Transmilenio y el derecho a la protesta

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Bloqueo ciudadano a vía de articulado.

“La actual administración de Peñalosa decidió alzar la tarifa y cobrar 200 pesos más sin tener en cuenta el perjuicio que esto le causa a la mayoría de usuarios de este servicio de transporte”

Renata Cabrales

Al finalizar su administración, Petro, a través de su cuenta de Twitter trinó que el Gobierno Nacional suspendió el proceso Metro y que también planteó pavimentar los corredores férreos para cambiar los tranvías por buses.

El problema con la movilidad en Bogotá podría solucionarse con la construcción del Metro, pero al parecer varias dudas e intereses económicos giran alrededor de esa posibilidad, mientras las y los habitantes de la capital enfrentan a diario todas las dificultades que se presentan debido a la precariedad del servicio que brinda el Transmilenio. Por su parte, a pesar de haber prometido la construcción de este, durante su administración, el alcalde Peñalosa aseveró que “Transmilenio, en la práctica, hace lo mismo que un metro”.

Sin embargo, aparte del pésimo servicio de los articulados, las y los bogotanos ya se están sintiendo inconformes, porque, si bien la administración anterior había implementado la hora valle, durante la cual se bajaba la tarifa de tal manera que los y las estudiantes se beneficiaran del servicio, la actual administración decidió alzar la tarifa y cobrar 200 pesos más sin tener en cuenta el perjuicio que esto le causa a la mayoría de usuarios de este servicio de transporte, antes por el contrario, afirmó en su cuenta de Twitter que con este valor del transporte nos acercábamos más a las tarifas del metro en Francia; haciendo creer a la población que el progreso se basa en el valor a pagar y no en el buen servicio de un bien público.

Por estas razones es que las y los ciudadanos indignados han venido protestando por medio de bloqueos en algunas estaciones de Transmilenio, con el fin de exigir un mejor servicio y protestar por el alza de la tarifa; algo fuera de lugar teniendo en cuenta la injusticia a la que han venido siendo sometidos las y los colombianos con el ínfimo incremento del salario mínimo y el alza descomunal del IVA. Además, el pésimo servicio, debido a la falta de articulados, no justifica un pasaje tan costoso, teniendo en cuenta que, según expertos en economía las ganancias de Transmilenio se distribuyen de una manera que permite el beneficio de unos pocos, así, estas vienen a ser de la siguiente forma: El recaudo diario es de 4.000 millones de pesos. Por cada $100, $90 son para dueños de buses, $5 para recaudadores y $5 para el distrito.

Pero los bloqueos y protestas que se han venido realizando en los últimos días en algunas estaciones y en el municipio de Soacha, donde el servicio es bastante precario teniendo en cuenta que el número de articulados no es suficiente para cubrir las necesidades de alrededor de un millón de habitantes que hay en la zona, se han disuelto por medio del uso de la represión, como es costumbre en esta administración y el resultado final es el de la injusta detención de 60 personas, y a 30 de estas se le han anunciado procesos de judicialización.

Así las cosas, la indignación de las y los habitantes, tanto de Bogotá como del municipio de Soacha causó disturbios que alteraron la movilidad de los articulados y de las y los bogotanos, a lo que responde la administración, como siempre, con la represión del Esmad, demostrando cada vez más su incapacidad de brindar soluciones por medio del diálogo y la gestión de obras que beneficien el bien de toda la comunidad. Por su parte, los medios convencionales de comunicación, siempre al servicio de los poderosos, han mostrado el hecho como un sabotaje de la anterior administración y como una acción de “vandalismo profesional”, confirmando lo que ya se sabe, y es que para la oligarquía todo acto de protesta en defensa de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos es un delito que debe ser castigado y reprimido por las autoridades.