Uno de los pilares históricos de la educación pública enfrenta una crisis financiera y una disputa de dos visiones de sociedad: la que considera la educación pública como derecho fundamental y la que busca someterla a los intereses del mercado
Juan Paulo Ruiz
La crisis de la Universidad de Antioquia, UdeA, tiene su origen en la Ley 30 de 1992, cuyos artículos 86 y 87 obligan a las universidades públicas a generar más de la mitad de sus ingresos a través de recursos propios.
Esto ha empujado a la UdeA a depender de contratos con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, sin embargo, en el marco del debate de control político realizado en la Asamblea Departamental, para el diputado por el Partido Verde, Juan David Muñoz: “El Distrito de Medellín al 30 de septiembre 2023 había contratado 113 mil 285 millones, mientras que en 2024 solo ha contratado 94 mil 19 millones.
Muñoz manifestó: “Es más dramático el caso de la Gobernación ya que el 30 de septiembre de había contratado con la Universidad de Antioquia 90 mil 531 millones de pesos, mientras que en 2024 al 30 de septiembre ha contratado solo 53 mil millones de pesos.
A su vez se ha identificado como la Gobernación solo aporta a la base presupuestal del 4%, exigido por la ley. Esto contrasta con los esfuerzos del Gobierno Nacional, que según el ministro de educación ha incrementado su participación en el presupuesto de la universidad, pasando del 32.8% en 2022 al 39% en 2023 inyectados directamente a la base presupuestal de la universidad, y manteniendo una contratación con la universidad por el orden de 88,000 millones de pesos.
La narrativa falaz y estigmatizadora
Pero esta asfixia presupuestal ha venido acompañada de una agenda mediática impulsada por la extrema derecha del departamento. El ataque frontal contra la Universidad empezó el 31 de enero de 2024 cuando el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón publicó un listado de estudiantes que llevaban entre 14 y 36 semestres matriculados, el cual vino acompañado de la afirmación: “Me temo que aquí podrían estar los que van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar”.
El siguiente turno fue para el profesorado, el cual fue el blanco para impulsar las políticas del llamado “Plan de austeridad”, que según el secretario de Educación Mauricio Alviar: “La meta que se ha propuesto es llegar el año entrante a una disminución del 50% de esos contratos de hora-cátedra”.
Luego, direccionaron de manera mezquina la crisis presupuestal hacia los profesores, tanto de cátedra como vinculados, a quienes acusan con una cifra manipulada de dedicar solo el 13% de sus horas de su plan de trabajo a la docencia, desconociendo las horas dedicadas a la docencia de posgrado, preparación de clases, asesorías a estudiantes, investigación y extensión.
Un ataque ideológico
La crisis de la UdeA no es un caso aislado. Para Andrea Pineda, secretaria departamental de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, esta situación se enmarca en una ofensiva neoliberal que busca debilitar la educación pública en América Latina. En Argentina, el presidente Javier Milei vetó una ley que ajustaba el financiamiento universitario frente a la inflación, calificando a las universidades como “espacios de adoctrinamiento”.
En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves redujo significativamente el presupuesto educativo para 2025, desatando protestas masivas bajo el lema “Educación hoy, paz para mañana”.
Estos casos reflejan una tendencia regional a desmantelar la educación pública como herramienta de transformación social, privilegiando intereses privados y marginando el acceso al conocimiento.
Regionalización y calidad educativa en peligro
En Antioquia, la crisis afecta gravemente los esfuerzos de regionalización de la UdeA, un proyecto que busca llevar educación de calidad a todo el departamento. En municipios como Yarumal, Caucasia, Puerto Berrío, El Carmen de Viboral, Andes y Santa Fe de Antioquia las alcaldías han apoyado con medidas como la condonación de impuestos y servicios públicos para las sedes regionales.
Sin embargo, la Alcaldía de Medellín ha rechazado esta alternativa. En este contexto de austeridad propuesto, preocupa que se sugiera la contratación de profesores exclusivamente de la región como una medida de ahorro algo que para ACEU se debe apoyar, pero sobre la base en un plan de becas para especializaciones, maestrías y doctorados para estos profesores regionales, de manera que no se traduzca en una medida regresiva que perjudique la calidad educativa, aumentando la brecha entre la cualificación docente en las subregiones y la de la ciudad.
Un llamado a la resistencia
Ante esta crisis, los diferentes estamentos se han organizado para defender una institución símbolo del pensamiento crítico y la acción social en el departamento de Antioquia y el país. El pasado 27 de noviembre, la asamblea multiestamentaria se declaró en paro indefinido, y ha construido una agenda que ha impulsado movilizaciones masivas exigiendo una mesa de negociación conjunta con la administración municipal, departamental y nacional, que busque derogar las medidas de austeridad, modificar el Plan de Acción Institucional, PAI, inyectar recursos de manera directa a la Universidad por el orden de 155 mil millones, con un mayor aporte a la base presupuestal por parte de la Gobernación y rechazando cualquier medida que vaya a endeudar aún más la universidad, como el crédito ofrecido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y la Gobernación por el orden de $90 mil millones.
Lo anterior, también ha venido acompañado de expresiones de solidaridad como la de la Universidad Nacional, en cabeza de su rector Leopoldo Múnera, quien ofreció los recursos de mediación y soporte con los que cuenta la universidad y manifestó que este momento de crisis debe verse como una oportunidad para su superación, a través del diálogo interinstitucional.
