara la situación, y vista la actitud asumida por el ELN en relación con el asunto parece agravar aún más la ya crítica situación de la mesa de negociación con esta guerrilla.
Iris Marín, defensora del Pueblo de Colombia, afirmó en el diario El País de Cali que “Las negociaciones de paz no han mejorado la situación de vida de la gente (…) ninguna desmovilización o acuerdo será sostenible si el país mantiene sus altos niveles de desigualdad”.
Debe avanzarse en lo establecido por el presidente Gustavo Petro en este decreto que es “La mesa de diálogos de paz estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades y afectaciones a población civil y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz del grupo armado en mención”.
El panorama general, según la realidad de los territorios, muestra que la guerra ha alcanzado niveles de brutalidad y ferocidad sin precedentes, especialmente contra los líderes y lideresas ambientalistas, de tierras, de derechos humanos, de izquierdas y progresistas. Hoy, estos valientes defensores y defensoras ahora enfrentan una gran incertidumbre para intentar identificar quién es el interlocutor. Las claras diferencias entre grupos paramilitares de derecha en la guerra, antes del acuerdo de La Habana, se han vuelto difusas. Como expresan los y las campesinas en los territorios: “uno se abstiene de hablar o actuar porque no sabemos de dónde vendrá el tiro”. En palabras de analista de la paz, “al campesino y la campesina les toca hoy moverse en aguas más turbulentas que las de antes del 2016”.
Los acercamientos con la Segunda Marquetalia avanzando, aunque de manera lenta. La situación con el denominado Estado Mayor Central es completamente negativa y continúa deteriorándose. El diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra nevada apenas ha comenzado, y predominan más las incertidumbres sobre las certezas. En cuanto a las disidencias lideradas por alias Calarcá, se realizan avances a través de mesas locales, como la reciente establecida en el Meta con el bloque Jorge Suárez Briceño, sin embargo, estos avances están marcados por tensiones debido a confrontaciones en el Cauca, en medio de una grave crisis humanitaria.
A pesar de este panorama complejo y agravado, seguimos apoyando la política de Paz Total. Sin embargo, ¿no será el momento de considerar un timonazo radical? ¿Sería prudente y eficaz reducir el número de mesas de negociación a dos o tres, para aprovechar los recursos y las capacidades del Estado y del Gobierno y así lograr resultados concretos para las comunidades en los territorios?
