La defensa del derrocado presidente Pedro Castillo ha insistido en que el anuncio de cierre del Congreso, el 7 de diciembre de 2022, constituye un recurso constitucional, cuando el órgano legislativo se opone de forma reiterada a las iniciativas legales del Ejecutivo
Redacción Internacional
El expresidente del Perú, Pedro Castillo, irá a juicio en los próximos días. Así lo definió el pasado mes de septiembre el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al rechazar un pedido de la defensa del imputado para que el proceso fuera archivado por falta de méritos.
La decisión del órgano de juzgamiento no solo desestimó el pedido de Castillo, sino que confirmó la imputación de cargos por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. De acuerdo con el pliego de cargos, los delitos se configuraron en el momento en que Castillo, en ejercicio de sus funciones presidenciales, anunció el cierre del Congreso, dado que sistemáticamente este órgano legislativo se oponía a varias iniciativas legales del ejecutivo.
La Fiscalía de la Nación solicita, por estos cargos, una pena de 34 años de prisión contra el expresidente. También penas de 25 y 15 años de cárcel contra Betssy Chávez y Aníbal Torres, respectivamente, quienes fueron los últimos titulares del Consejo de Ministros bajo la administración de Castillo.
Acusaciones infundadas
Hace dos meses, el expresidente Castillo asistió a una diligencia ante la Fiscalía General de la Nación para defenderse de las acusaciones de presunta corrupción. En esa ocasión, se negó a responder el interrogatorio, en ejercicio de su derecho a guardar silencio.
Concluida la diligencia, Castillo dijo a los periodistas: “Le he dicho a la Fiscal que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia”. Al comentar el hecho de que se le mantiene bajo detención preventiva para evitar el riesgo de fuga, comentó: “Nunca pretendí fugarme del país y nunca cometí un golpe de Estado”.
La defensa de Castillo ha insistido en que el anuncio de cierre del Congreso, el 7 de diciembre de 2022, es un recurso constitucional del presidente de esa nación suramericana, cuando el órgano legislativo se opone en forma reiterada a las iniciativas legales del ejecutivo, convirtiéndose en un palo en la rueda en la ejecución del programa de gobierno por el cual fue elegido en forma mayoritaria, que es lo que sucedió con la administración de Pedro Castillo.
El verdadero golpe
En este sentido, la defensa argumenta que, si se puede hablar de golpe de Estado, este fue propiciado por las fuerzas de derecha contra el presidente constitucional de ese país, que incluso llegaron al desafuero y nombraron a Dina Boluarte como presidenta encargada, a pesar de que Castillo aún no había sido ‘destituido’.
Como se recordará, la destitución de Pedro Castillo provocó una oleada de indignación popular, con movilizaciones masivas de sectores indígenas, campesinos y populares en repudio a la designación de Boluarte. Este descontento masivo resultó en la muerte de manifestantes y el encarcelamiento de varios centenares de ellos, además del rechazo ciudadano hacia las instituciones políticas peruanas.
Ningún país de América Latina presenta mayores índices de insatisfacción con la democracia y sus instituciones que Perú. A pesar de años de crecimiento económico, muchos peruanos viven en condiciones de pobreza extrema y de inseguridad social.
Insistir en las reformas
Estas manifestaciones de desigualdad social persisten con fuerza y son una razón de los recurrentes quiebres en la institucionalidad peruana. Hace unas semanas, y ante una demanda del gremio de los transportadores, que realizaron un paro general, el gobierno de Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley que tipifica como terrorismo urbano las extorsiones, que se han generalizado por parte de bandas criminales.
Lo grave es que, para combatir un problema de delincuencia común, se acude a una norma de excepción que extiende el estado de emergencia a varias regiones y restringe los derechos ciudadanos.
Para estabilizar la política peruana, analistas destacan la necesidad de reconstruir el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones del Estado, moderar el tono a la pugnacidad política y sentar las bases para profundas reformas sociales de contenido progresista, justamente las que defendió Pedro Castillo durante su administración.
