La falta de liderazgo en el Viceministerio de la Diversidad y la desarticulación interinstitucional es notoria. Es necesario adoptar un decreto presidencial para fortalecer la política, con un plan de acción 2024-2026 y un CONPES. Se debe priorizar la implementación de los Acuerdos de Paz en zonas afectadas por el conflicto y fortalecer el movimiento LGBTIQ+
Alicia Perea
Desde hace diecisiete años, el Colectivo León Zuleta se ha consolidado a nivel nacional como un grupo de personas disidentes de la sexualidad normativa y de los mandatos de género, desde un enfoque marxista de la sociedad, como un colectivo para el estudio, la reflexión, la acción, la intervención, la producción artística y de pensamiento sobre la emancipación humana y liberación de la sexualidad, aportando a la construcción de sujetos sociales y políticos en el movimiento social LGBTIQ+, para una sociedad sin exclusión social, libre de discriminación y explotación.
Nos llamamos Colectivo León Zuleta haciendo homenaje a quien desde una perspectiva radical y antisistémica fuese uno de los referentes obligados del movimiento de liberación homosexual colombiano, pionero en el discurso y que se declaraba a sí mismo como “sexo-izquierdista”: León Benhun Zuleta Ruíz, asesinado el 23 de agosto de 1993. Nuestro colectivo ha estado vinculado históricamente a procesos de convergencia y unidad de las distintas fuerzas políticas, alternativas, populares y comunitarias para la construcción de la paz con justicia social, la transformación de las más profundas estructuras que sostienen inequidades y desigualdades. Como parte del Pacto Histórico y del Frente Social, Político y Amplío LGBTIQ+, impulsamos con otros procesos organizativos la campaña “Petro presidente y Francia vicepresidenta” con la mayor vehemencia y convicción política.
Por ende, tenemos la autoridad política, ética y revolucionaria de acompañar todas las reformas sociales como parte esencial del cambio, así como también de develar los problemas que imperan en el gobierno nacional, afectando la garantía de derechos de las personas sexualmente disidentes.
Pasos de caracol
A casi dos años de la llegada del Gobierno del Cambio se profundiza la preocupación generalizada por la lenta implementación de la Política Pública Nacional LGBTIQ+ – PPNLGBTIQ+, a pesar de los múltiples pronunciamientos frente a la creación de una nueva institucionalidad en el Ministerio de la Igualdad, que permitiría un mayor desarrollo institucional.
No es justificable que el Viceministerio de la Diversidad no cuente con un nombramiento responsable de direccionar política y estratégicamente las acciones afirmativas institucionales en la defensa y la protección de derechos humanos para nuestra población.
Lamentable es la desarticulación interinstitucional entre las entidades del Gobierno Nacional y la débil articulación con las entidades territoriales para fortalecer los procesos institucionales de garantías de derechos por la ausencia de un liderazgo técnico en el Gobierno. Sin mencionar las tensiones que se evidencian entre servidoras y servidores públicos, extrapolando prácticas egocéntricas, caudillistas e individualistas distantes del movimiento social.
El diálogo y la planeación
Existe una gran inquietud por los costos políticos de no avanzar consistentemente en desempantanar nuestra PPNLGBTIQ+, para lo cual le proponemos a nivel de fortalecimiento institucional, adoptar urgente un Decreto Presidencial de la misma para la derogación formal del Decreto 762 del 2018 y que aclare las confusiones misionales generadas por la expedición de actos administrativos que evidencian descoordinaciones institucionales. Este decreto presidencial debe operativizarse con la elaboración inmediata de un plan de acción 2024-2026 y en perspectiva un CONPES que sirva de marco a un Plan de Acción decenal.
Es inadmisible que con diversos espacios de diálogo e interlocución generados en el año 2023 no se cuente con un direccionamiento técnico claro para ese propósito. Algunos de estos espacios han sido encuentros regionales, encuentros zonas PDET, la Convención Nacional LGBTIQ+, el PMU Trans, entre otros.
Todos los esfuerzos deben encaminarse a la implementación de los indicadores de Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz y las iniciativas PDET. En particular, los relacionados con la población LGBTIQ+. Es inaudito que exista un déficit altísimo de implementación de los Acuerdos de Paz con el movimiento social. Por ello, la estrategia de priorización y focalización territorial de la intervención deben primar zonas PDETS, las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y los territorios definidos en los nuevos procesos de paz y negociación.
Se requiere impulsar una estrategia efectiva para el fortalecimiento del movimiento social desde sus múltiples diversidades e interseccionalidades. El Movimiento social LGBTIQ+, ha elaborado una propuesta de Sistema Nacional de Participación LGBTIQ+, el cual debe ser insittucionalizado e implementado, y como parte de este, es necesario convocar la Segunda Convención Nacional LGBTIQ+.
Urge salvar vidas, por lo que es indispensable impulsar un programa de prevención y protección a lideresas, líderes, defensoras y defensores de Derechos Humanos que contenga medidas reales y efectivas concertadas para la protección colectiva y el fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección comunitaria propio.
“Nadie ha dicho que iba a ser fácil”, pero tampoco podemos darnos el lujo de desaprovechar este momento histórico.
