Para un dirigente sindical y un analista económico, son necesarios salarios dignos que permitan mayor capacidad de consumo. El Gobierno debe seguir frenando la desaceleración económica y recuperar niveles de industrialización
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
El 28 de noviembre inicia el tira y afloja en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la discusión sobre los puntos a reajustar en el Salario Mínimo Legal Vigente para 2024.
La ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez se mostró optimista de poder llegar a un acuerdo: “Esperamos concertar un salario mínimo para mantener el poder adquisitivo de las y los colombianos”.
A la vez, MinTrabajo informó que los parámetros económicos a tener en cuenta en esta negociación serán: el IPC y el PIB causado y el proyectado para el próximo año, el índice de productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
“Trabajamos con la estadística de la inflación del 30 de noviembre, pero desde luego empezaremos antes para ir haciendo con la mesa de concertación los estudios preliminares, que nos permitan tener unas reflexiones mucho más profundas, allí tendremos la posibilidad de escuchar la propuesta de los empresarios, sus análisis, lo mismo la de los trabajadores, llevaremos la academia y desde luego el Gobierno también hará sus análisis y desde allí esperamos concertar un salario mínimo que nos permita mantener el valor adquisitivo que este año ha sido una muy buena apuesta y avanzar para que efectivamente Colombia no sea tan impactada ni por la inflación ni por las tasas de interés”, explicó la jefe de esta cartera ministerial.
La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales está conformada por las centrales obreras y las organizaciones de pensionados, el sector empresarial y el Gobierno nacional, y es la encargada de, entre otras cosas del mundo laboral, fijar el salario mínimo cada año.
La puja inició
Por su parte, meses atrás el viceministro de Hacienda Diego Guevara había afirmado: “Con una alta inflación, no tenemos duda de que el aumento estará en dos dígitos”, con lo que se concluye que el reajuste salarial sería mínimo de 10%. Inmediatamente, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, manifestó que este no debería ser de más de 9%.
Hay que recordar que el Mínimo sin auxilio de transporte está en 1.160.000 pesos, por lo que un incremento de 10% lo dejaría en $1.276.000. No obstante, para los trabajadores las cuentas sobre el reajuste son otras.
VOZ consultó con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT: “Estamos discutiendo entre nosotros, estamos realizando estudios económicos y sociales, estamos estudiando el impacto de variables, especialmente del empleo y la inflación y vamos a llegar a un acuerdo para presentar la propuesta unificada. De antemano, podemos decir que el aumento debe ser de dos dígitos”.
Agregó que la propuesta de los empresarios, de incrementar en un dígito, es inviable porque el reajuste estaría por debajo de la inflación causada y que en las discusiones es la productividad laboral, no la factorial la que debe tenerse en cuenta.
“No sería suficiente con un buen aumento en el salario mínimo si no se controlan los aumentos de muchos de los bienes y servicios que se alzan indiscriminadamente, por lo que se tragaría dicho aumento. Por eso, vamos a la comisión también a hablar de regulación de precios. Estamos muy interesados en que se reduzcan las tasas de interés y que las tarifas de los servicios públicos y los combustibles sean regulados por el Estado, para que no impacte negativamente lo que se ha ganado en el aumento salarial”, anotó el presidente de la CUT.
Productividad
Por otra parte, para el economista y analista, Mario Osorio, luego de establecerse la inflación viene la discusión acerca de cuánto se les paga a los trabajadores por productividad: “La productividad no es que esté aumentando mucho, según las cuentas de los empresarios y el Gobierno, porque estamos en proceso de desaceleración económica, sin embargo, habría que mirar cómo están las ganancias de los empresarios. Es cierto que el pequeño comercio y la pequeña y mediana industria están con dificultades, porque la desaceleración los ha afectado más a ellos”.
Osorio coincide con Arias en la importancia del control de los precios de los combustibles para que no haya afectación en el poder adquisitivo de los salarios: “Es evidente que el aumento salarial del año pasado ayudó con el impulso a la demanda, pero en este momento hay una disminución lenta de la inflación, porque el Gobierno, con toda razón, tuvo que subir los precios de la gasolina y desestimuló la producción de petróleo y carbón. Esto muestra que las otras medidas que se han venido tomando para bajar los precios de los alimentos o, por lo menos, para que no crezcan tanto, han tenido un nivel de eficacia”.
Pese a lo cual, comenta que para 2024 la situación se dificulta, en la medida en que hay que subir el precio del diésel, lo que afectará los costos y la capacidad de compra en momentos de desaceleración de la economía. Esto convierte a la reactivación en un gran reto gubernamental con temas como la reindustrialización, donde no ve avances más allá del discurso.
Salarios e ingreso nacional
Asimismo, Osorio cree que se debe ver lo que sucede en materia de políticas agrícolas, porque aunque hay disminución de precios de los alimentos estos siguen siendo altos. Y, revisar los programas y los subsidios para vivienda.
“El tema del salario es aparentemente muy simple, es una pelea entre si yo como empresario gano más, pago menos; pero si tú como trabajador me arrancas un salario mayor, yo gano menos. Por eso es importante que el Ministerio introduzca el tema de la participación de los ingresos de los trabajadores en el ingreso nacional, porque significa no permitir que sigan perdiendo participación en este. Si el ingreso nacional es 100, los empresarios se llevan el 60, los trabajadores el 40, no se debe permitir que esa participación baje, se puede aumentar, que suba y que los empresarios sacrifiquen una parte de sus ganancias”, señala el economista.
Cae el dogma
Por ahora, las partes acomodan sus propuestas y argumentos para llegar a la mesa. El Gobierno escuchará, hará proposiciones y espera llegar a un acuerdo como en 2022; los empresarios buscarán reducir costos laborales y los trabajadores, recuperar el poder adquisitivo que por años han perdido sus mesadas.
Ahora bien, para muchos es claro que el argumento que se sostuvo por parte de los anteriores gobiernos y los empresarios, para negar a la clase trabajadora reajustes acordes con la realidad económica, empieza a caerse. Por décadas arguyeron que si se aumentaban mucho los salarios se produciría inflación y desempleo, y la realidad económica actual demuestra que con el incremento de 16% para 2023, no sucedió ni lo uno ni lo otro.
Para el profesor Mario Osorio, aunque la experiencia apenas lleva un año, el dogma neoliberal puede no ser tan cierto, tan evidente, “es una prueba en la práctica de lo que nosotros discutimos teóricamente. Obviamente, aumentos exagerados provocarán quiebras a nivel de pequeños y medianos productores, por lo que debe haber una política diferenciada”.
Por su parte, el presidente de la CUT coincide en expresar sobre el mismo tema que, “esos argumentos de los empresarios han sido refutados con lo que ha sucedido este año”.
