Retorna el Frente Amplio y se respira un nuevo ambiente en el Cono Sur
Prieto Lora Alarcón
De 1973 a 1985, Uruguay atravesó el período sombrío de la dictadura. Fueron doce años de un régimen civil-militar, en cuya base se mezclaban la concentración del poder económico empresarial con los intereses del capital financiero internacional.
La práctica recurrente del régimen, al sabor de la doctrina de la seguridad nacional, era la violación sistemática de los derechos humanos. Para la izquierda y los sectores populares, la resistencia era más que nunca un deber, una necesidad y una realidad de lucha, que trascendía la Cuenca del Plata, motivando la solidaridad y el internacionalismo.
Dos años antes del golpe, en medio de las contradicciones económicas y sociales, la propuesta política que reflejaba la unidad de las fuerzas democráticas era el Frente Amplio, FA, un proyecto construido en medio de la pluralidad y la convivencia de sectores empeñados en quebrar la hegemonía del Partido Nacional y el Partido Colorado en el gobierno. El FA germinaba con un sentido antimperialista y antioligárquico, arraigado en los y las trabajadoras, en sectores de la intelectualidad y la juventud.
Superando divergencias
A partir del 1º de marzo de 1985, derrotada la dictadura e iniciada la transición, el Frente se transformó en el referente que no solo proponía un programa sólido de transformaciones, sino que, al mismo tiempo, consolidaba un proceso organizativo, ganando consistencia cotidiana, enraizado en barrios, lugares de estudio y trabajo.
Fue esa experiencia, en la cual las divergencias fueron superadas al ritmo del trabajo constante, la que generó la fuerza electoral suficiente para ganar las elecciones departamentales de Montevideo en 1989 frente a los partidos de derecha y, finalmente, romper el ciclo de 175 años de gobiernos oligárquicos y dictaduras.
Las campanas para un régimen bipartidista agotado sonaron cuando en el plebiscito de 1992, el 72% de la población anuló los artículos de la ley de privatizaciones, que pretendía ser impuesta por las directrices del consenso de Washington. El neoliberalismo condenado y la derecha en declive, junto con una movilización popular organizada, fueron los factores que permitieron avanzar a la presidencia con Tabaré Vázquez, del 2005 al 2010. Luego, nuevamente con Tabaré del 2015 al 2020 y con Pepe Mujica del 2010 al 2015.
En las elecciones del 2019, la derecha del Partido Nacional ganó la presidencia con Lacalle Pou, pero las elecciones del 2024 favorecieron al FA. El pasado 1 de marzo, exactamente 40 años después de la caída de la dictadura, Yamandú Orsi y Carolina Cosse asumieron, respectivamente, la presidencia y la vicepresidencia del Uruguay ante la Asamblea Nacional.
Lucha contra la pobreza
La nueva gestión político-administrativa no encuentra un país pobre, sino un pueblo empobrecido. En una investigación que arrojó resultados incontestables, realizada por el Departamento de Economía de la Universidad de la República, se demostró la trayectoria de la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo en los cinco años de gobierno de la derecha.
En efecto, los estudios muestran que, entre el 2019 y el 2023, el 95% de los hogares que menos reciben ingresos tuvieron una disminución aún mayor de su capacidad de compra, mientras que el 5% de los que más tienen aumentó su poder adquisitivo.
El ingreso medio de los hogares cayó 2,6% y el uno por ciento de las personas de mayores ingresos obtuvieron el 15% del ingreso total, que equivale al mismo porcentaje con el que se queda el 50% más pobre. En general, el uno por ciento más rico acumula cerca del 40% del patrimonio, notándose una redistribución regresiva en favor del gran capital.
El nuevo gobierno está plenamente consciente de esta situación, tal como lo expresó el propio Orsi durante su campaña y en su discurso ante la Asamblea. Para enfrentar la situación, Uruguay debe combinar la agenda doméstica con las orientaciones de política externa, es cuestión de primer orden.
América Latina unida
Por eso, las orientaciones prioritarias del gobierno en el plano internacional buscan un impulso integrador, que se junta a los esfuerzos de otros Estados como Brasil y Colombia, en la idea de establecer factores dinámicos de equilibrio económico y político militar, que potencialicen el desarrollo y la justicia ambiental, además de consolidar América Latina como un escenario de paz y seguridad.
Las Bases Programáticas del FA 2025-2030 constituyen un valioso documento, orientador en lo interno y externo. Vale la pena destacar algunos elementos que recogen la intención “de construir una plataforma para la sustentabilidad político-social en un mundo multipolar, posibilitando la mayor soberanía y autonomía que permita márgenes de acción frente a la asimetría e injusticias del sistema capitalista internacional”.
Es contundente el planteamiento programático que expone: “La relevancia de nuestra región está centrada en la multiplicidad de recursos estratégicos cuya propiedad deberemos proteger de intereses imperiales. Por tal motivo, se hace necesario profundizar en la integración de nuestros pueblos, protegiendo territorios y riquezas, asegurando su usufructo para el beneficio común y reafirmando a nuestra América Latina como una Zona de Paz”.
Es claro que el gobierno del Frente coloca al Uruguay en el camino de la integración, posicionándose como un actor que contribuya a reagrupar fuerzas, en momentos en que los BRICS hacen presencia propositiva y, en la agenda global, la crisis climática es una preocupación. En ese sentido, es importante analizar cómo el país se propone avanzar en la protección de los ecosistemas del Atlántico Sur y fortalecer su presencia en la Antártida.
