No obstante, la constante denuncia de organizaciones nacionales e internacionales, continúa en aumento el asesinato de líderes sociales y excombatientes firmantes de los Acuerdos de Paz
@CronopioRolo
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicó el pasado 16 de marzo el último reporte de líderes sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en lo que va corrido del año; arrojando la cifra de 41 asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH junto con nueve excombatientes de las antiguas FARC-EP.
Haciendo la sumatoria final de los datos suministrados por Indepaz y la JEP, en total desde enero de 2016 hasta ahora han sido asesinados 1.270 líderes sociales y 306 firmantes del Acuerdo de Paz, hecho último que la propia JEP ha denunciado: “no hay estrategia institucional para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz”.
Los departamentos en los que más se concentran estos hechos de violencia son Cauca, Chocó, Antioquia y Valle del Cauca; siendo también la calidad de líderes comunales e indígenas la que tiene un mayor número de muertes en el transcurso de este año.
Junto a esta denuncia también se pronunció la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declarando el incremento de hechos victimizantes contra la población en proceso de reincorporación, que incluye asesinatos, desplazamientos masivos y confinamientos obligatorios, concentrados especialmente en 130 municipios, ubicados en 12 de los 32 departamentos del país.
Sin garantías para la vida
Situación que resulta preocupante ya que, según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, de seguir este panorama de violencia sin tomar decisiones de fondo para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc que están cumpliendo el Acuerdo de Paz, “dentro de tres años la cifra de asesinados llegaría a mil 600”, según las proyecciones de sus modelos matemáticos.
Estas declaraciones también se contrastan con el último informe presentado el pasado 15 de marzo por la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz, expresando la falta de garantías para la vida de las personas firmantes, denunciando cómo “Más de trescientas han caído asesinadas desde la firma del Acuerdo y la Fiscalía General no da resultados en la investigación, lo que constituye un manto de impunidad que debiera avergonzar al señor Fiscal General, más si le sumamos la impunidad en que están quedando más de mil trescientos asesinatos de personas de la dirigencia social colombiana, desde la firma del Acuerdo, hecho que permite afirmar que en Colombia hay violencia e impunidad estructural.”
Esta última denuncia además de reafirmar la violencia sistemática a líderes sociales y excombatientes, también enfatizó como impide el buen desarrollo electoral en medio de un fuego cruzado y la inexistencia del Estado en los territorios: “Hemos recorrido varias de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para verificar la situación de los derechos humanos, el desarrollo del Acuerdo de Paz y las garantías y libertades para que las víctimas del conflicto elijan sus representantes a la Cámara. No había seguridad para las candidaturas, ni para las víctimas que son sus votantes, y las libertades políticas están en manos de paramilitares, insurgencias y bandas que controlan a la población.”
