Pietro Lora Alarcón
El Gobierno del cambio trabaja con la Constitución en una mano y con los objetivos de la ONU y la OIT en materia de trabajo decente en la otra, para avanzar en la tarea de empleo y salario digno, de respeto al derecho de asociación, de pelos derechos laborales para las mujeres erradicación del trabajo infantil, de ampliación de la protección social y el diálogo entre trabajadores, empresarios, Estado y el conjunto de la sociedad.
Estas acciones desafían tanto la retórica sinvergüenza de plutocracia, que proclama ser prácticamente un “favor-social” emplear trabajadores y que los magnates del mundo prestan “inúmeros servicios al planeta”, como también contestan la “meritocracia” formulada por el sociólogo Michael Young para ser escudo moral de la explotación y que rápidamente demostró que sirve es para “normalizar” la desigualdad. Para el gran capital la discrepancia de ingresos es una “decisión personal” y no un problema estructural.
En Colombia la situación es aún peor. Además de las dificultades para crear una oposición sólida al poder del capital hay dos factores determinantes que fueron desnudados en el evento de reparación al movimiento sindical. El primero se relaciona al histórico régimen político, supuestamente de democracia liberal representativa. Teóricamente el modelo exige representantes populares y garantía de funcionamiento de canales organizativos tradicionales, que o bien son partidos, o sindicatos u otras formas de representación en la sociedad civil.
Y lo que quedó claro, en inspirada alocución presidencial, es que la clase dominante practica la violencia contra las tres formas: en el caso de los partidos la comprobación está en el caso de la UP, en la persecución y estigmatización cobarde antes y ahora a los comunistas y en general a la izquierda; en el sindicalismo, las cifras son también escandalosas: 15.481 hechos victimizantes entre 1970 y el 2021, incluidos 3.295 homicidios, 7.656 amenazas y 251 víctimas de desaparición forzada; si vamos a la sociedad en general, defensores de derechos humanos, maestros, estudiantes, organizaciones campesinas, comunidades étnicas, han sido víctimas de todo tipo de atentados, como señala el informe de la Comisión de la Verdad.
El segundo tema, fue expuesto por la vibrante intervención de la Ministra del Trabajo, que recordando cánones de justicia, social y política, en dirección a la reparación colectiva de un sujeto colectivo, dijo que hay 23 millones de trabajadores y solo poco más de un millón organizados, denunciando que esto es reflejo de la visión estrecha y antidemocrática de que los sindicatos destruyen la economía y no son entendidos como el freno y contrapeso en el mundo laboral.
Todas las intervenciones tuvieron importante repercusión internacional. El pronunciamiento de Petro como jefe del Estado, y no apenas del gobierno, marcando un compromiso más allá de su mandato, convirtiendo las cifras en estadística, analizando, interpretando y explicando las condiciones históricas y regulares del fenómeno de la violencia contra el pueblo es una muestra de claridad y liderazgo, porque se mira el pasado, pero se construye presente y futuro, dejando claro que entre la barbarie y la civilización no hay lugar a equívocos y que el sindicalismo es actor fundamental en la democracia.
Unir los fragmentos y lo que está fuera de los canales organizados, generando acciones que acompañen los propósitos de este gobierno es parte de la lucha contra el olvido y de una exigencia internacional por justicia y trabajo decente.
