El proyecto contrarreformista instalado por las élites oligárquicas en el pacto de Chicoral, en 1972, debe ser transformado. Esto requiere una gran movilización popular y rural contra el viejo régimen. El contradictor no es el Gobierno del cambio, sino el proyecto del pasado que hoy es clave superar
Redacción Territorios
Las campesinas y campesinos, sus organizaciones y comunidades rurales mantienen la esperanza por la implementación de la reforma agraria. La voluntad política del gobierno de Gustavo Petro para llevar a cabo este proceso encuentra respaldo en los pueblos que labran la tierra.
Pero la voluntad política y el respaldo del campesinado no es suficiente para su implementación. Los obstáculos de la reforma agraria se han edificado por décadas y se ha consolidado un pacto oligárquico, como lo fue Chicoral en 1972, que se ha negado históricamente a la redistribución de la tierra. En ese sentido, la voluntad política del Gobierno debe ser acompañada y articulada con la más consciente y contundente movilización social urbana y rural para superar los escollos y romper dicho pacto.
Avances de la reforma agraria
El gobierno del cambio ha logrado avances como nunca en la historia agraria y política del país. Ha tomado como las primeras fuentes de tierras las grandes haciendas que en otrora fueran de narcotraficantes y paramilitares. La Sociedad de activos especiales, SAE, y el Fondo de Víctimas, que administra estos predios, han cambiado radicalmente y puesto en función de la reforma agraria. De las 18 Zonas de Reservas Campesinas, once han sido aprobadas en los primeros dos años del Gobierno. Se han adquirido 425 mil hectáreas de tierras fértiles para ser adjudicadas a las campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
Por su parte, se crearon los Territorios Agroalimentarios, TECAM, así como la Comisión mixta nacional de asuntos campesinos en consonancia a la implementación de la ley 160 de 1994 y se reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Se reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y un sistema de participación robusto que en más de diez departamentos y 392 municipios se han construido los Comités de reforma agraria.
Estos esfuerzos aún no son suficientes; apenas constituyen los primeros avances en abrir el camino. Se está abriendo la trocha y urge apretar el paso para acelerar los cambios y transformaciones de la realidad rural del país. La reforma agraria, que intenta sacar adelante el gobierno, debe ser impulsada en articulación con el movimiento social agrario, por las y los campesinos, con inteligencia y vitalidad.
Desalambrar para el cambio
Las expectativas del movimiento social agrario crecen y cierto ambiente de ansiedad se incrementa para que la implementación llegue rápidamente a los territorios. La respuesta de las organizaciones no puede ser poner presión al Gobierno que termina asfixiándolo y, con ello, descuida la tarea fundamental de vencer los obstáculos para la implementación de la reforma agraria. Los llamados del presidente Petro a la movilización es para defender las reformas, y ha de cumplir el propósito de fortalecer la apuesta democrática, afianzar la vena redistributiva de la tierra y con ello garantizar la continuidad de gobiernos de izquierda.
Las trabas legales para la implementación de la reforma agraria se han venido superando, pero aún persiste una gran ofensiva para sabotear y no dejar que la voluntad política de un gobierno se implemente. No es en el Ministerio o las entidades del Gobierno donde se van a desentrabar. Las restricciones presupuestales, que enfrentaremos en 2025 para la compra de tierras y fomentar la agricultura, deberán reclamarse en la ley de financiamiento. Es preciso entender el papel de los gobiernos locales (gobernaciones y alcaldías) es esencial para la articulación con los esfuerzos redistributivos y productivos del Gobierno nacional.
Así, es en el Congreso de la República y las altas Cortes, así como en las gobernaciones y alcaldías donde debemos concentrar los esfuerzos movilizadores y convocar a la voluntad política de un pueblo organizado y dispuesto a desalambrar.
El sentido de la movilización
El sectarismo y el egoísmo economicista no puede nublar nuestra razón. La dispersión y fraccionalismo organizativo no nos pueden impedir la construcción del Movimiento Social Agrario y alejar de la unidad. El accionar de algunas organizaciones no puede conducir a despojar del programa de gobierno la vena redistributiva de la reforma y, por el contrario, fortalezca el pacto oligárquico latifundista y retardatario. La movilización debe ser por la reforma agraria y con este Gobierno que es y se siente semejante a su pueblo. La acción movilizadora no puede ser contra el Gobierno.
La unidad, coordinación y articulación del movimiento campesino debe ser el insumo y base de un gran Movimiento Social Agrario urbano y rural, que actúe de manera conjunta con el Gobierno en su apuesta por la reforma agraria. Este movimiento tiene como objetivo instaurar un nuevo pacto agrario y popular que beneficie a la campesinada, promueva un nuevo orden y estructura social agraria más justa.
Por ello, el próximo 13 y 14 de diciembre en Chicoral, Tolima, se construirá un nuevo pacto que supere los obstáculos, desentrabe las dificultades legales y presupuestales, y, sobre todo, articule, junte y fortalezca al movimiento campesino y su campesinada. Este será un escenario clave para construir las bases de un plan desde las organizaciones campesinas, con el objetivo de impulsar la de reforma agraria para los próximos diez años.
