La decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral en el sentido de restituir la personería jurídica al Partido Comunista Colombiano ha causado todo tipo de reacciones. ¿Cuál ha sido el trasegar legal de la colectividad revolucionaria a lo largo de sus 91 años de existencia?
Alejandro Cifuentes
La pérdida de la personería en 1998 no implicó la ilegalización del Partido Comunista, ni mucho menos su desaparición. En sus 91 años de historia, el Partido como tal tan solo fue ilegalizado una vez, en la mitad del siglo XX durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), y ni aun así dejó de existir. Lo que ocurrió desde 1998, cuando le retiraron la representación legal, fue que perdió el derecho a participar a título propio en elecciones, y con ello, las prerrogativas que esta figura le asigna a los partidos.
La personería jurídica para partidos políticos apareció a mediados de la década de los ochenta con el fin de regular a las colectividades, sobre todo en lo relativo a sus finanzas. Esta figura se afinó con reformas políticas posteriores a la Constitución de 1991, insistiendo en que constituye una garantía para el buen funcionamiento de la democracia, a la cual se sigue aludiendo como la más sólida de Hispanoamérica.
Pero lo cierto es que la personería se ha constituido un elemento más del repertorio de la élite para mantener su control monopólico sobre el Estado, al imponer una lógica empresarial en torno a los votos para poder ejercer el derecho a ser elegido.
Un necesario contexto
Antes de la década de 1980, no había mayores restricciones a la actividad de los partidos. Por eso, desde que en 1910 aparecieron terceras fuerzas que desafiaban el bipartidismo, estas no encontraron dificultades para presentarse en las pugnas electorales. Los republicanos, los diversos partidos obreros y el Partido Socialista son ejemplo de ello. Y el Partido Comunista no fue la excepción. Tres años después de su fundación, presentó listas al concejo, y personajes como Ángel María Carrascal e Ignacio Torres Giraldo ganaron escaños en los cabildos de Medellín y Bogotá. Y en 1934 presentaron la candidatura presidencial del indígena Eutiquio Timoté.
Pero esto no significa que el régimen político diera plenas garantías para que las organizaciones populares pudieran actuar. Sobre todo, desde mediados de la década de 1940, cuando estalló el conflicto armado, la élite se valió de la violencia política para desarticular las luchas populares. Las libertades civiles fueron suspendidas, en 1949 el ejecutivo cerró el Congreso y mantuvo un férreo control sobre las cortes. Así el país se sumió en la dictadura, que no terminó hasta 1958 con la caída del régimen militar.
Y aún después de restituida la institucionalidad democrática, no hubo garantías para el ejercicio de los derechos civiles. Para superar la dictadura militar, liberales y conservadores acordaron dividirse el Estado en partes iguales, excluyendo a los terceros partidos de las elecciones. El acuerdo funcionó hasta 1974.
Desde entonces, el Partido Comunista volvió a presentar sus propias listas a las elecciones legislativas y de poder local. Sin embargo, la persecución nunca dejó de ser una realidad y la violencia política se cobró la vida de muchos luchadores populares, siendo en este periodo el caso más dramático el exterminio de la Unión Nacional de Oposición, UNO.
La personería del Partido
La personería jurídica apareció solo hasta 1985 para controlar a los partidos políticos. El Partido Comunista ganó su personería en 1986. Esta otorgó prerrogativas como la financiación de las campañas electorales, el derecho a espacios institucionales en la radio y la televisión, rebaja en la publicidad, la posibilidad de inscribir listas sin otro requisito que el de tener la representación, entre otras. Pero al mismo tiempo sometía el derecho de participación electoral a los umbrales de votos: si no se lograba la votación requerida, la organización perdía el permiso para presentarse a elecciones.
En un país con un bipartidismo tan enconado, resulta muy complejo enfrentar el juego de los umbrales. No obstante, los comunistas mantuvieron su representación, logrando escaños en el Congreso, los concejos municipales y las asambleas departamentales, todo ello en un escenario de cruenta persecución.
El primer intento de arrebatarle la personería a los comunistas data de 1992. El gobierno de Gaviria, buscando eliminar cualquier oposición a las reformas neoliberales, logró incidir en el Consejo Nacional Electoral para que al Partido, así como a otras organizaciones que incluían al Frente Popular, el Frente Democrático, el MOIR, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Cristiano, les fuera retirada la personería.
Pero esta primera intentona fracasó. La decisión fue impulsada por motivos políticos. El Partido Comunista había logrado recabar 70 mil firmas que le permitirían conservar su personería. Y en 1993, gracias a una demanda interpuesta por Álvaro Vásquez y el abogado Gelasio Cardona, la personería del Partido fue devuelta, lo que le permitió participar en las elecciones de 1994. Manuel Cepeda fue electo al Senado, pero fue asesinado tan solo un par de días después de iniciarse la legislatura.
La organización de los sectores populares
De tal modo que el exterminio que fuerzas paraestatales habían iniciado a mediados de los años ochenta, y que también afectaba a organizaciones como la Unión Patriótica, Firmes y A Luchar, seguía su curso. Se había cobrado la vida de varios dirigentes, incluidos tres secretarios de organización. Pero sobre todo este significaría el asesinato de miles de militantes de base fundamentales en la organización de los movimientos obrero, campesino, estudiantil y viviendista, el alma del Partido.
Para 1998 el Partido no pudo cumplir con los tecnicismos: se consiguieron 23 mil votos de los 50 mil necesarios. Por eso en julio de ese año el Consejo Nacional Electoral decidió retirarle la personería al Partido Comunista, como a otras 26 organizaciones que tampoco lograron el umbral, dentro de las que estaban el Movimiento Indígena Colombiano, la Corriente de Renovación Socialista, el M-19, el Movimiento Séptima Papeleta y el MOIR.
Entonces, la respuesta de las autoridades a la masacre fue castigar al Partido por no aglutinar votos suficientes. Para desgracia de los verdugos, esta medida no liquidó a la organización. La colectividad revolucionaria encausó su actividad electoral mediante las alianzas (Frente Social y Político, Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica y recientemente al interior de la Unión Patriótica), práctica que no le ha sido ajena, mientras que hizo todo lo posible para restablecer su personería.
De manera abnegada, militantes comunistas continuaron luchando por la organización de los sectores populares que buscan la transformación radical de la sociedad. Por eso, la recuperación de la personería jurídica es un buen síntoma para continuar en la larga lucha por cambiar la historia y edificar nuestro socialismo.
