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Sangre y cemento: 60 años de la masacre de Santa Barbara

El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción, Sutimac, en el marco de la reparación colectiva de víctimas que adelanta el Gobierno, solicita que los asesinados en Santa Bárbara sean declarados como víctimas de crímenes de Estado y de lesa humanidad

Santa Bárbara es un municipio del suroeste antioqueño, ubicado a 57 kilómetros de Medellín. Allí se fundó la fábrica de Cementos El Cairo en 1946, como parte de la compañía de cemento Argos que se había constituido en 1934.

Cementos El Cairo era una empresa que constantemente despedía obreros y contrataba nuevos trabajadores, con el propósito de no pagar prestaciones e impedir el surgimiento del sindicato. Y, como si fuera poco, dentro de las instalaciones de la empresa tenía un puesto de policía donde permanecían 20 efectivos, armados con machete y revólver.

Durante el Frente Nacional (1958-1974) se acentuó esta tendencia represiva del Estado colombiano para impedir la protesta de los trabajadores y sabotear, o terminar de manera abrupta con las huelgas.

Los obreros decidieron reunirse durante algunas noches al lado del río y lograron construir un sindicato, al que en 1947 se le otorgó la personería jurídica. En septiembre de 1962, Sintracairo discutió y aprobó un pliego de peticiones.

En octubre del mismo año, esta organización sindical presentó el pliego en el que los trabajadores exigían aumento general de salarios, prima de vacaciones, auxilio escolar, servicio médico y odontológico, préstamos para adquisición de vivienda, mejoras en el casino, remuneración de dominicales y festivos trabajados, entre otros aspectos. Reivindicaciones justas para quienes producen con su trabajo las riquezas, en procura de lograr bienestar para sus familias.

El inicio de la huelga

Por meses, la empresa dilató las discusiones del pliego y se negó a atender lo concerniente al aumento salarial, lo que obligó a los trabajadores a declarar la huelga el 23 de enero de 1963. Para ese año, 230 trabajadores de planta laboraban en Cementos El Cairo, 96% de ellos estaban sindicalizados en Sintracairo.

Al inicio de la huelga, de 221 trabajadores, 180 participaron en ella. Así, los trabajadores de Cementos El Cairo hicieron valer su derecho a la protesta y reclamaron sus garantías laborales. Al tiempo que esto sucedía, los “grandes medios de comunicación” hacían propaganda contra las huelgas y de quienes participaban en ellas.

La huelga siempre se desarrolló en términos de legalidad y de manera pacífica. La carpa de los huelguistas se instaló en las afueras de la fábrica, pero luego fue trasladada al municipio sobre la vía que conecta a Santa Bárbara con Medellín, para dar a conocer la manifestación.

El 23 de febrero de 1963, los obreros se dispusieron a impedir el paso de 180 volquetas que llevaban material para Medellín, se situaron en la vía Panamericana, frente a la estación de gasolina.

Mientras tanto, Belisario Betancur Cuartas, el entonces ministro de Trabajo, dio la orden a la Fuerza Armada para que custodiara los vehículos. En respuesta, los obreros anunciaron que las volquetas podían salir del municipio, pero no cargadas con material.

De golpes a balas

La masacre del 23 de febrero del 1963, fue una orden desde el Ministerio de Trabajo y la Gobernación de Antioquia. Los soldados pusieron toda su fuerza contra los trabajadores que hacían resistencia en la vía, fueron golpes, pero también fusiles, revólveres, pistolas y balas contra indefensos hombres, mujeres y niños.

En el lugar no estaban solo ellos, también los acompañaban familiares y personas que apoyaban sus reclamos. Sin aviso, el Ejército empezó a tirar gases lacrimógenos, y cuando lograron dispersar a la mayoría de personas se empezó a escuchar el tiroteo.

Luego, comenzó a disparar balas de pistola, de ametralladora y de fusil a mansalva y a sangre fría contra los inermes trabajadores y contra la multitud. Ante la agresión violenta e indiscriminada de las fuerzas represivas, la multitud comenzó a correr en busca de refugio, unos hacia los cafetales aledaños a la carretera, otros hacia las casas vecinas.

En Santa Bárbara, unas 80 personas fueron privadas de su libertad y en varios vehículos fueron trasladadas al Batallón Girardot. El Ejército empleó un bus de color rojo, propiedad de Cementos El Cairo, para transportar a los detenidos. Se capturaba en forma indiscriminada a todos los habitantes del municipio.

Durante la masacre murieron 12 personas, y otras 39 quedaron heridas. Entre estas murió María Edilma Zapata, una niña de 11 años que no estaba protestando, pero que también fue víctima de la violencia del Estado.

Entre los responsables se encuentran el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, dueño de El Colombiano, un periódico desde donde se calumnió a los huelguistas; los militares, que cumplieron el papel de rompehuelgas y accionaron sus armas contra pacíficos habitantes; y el conservador Belisario Betancur, ministro de Trabajo, quien respaldó a la empresa cementera.

Reparación

Es una historia olvidada, triste, y que nos pone en los zapatos de millones de colombianos que han sufrido siempre la violencia, el terrorismo de Estado, que los ha dejado sin familia y a quienes nunca les respondieron por los daños que les causaron.

La sangre de los trabajadores y de la población derramada en Santa Bárbara hace 60 años, no ha sido olvidada por los obreros revolucionarios. Es un ejemplo que los luchadores recuerdan y exaltan como parte de la historia del genocidio al movimiento sindical en Colombia, por luchar mejores condiciones de trabajo digno, justicia laboral y social.

Por ello, los nombres de los hermanos caídos el 23 de febrero de 1963 en Santa Bárbara, serán recordados y su lucha emulada por las nuevas generaciones de obreros que trabajan por construir un mundo mejor con derechos sociales, políticos y justicia social.

Honor y Gloria eterna a los trabajadores de la industria de los materiales para la construcción, quienes hemos demostrado a través del tiempo, que la beligerancia en la lucha, no es violencia, sino herramienta forzosa, para enseñar a los poderosos que son los trabajadores los creadores de la riqueza nacional y que también tenemos un sitio en los anales de la historia.

Sutimac, en estos 60 años, en el marco de la reparación colectiva que viene liderando el Ministerio del Trabajo, con Gloria Inés Ramírez Ríos; acompañado por entidades como el Ministerio del Interior; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV; la Presidencia de la República del proceso de reparación del movimiento sindical, mesa sindical en el marco del decreto 624 de 2016, solicitamos que se declare a los asesinados de Santa Bárbara como víctimas de crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad, para su respectiva reparación a ellos y a sus organizaciones sindicales.

Sutimac conmemora los 60 años de la masacre de Santa Barbara, en momentos en que se avecinan las reformas de la salud, la reforma laboral y pensional y se negocia la paz total, en beneficio del pueblo colombiano para convertir a Colombia en una potencia mundial de vida.

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