El compromiso de Credhos con el Acuerdo de Paz de 2016 lo ha llevado a incidir en el caso 08 de la JEP, el cual investiga la relación entre agentes del Estado y paramilitares. VOZ habló con el equipo sobre la participación y la voluntad de paz
Ana Milena Velandia Camacho
@miilecam
Desde 1987, la Corporación Regional Para La Defensa De Los Derechos Humanos, Credhos ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en el Magdalena Medio, luchando contra la impunidad.
Reconocida como víctima colectiva en 2022, representa a más de 250 víctimas, combinando apoyo legal y psicosocial para avanzar en la búsqueda de justicia y verdad. Es por ello, VOZ dialogó con el equipo de trabajo, encargado de tramitar la participación en este espacio.
¿Cómo Credhos llega al escenario de participar y representar a las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz?
Credhos, fundada el 10 de diciembre de 1987, es una organización de derechos humanos dedicada a la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, especialmente en el Magdalena Medio.
Desde sus inicios, ha trabajado por la defensa de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Este compromiso nos llevó a participar en la construcción del Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016 en el Teatro Colón.
Desde entonces, enfocamos nuestros esfuerzos en los puntos dos y cinco del acuerdo, relacionados con la participación política y los derechos de las víctimas.
Este trabajo lo enfocamos en la participación dentro del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al cual entre 2018 y 2022, presentamos nueve informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, y a la Comisión de la Verdad, dichos informes buscaban priorizar el Magdalena Medio dentro de los macro casos abiertos por la JEP.
¿Cómo llega el reconocimiento de Credhos?
El reconocimiento de Credhos como víctima colectiva llegó en 2022, a la par del auto SRVR 104 de la JEP que crea el caso 08, que investiga crímenes de agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares y terceros civiles, priorizando cinco regiones del país, incluida el Magdalena Medio.
A partir de este reconocimiento, iniciamos en 2023 el proceso de representación a víctimas, consolidando nuestra misión histórica de defensa de derechos humanos.
Una paz con justicia social
¿Cómo ha sido el proceso de representación de las víctimas en el marco de este caso 08?
El caso 08 es una investigación macrocriminal que investiga tres motivaciones principales: justificaciones contrainsurgentes, intereses económicos particulares y el control de la función pública. Como defensores de derechos humanos, sostenemos que el paramilitarismo en Colombia no fue un hecho aislado, sino una política de Estado que permitió la creación y el sostenimiento de un aparato de poder con diversas fases a lo largo del tiempo.
En el 2022, lideramos la creación de la Coordinación para la Participación del Magdalena Medio en el caso 08, un esfuerzo colectivo con otras organizaciones de la región. Además, suscribimos un convenio con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa a Víctimas, que nos permite representar cerca de 250 víctimas, tanto individuales como colectivas.
Este trabajo ha implicado nuestra participación en 22 versiones voluntarias dentro del proceso, en las que hemos buscado visibilizar las afectaciones sufridas por las víctimas y garantizar su acceso a la verdad y la justicia.
Sin embargo, este proceso no ha sido fácil. La participación de las víctimas en estos espacios implica revivir experiencias traumáticas, lo que genera malestar emocional.
Por ello, hemos implementado el enfoque psicojurídico, ofreciendo acompañamiento legal y psicosocial. Esto incluye actividades colectivas de preparación emocional y atención individual en crisis, elementos fundamentales para enfrentar estos procesos.
La verdad histórica
Hasta el momento, ¿el caso 08 ha logrado desentrañar el entramado criminal de ese aparato de poder organizado?
El subcaso Magdalena Medio-Barrancabermeja ha permitido avanzar en la identificación de estructuras y responsabilidades dentro del conflicto armado.
Los informes presentados por Credhos y otras organizaciones han delimitado el periodo de investigación entre 1982 y 2016, sin embargo, el despacho con las versiones voluntarias ha centrado su atención en un primer momento en los años 1995-2001, porque responde a la necesidad de entender cómo actores estatales, paramilitares y empresarios colaboraron para tomarse y controlar a Barrancabermeja a sangre y fuego e impedir que la sociedad civil, representada en los sindicatos, y organizaciones sociales, se pudieran oponer a un modelo económico que estos estaban interesados en imponer en esta región.
Las versiones voluntarias han sido claves, por ejemplo, la de José Eduardo González Sánchez, un capitán del Ejército retirado que pasó a ser Subjefe de Seguridad de Ecopetrol y posteriormente. Comandante del frente lanceros de Vélez y Boyacá que perteneció al Bloque Central Bolívar. Y también está la versión voluntaria de José Leonairo Dorado Gaviria, agente de inteligencia de la Brigada 20, y del Charri Solano, quien después jugó un papel en el B2 de la quinta Brigada.
¿Qué viene ahora en el caso?
Conocer de las responsabilidades del brigadier general Fernando Millán, el Brigadier General Martín Orlando Carreño, el general Javier Alberto Ayala Amaya, el coronel Germán Eduardo Ayala Amaya, el coronel Sánchez, entre otros, todos pertenecientes al Ejército Nacional, V Brigada, Segunda División.
Los cuales, tendrán que ser llamados por su responsabilidad en crímenes de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, esto en el marco de esta etapa de versiones voluntarias que va hasta el segundo semestre del 2025.
De ahí en adelante, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, se prevé expedirá unos autos de determinación de hechos y conductas, en las cuales ya vamos a saber qué es lo que va a llegar al Tribunal, sea para la ruta del reconocimiento de responsabilidades y verdad, o sea, para la ruta en la cual hay una ausencia de ese reconocimiento e ir juicio, es decir, etapa adversarial.
