Un nuevo asesinato cometido por el Clan del Golfo enluta al campesinado del Magdalena. Las organizaciones exigen mayores garantías para la vida y que se activen a tiempo protocolos de seguridad en el territorio
María Galeano
El pasado sábado 18 de febrero, en horas de la noche, fue asesinado el líder campesino Milton Rocha Pérez, en el sitio El Guácimo, corregimiento de San Valentín del municipio de San Sebastián de Buenavista, Magdalena. El líder fue interceptado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, una de las cuales le disparó en varias ocasiones. Desde hace varios años Milton Rocha venía desarrollando un liderazgo social y político en la recuperación de tierra para el campesinado, en contra de la corrupción y el paramilitarismo de la región.
Sin garantías para el liderazgo social
Milton Rocha era un campesino “que no tenía tiempo para coger rabia, era muy calmado, era el representante de nuestra Asociación de Campesinos de San Sebastián, Cansebas” expresa Nelson Armesto Echavez quien es precandidato a la alcaldía del municipio de San Sebastián de Buenavista por la Colombia Humana, organización a la que también pertenecía el líder asesinado.
Rocha había estado haciendo unos recorridos por los municipios de Santa Ana y Mompós, junto a Nelson Armesto Echavez. Luego del itinerario, comenta Nelson, “a las siete y media de la noche estuvo en mi casa comiendo y salió de mi casa como a las ocho y media. A los 15 minutos nos llegó la noticia sobre el atentado que le costó la vida. No hubo atención inmediata en el hospital, pasó media hora y el conductor no apareció, creemos que la generante del Hospital debe responder porque dicen que apareció en estado de embriaguez”. Fue la Policía quien finalmente recogió al líder del lugar.
El líder campesino había recibido amenazas desde el 2021. Dos días antes del atentado había estado en la estación de policía denunciando estas intimidaciones. A esta diligencia lo había acompañado Armesto, quién asegura que las autoridades del departamento estaban al tanto de la situación. En el marco de la denuncia, Rocha había dado detalles de quienes lo venían amenazando: “Incluso dio los nombres de quienes podrían matarlo y así fue, lo mataron a los dos días. No le activaron el protocolo de seguridad a pesar de que él ya tenía rato denunciando que lo iban a asesinar”.
Comenta además que la Policía estaba al tanto de la situación: “Se hacían video llamadas con la Policía desde de Santa Marta. Pero así que tuviese una seguridad no. Él vivía en una situación de riesgo porque ese corregimiento que es San Valentín, era el centro de operaciones de Jorge 40 y nos ha tocado seguir luchando contra esos reductos”.
Por reclamar la tierra
Para Armesto, estos hechos se dieron a causa de la lucha por la tierra y contra el paramilitarismo en la región: “Es por un tema de tierras por el que nosotros estamos luchando, contra un monocultivo de eucalipto en un terreno que ahora al parecer es de la Universidad de Antioquia, pero que era el centro de operaciones de Jorge 40. Ese sitio se conoce como Santamaria en el corregimiento de San Valentín. Ahí era donde se movía todo el paramilitarismo de la zona”.
Armesto se refiere a un terreno de la antigua Reforestadora San Sebastián, que estuvo en liquidación y que está en disputa entre el campesinado y sectores privados que ahora también reclaman los predios.
En diálogos con la VOZ, Orlando Pérez, otro líder campesino de la región, comenta que, “los campesinos de los municipios de San Zenón, San Sebastián, Pijiño del Carmen y Santa Ana piden que les sean adjudicadas estas tierras de la antigua Reforestadora San Sebastián, hacienda que concentra más de cuatro mil hectáreas de tierras distribuidas en estos cuatro municipios. Tenemos información que eran de la Universidad de Antioquia y pasaron a ser del Estado y la gente las ha invadido. Cabe señalar que hay una finca vecina que es de ‘La Gata’ de Magangué, que se llama el Garzal y en esa zona hay una lucha territorial que obviamente inciden en intereses particulares. Últimamente las personas que lideran estos procesos por la tierra reciben amenazas”. Lo cierto es que han aumentado los asesinatos en la región.
Además, comenta Pérez, “existen particulares que no son de la zona y utilizan acciones armadas para apropiarse de tierras e impiden que campesinos sean parte de ese proceso. Con escrituras falsas o legalizadas en notarias publicas quieren mantener esos territorios”.
Armesto, por su parte, comenta que “este es un monocultivo de eucalipto al que nosotros nos oponemos y existe un resentimiento contra esa empresa que funciona ahí, porque era ahí que se reunía el paramilitarismo a violentar y extorsionar. Las denuncias de los campesinos dicen que siempre ha sido con la complicidad de los gerentes de esa empresa”.
Amenazas contra el precandidato
La muerte de Rocha para el movimiento campesino de la región tiene que ver con su liderazgo para así diezmar otros procesos. Asegura Armesto con preocupación que “la muerte de Milton tiene que ver con el tema de tierras. Él era mi persona de confianza, yo soy precandidato a la alcaldía por Colombia Humana y nuestro movimiento ha cogido mucha fuerza. Me dieron un golpe anímico, un mensaje, yo estoy coordinando el movimiento aquí en contra de la corrupción y el paramilitarismo”.
Armesto también ha sido amenazado: “Me colocaron unos grafitis en el cementerio del corregimiento a nombre del Clan del Golfo, con el mensaje que los Arnesto “Pacho Julio”, que es como me dicen en la región, y que era objetivo militar de esta organización armada. Hace unos tres meses, llegaron unos tipos a la oficina y cogieron a una de nuestras compañeras de la junta directiva y la amenazaron. Le dijeron que eran del Clan del Golfo, que eran de un grupo que se llama Arístides Mesa, la amenazaron y preguntaron por mí. Le dijeron que ellos iban a cambiar las cosas y como a los dos días le pusieron dos cadáveres en el sector a la compañera”. Dice que pese a las denuncias que he hecho en la Fiscalía no ha tenido protección.
Garantías para la vida
Las organizaciones campesinas que inmediatamente reaccionaron al crimen, como la Asoproamucasan y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, exigieron a las autoridades judiciales y policiales esclarecer quiénes son los autores materiales e intelectuales de este hecho que atenta contra los derechos de muchos y muchas en los municipios.
También le reclaman a la Unidad Nacional de Protección medidas que garanticen la vida a los liderazgos amenazados en el Magdalena y el resto de Colombia. Y llamaron al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Gobernación del Magdalena a proteger la vida de todas las personas “que buscamos un territorio con buen vivir y en verdadera paz”.
