El espacio que nació hace nueve años como apoyo a los diálogos de La Habana, sesionó para balancear la implementación del Acuerdo de Paz y la presentación de las propuestas para reanudar la negociación con el ELN. El objetivo es insistir en la paz real
Juana María Erazo Varón
La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz nació en el año 2013. En aquella oportunidad se reunieron alrededor de 400 mujeres, todas convocadas por múltiples organizaciones étnicas, culturales, de diversidad sexual y defensoras de los derechos humanos, con el fin de apoyar los diálogos de paz que se desarrollaban en La Habana.
Su objetivo era dar a conocer al país las acciones de paz y reconciliación que llevaban a cabo las mujeres en todos departamentos, municipios y corregimientos de Colombia, pero también tenía la finalidad de exigirle al entonces presidente Juan Manuel Santos y al máximo comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, no levantarse de la mesa de negociación.
En su pronunciamiento argüían que “las mujeres colombianas podemos aportar desde ya al proceso de diálogo y construcción de paz, no pueden ustedes esgrimir ningún argumento para negar la representación de las mujeres en todo el proceso. Es nuestro derecho, no solo reconocido por la ley, sino también ganado día a día con nuestro trabajo y compromiso para minimizar los efectos de esta confrontación armada. Les exigimos a ustedes ya una representación paritaria de las mujeres”.
Implementación y enfoque de género
Ya durante la II Cumbre que se realizó en el año 2016, asistieron 500 mujeres que iban en representación de mas o menos 700 organizaciones sociales, dándose cita para pactar una agenda de seguimiento y verificación del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de La Habana, lo que representaba en ese momento un largo y arduo camino. Ya que una de las consideraciones más importantes de este encuentro fue que la construcción de paz y reconstrucción de los territorios dependería mayoritariamente de las mujeres.
A inicios de este mes, durante los días 3 y 4 de febrero se reunieron de nuevo en la III Cumbre en la ciudad de Bogotá distintas organizaciones de mujeres provenientes de todo el territorio nacional. Este encuentro inició con los arrullos que seguían el compás de un tambor del Pacífico, los cuales exigían que no se violenten más nuestros cuerpos y territorios.
Con el fin de conmemorar el camino recorrido durante nueve años para consolidar un proceso que incluyera la perspectiva de género y que se consumó con el Acuerdo de Paz de La Habana, nos encontramos alrededor de cien mujeres para seguir construyendo y proyectando una agenda de paz para el país, pero también para retomar el trabajo que quedó pausado a raíz del cambio de la política en manos del gobierno de Iván Duque, la cual denominó Política de Paz y Legalidad, y la pandemia, que también afectó drásticamente la implementación de lo acordado.
Por eso fueron motivo de discusión la refrendación, la verificación e implementación de lo pactado en La Habana, y la presentación de las propuestas de negociación entre el gobierno nacional y el ELN, con el objetivo de erigir una paz duradera para las mujeres, las familias y los territorios.
Por esta razón nuestra tarea inmediata, de acuerdo con la discusión colectiva que se desarrolló en el espacio será diseñar diferentes propuestas que permitan entablar un diálogo con el próximo Gobierno, ya que ninguna sociedad puede darse el lujo de no incorporar en sus decisiones políticas a la mitad de la población, es decir a nosotras.
Balance de lo pactado
Esta no será una empresa fácil, debido a que tenemos como punto de partida el siguiente balance sobre el Acuerdo de Paz:
En lo que respecta a la Reforma Rural Integral, solamente 826 mujeres fueron beneficiadas con la asignación de tierras, por otro lado, tampoco se avanzó en su inclusión productiva y laboral, y en lo referente a la asignación de los subsidios integrales de tierras, solo 30 mujeres pudieron acceder a ellos.
Como consecuencia de la poca implementación de este punto en el departamento del Chocó, por ejemplo, las mujeres se han visto obligadas a vincularse a las labores de la minería ilegal, al negocio de los cultivos ilícitos o a ejercer la prostitución debido a la presión de los actores armados en este territorio.
En cuanto al punto de Participación Política, solamente el 32% de los compromisos adquiridos se han cumplido. Una demostración de esto es el caso del proceso de la paridad en los partidos políticos, realizado por medio de la reforma al Código Electoral, Ley 409 de 2020, que también ha sido poco implementada, arrojando como resultado un déficit en la participación de las mujeres, lo que quiere decir que nuestra incidencia política en los entes administrativos sigue siendo baja.
Frente a la Apertura Democrática, la estigmatización que viven a diario las mujeres reincorporadas les impide acceder en muchos a casos a un trabajo digno, limitando así sus procesos de reincorporación y restauración en la vida social, laboral y familiar. Solo el 4% del presupuesto se ha invertido al enfoque de género en la implementación de los Acuerdos de Paz, este pequeño rubro ha sido destinado para los procesos educativos y programas de formación laboral.
Derechos humanos
Actualmente en los informes de la sociedad civil no se les hace seguimiento a las medidas de protección de las mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos, ignorando de esta manera la reconfiguración del conflicto armado y la forma en que este impide la construcción de paz en los territorios.
Sin embargo, el Programa Integral de Garantías, PIG, que por medio del Decreto 1314 de 2013 y de la resolución 0854 de 2018, creó la instancia de la Comisión Interseccional de Garantías, CIG, ha avanzado paulatinamente en la protección de las mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos, pero esto sigue siendo insuficiente, por lo que persiste la necesidad de implementar planes de acción territoriales enfocados en programas de protección y seguridad, que prioricen inicialmente a los Montes de María, Putumayo y Cauca.
Pero en este balance poco alentador también se encuentran conquistas importantes, tal es el caso del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, que se encarga específicamente de las violencias basadas de género, espacio del que la Cumbre de Mujeres y Paz hace parte.
Las idas y revueltas
Nuestra participación en el proceso de paz es primordial, ya que desde su interior debemos romper con la naturalización de la guerra en la sociedad, para superar la construcción violenta de algunas masculinidades, proyectando así un cambio de largo alcance en el que las mujeres no seamos más las catalizadoras de la violencia ejercida por los hombres.
Nosotras estamos cumpliendo con lo pactado, por ende, reclamamos que se cumpla lo consignado en el Acuerdo de Paz. Exigimos, además, que nuestra labor como defensoras y lideresas no nos cueste la vida, para seguir aportando con nuestra experiencia a la construcción de paz a lo largo y ancho del territorio colombiano.
Para lograr este cometido es necesario que el Gobierno nacional se comprometa a negociar con los diferentes actores armados que actualmente han ido escalando en sus niveles de violencia, con el objetivo de tener un control total del territorio, utilizando de nuevo en sus repertorios de acción, los asesinatos selectivos, masacres, atentados y el desplazamiento forzado, generando miedo en la población civil, y donde las mujeres seguimos siendo las más afectadas.
