¡Sí podemos: universidad pública, nacional y estatal!

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Programa para la rectoría de la Universidad Nacional período 2015-2018 Mario Hernández Álvarez

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¿Cuál es la situación actual?

Es claro que la Universidad Nacional está llegando a su límite de exigencia institucional con los recursos disponibles. Si ha sostenido los indicadores de productividad y visibilidad internacional no es por una gran gestión institucional sino por un enorme esfuerzo cotidiano de la comunidad académica sostenida en medio de la precariedad. Es un hecho que la insuficiencia del financiamiento estatal ha obligado a la búsqueda desaforada de “recursos propios” por medio de la venta de servicios académicos, más aun frente a la amenaza de la crisis fiscal que se avecina. Esta permanente presión está afectando la calidad de lo que hacemos y no nos permite disfrutar la experiencia de la formación, el conocimiento y la creación.

El rebusque y la concentración del esfuerzo en los logros personales o del pequeño grupo está produciendo una gran fragmentación de la comunidad académica, un serio distanciamiento entre sus miembros y una incapacidad para tramitar y resolver conflictos, discriminaciones e inequidades crecientes.

Contrastan los muchos acumulados de la Universidad Nacional con su pérdida de participación y proyección en la vida nacional. El país atraviesa ciertamente por una coyuntura crítica, pero a la vez cargada de esperanza asociada al empeño de superación del conflicto armado. Construir una sociedad capaz de tramitar sus conflictos por una vía pacífica y democrática es un proyecto de mediano y largo plazo que tiene en la firma de un acuerdo de paz su indispensable comienzo hacia transformaciones estructurales.

Frente a este reto, la Universidad Nacional deberá tomar alguno de los muchos caminos abiertos en el postacuerdo. Para ello, como universidad, y no como otra “institución educativa” más, deberemos asumir a fondo nuestros propios conflictos, para convertirnos en laboratorio vivo y paradigmático de construcción de democracia, justicia y paz.

Hoy, la Universidad Nacional se ve abocada a un profundo dilema: o continúa el camino de la adaptación institucional a las exigencias de la mercantilización global de la educación, la ciencia y la tecnología, para competir en un mercado abierto en el que no hay diferenciación alguna; o se concentra en la exploración profunda de su naturaleza, para reformular una identidad que le permita acopiar su acumulado y reorientar su trayectoria, de manera democrática y de cara a la sociedad colombiana.

Esta aspiración a la rectoría pretende construir sobre lo construido, corregir lo equivocado y desarrollar iniciativas creativas. Aglutinar a la comunidad universitaria para transformar rumbo. Es una oportunidad para repensar la Universidad, la academia y su compromiso con el país.

Desde la comunidad universitaria podemos

Nuestra Universidad es un logro de la nación colombiana y es un resultado de la labor de sus profesores, estudiantes y trabajadores. Todos construimos universidad en el día a día, desde la diversidad de las ciencias, las profesiones y las artes, pero también de las culturas, las regiones, las religiones, los géneros, las posiciones políticas. Es un poderoso acumulado académico y cultural que ha formado a miles de profesionales de todas las ramas del conocimiento y del saber, fundamentales para el crecimiento cultural, científico, social y económico del país. Hemos sido un baluarte de los valores democráticos que fundan las aspiraciones de paz de la sociedad colombiana.

Desde el lugar que ocupamos, aun en medio de la dispersión y el individualismo rampante, no se puede olvidar lo que valoramos como el factor capital: la Universidad Nacional es una comunidad con historia. Es desde ese alto lugar común desde donde relanzamos los valores de una verdadera cultura universitaria de reconocimiento mutuo, de respeto y de construcción colectiva a partir de reglas claras y escenarios legítimos. Más que expertos con competencias, somos intelectuales.

En la Universidad se ha expandido la sensación de una aberrante paradoja: cada vez hay menos tiempo para la actividad académica. Si nos vinculamos a esta universidad fue con la expectativa de poder hacer buena docencia, investigar o crear. Poder dedicarse a esas actividades con la concentración que ellas exigen es una aspiración central en la vida de los académicos. La falta de condiciones materiales y la proliferación de arbitrarias exigencias burocráticas están asfixiando la vocación por el conocimiento y el ambiente intelectual que se requiere.

Desde la comunidad universitaria podemos repensar y reorientar la Universidad, para desarrollar su naturaleza institucional y proyectarla en el largo plazo. Para ello, debemos entrar en la preparación y realización de un Congreso Universitario, aspiración de muchos de sus miembros, como escenario legítimo para revisar las reformas institucionales recientes, ponernos de cara a la sociedad colombiana y al mundo, desde la diversidad regional, y construir pactos sobre lo común.

El Congreso será un proceso de construcción autónoma de decisiones, con la participación amplia y democrática de los tres estamentos universitarios. Desde el comienzo mismo de mi gestión pondré el Congreso en el orden de lo urgente. Su realización se programará para un tiempo anterior a la terminación del presente año.

Universidad pública

¿Qué significa el carácter público de la Universidad? Nada menos que diversidad, pluralismo y democracia. Diversidad plena, no confesionalidad disfrazada de modernización y eficiencia. No existe un “bien público” abstracto. Existimos públicos, que construimos identidades y proyectos colectivos. Por eso, lo público es una construcción permanente, que parte del reconocimiento de las diferencias y encuentra caminos solidarios para reconocer aquello que compartimos y podemos reconocer como común.

La naturaleza pública está atada al concepto de autonomía universitaria, tanto académica, como administrativa y de gobierno. Pero el ejercicio de autonomía no puede hacerse sin democracia. Se requieren nuevas formas de gobierno universitario, basado en la ampliación de los cuerpos colegiados y la elección directa de sus directivas, que permitan garantizar decisiones colegiadas y transparencia plena, sin cajas negras en la administración de los recursos. Esta democratización permitirá mejorar superar la sensación de despilfarro y corrupción que nos invade.

Democracia significa reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos, libertad de expresión, de asociación, organización y movilización, derechos sindicales y derecho a la negociación colectiva. Los conflictos laborales no pueden seguir aplazándose hasta llegar a las vías de hecho. Si se construyen pactos, hay que honrarlos y cumplirlos.

Construir lo público significa reconocer y fortalecer la diversidad cultural y de etnia, dar cumplimiento y mejorar la política de equidad de género y avanzar seriamente en la política integral para la población en situación de discapacidad.

La calidad académica no puede seguir asimilándose al cumplimiento de requisitos de acreditación. Calidad implica la articulación cuidadosa entre formación, investigación y extensión con el reconocimiento de las especificidades disciplinarias, profesionales, de las artes y los nexos transdisciplinarios. La reforma académica y las reglas para la extensión y la investigación requieren un análisis detallado para adoptar concertadamente los cambios necesarios.

El bienestar universitario debe ser concebido no como un conjunto de subsidios para estudiantes pobres, sino como una organización de los recursos para generar las condiciones que demanda el trabajo académico. Sin ellas no hay calidad académica posible, más allá de los sellos de acreditación que tanto confunden.

El carácter público nos obliga a recuperar el liderazgo en el sistema de educación superior, en especial, en el Sistema de Universidades Estatales, para valorar con otros ojos el papel de estas universidades en la reorganización de un verdadero sistema de educación superior, donde el mercado y la competencia individualista no predomine, sino que avancemos hacia la complementariedad y la colaboración para afrontar problemas nacionales desde las regiones.

Desarrollar el carácter público implica pensar en la manera como participamos en la construcción de lo público en el país, desde sus muy diversos públicos y regiones; un compromiso con la solidaridad, el respeto y la identificación de los asuntos comunes y prioritarios, para salir de la violencia, el “sálvese quien pueda” y la impunidad cotidiana.

Significa construir relaciones estratégicas internacionales para recuperar la naturaleza pública del conocimiento, superar la lógica monopólica de las normas de propiedad intelectual, y exigir equidad en la producción y el acceso a la ciencia y la tecnología, con perspectiva latinoamericana y de colaboración Sur-Sur.

Universidad Nacional

¿Qué significa nacional, en el nombre mismo de esta Universidad? Sin duda alguna, el acumulado institucional y el compromiso con la construcción de nación desde las regiones, desde la diversidad cultural, étnica y de género.

Significa un intenso esfuerzo por repensar la actividad académica que realizamos, la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística, la extensión universitaria, en relación, interacción y compromiso con la sociedad que somos y que quisiéramos ser, en medio de la geopolítica dominante a la que llamamos eufemísticamente “globalización”.

El carácter nacional implica repensar el valor patrimonial de esta Universidad, que tanto en Bogotá como en las demás sedes hace parte de la identidad de las ciudades, las regiones y el país. Reconocer el patrimonio intangible significa retomar la obra de distintas generaciones de rectores, decanos, profesores, estudiantes, trabajadores y egresados. No podemos entrar en la lógica de un proyecto inmobiliario en expansión. Por el contrario, es necesario rediseñar un genuino sistema combinado de formación, investigación, extensión y educación cultural, que fortalezca el Sistema Nacional de Patrimonio y Museos, que resignifique los espacios culturales de los campus y los articule a las ciudades y las regiones.

De ninguna manera es posible vender un centímetro del campus ampliado de la sede Bogotá en el proyecto de renovación del CAN. Por el contrario, es necesario proteger y renovar la Unidad Camilo Torres y el Edificio Uriel Gutiérrez, y proponer el desarrollo bien financiado del Hospital Universitario en articulación con un “centro hospitalario de Occidente” que la ciudad y el país requieren. Al mismo tiempo, nacional significa reconocer el aporte que la Universidad tuvo en la profesionalización en salud en el Hospital San Juan de Dios, y contribuir a su reapertura con prudencia pero con decisión, iniciativa y presencia de su comunidad universitaria.

Reconocer el patrimonio tangible e intangible pasa por valorar seriamente la posibilidad de declarar el campus de Bogotá un Bien de Interés Cultural y recurrir a su historia, al proyecto bauhaus que Leopoldo Rother imaginó, para obtener recursos nacionales e internacionales para su restauración y ampliación inteligente. Un bien común, un espacio público agradable, sustentable, peatonal y con transporte interno colectivo, abierto todos los días -incluidos viernes, fines de semana y noche- para el goce pleno de la vida académica.

Una nueva organización intersedes es necesaria en la Universidad. Las relaciones entre la Universidad y la sociedad tienen profundas particularidades en las regiones que no son percibidas desde el centro. La autonomía deberá ejercerse en las sedes, y desde ellas, generar los pactos sobre la identidad y la unidad institucional desde la diversidad territorial.

Lo anterior supone una revisión atenta de los proyectos de inversión que se vienen proponiendo desde las necesidades de las sedes y facultades, para construir acuerdos sobre un esquema de prioridades en la perspectiva de lo que significa campus universitario en todas las sedes. Más aun si se tienen en cuenta los bajos recaudos por el impuesto de la “estampilla UN” y la imposibilidad de respaldar cualquier empréstito sin contar con respaldo, pero disfrazado de “subsidio a la oferta” mientras engorda las arcas del sector financiero.

Universidad estatal

La Universidad Nacional hace parte del Estado pero no es propiedad de ningún gobierno, instancia u organización política. Es una institución estatal de naturaleza constitucional especial, precisamente porque de otra forma la autonomía se convierte en autosostenibilidad en un mercado abierto. Es necesario que la sociedad, el Estado y quienes la constituimos entendamos esta dimensión plenamente para exigir a los poderes del Estado un inaplazable nuevo trato para la Universidad Nacional.

Este nuevo trato se debe traducir en financiamiento estable y suficiente, a partir del pago de la deuda acumulada con las universidades públicas por parte del Estado, acorde con la expansión que ha tenido la Universidad y con la que podría tener. Una ampliación responsable de la cobertura, desde el reconocimiento del carácter estatal, pasa por un incremento sostenido del presupuesto nacional y no por la disputa por los cupos de subsidio a la demanda para pobres. Universalidad en el acceso, más que focalización, es lo que realmente construye equidad y reconocimiento.

“Ser pilo paga” es el comienzo de la transformación del financiamiento de la oferta (presupuesto) hacia el subsidio a la demanda de los pobres (pago por cupos), como el régimen subsidiado en salud, para retirar de una vez por todas las diferencias entre lo público y lo privado en educación superior. Por esta vía, las universidades públicas pronto nos veremos sometidas a la competencia voraz por los recursos públicos, pero con el lastre de una deuda acumulada. Como los hospitales, esta ruta conduce al callejón sin salida del ajuste por lo bajo o a la quiebra.

El sistema de admisión vigente debe ser revisado. Es inequitativo porque discrimina entre disciplinas, profesiones y artes. Ha causado sensibles traumatismos en los programas de sedes como Palmira, Manizales y Medellín, y preocupa la disminución de la admisión de estudiantes mujeres, que en el primer semestre de 2014 apenas alcanzó el 36%.

Un nuevo trato del Estado pasa por reconocer la actividad académica en todas sus dimensiones, revalorar el papel de la docencia, su calidad y la innovación pedagógica, para superar el sesgo hacia cierto tipo de publicaciones, reconocer y superar los abusos. Implica la reformulación, desde las comunidades académicas, de la política de ciencia, tecnología e innovación, que supere el pragmatismo de la supuesta innovación tecnológica y el disfraz de competencia en que han caído las convocatorias de Colciencias.

Esta tendencia burocrática subordina, minimiza y oculta el papel de las ciencias humanas y sociales, las artes y las profesiones como la arquitectura, el derecho y otras más. Se requiere respetar la autonomía académica y afianzar la construcción colectiva de conocimiento, la creación y la innovación desde los grupos, con equidad y reconocimiento de sus especificidades, y reorientar la inversión de los recursos de las regalías en las regiones hacia sus verdaderas necesidades y prioridades regionales y nacionales.

Pero para recibir ese nuevo trato, se requiere un liderazgo de la Universidad en la formulación de políticas públicas de Estado, comenzando por una nueva ley de educación superior, necesidad que eludió el actual gobierno para construir un supuesto acuerdo que profundiza la mercantilización y el subsidio a la demanda. Se requiere una vocería que exprese las propuestas alternativas al Acuerdo por lo Superior 2034.

El conocimiento debe ser entendido como un bien público de acceso universal y la educación superior como un derecho fundamental. Para su garantía, se requiere un nuevo pacto político que ponga en el centro la educación como derecho universal y no como servicio obtenido en el mercado de manera diferencial e inequitativa según la capacidad de pago de las familias. El subsidio a la demanda no hace más que reproducir las desigualdades existentes y concentrar los recursos públicos en unos pocos, como lo ha demostrado el sistema de salud.

Es necesario comprometernos con la formulación democrática de una política de Estado para construir la paz que asuma el reto de transformaciones estructurales. En su seno deberá estar un nuevo sistema de salud y seguridad social, que supere la obcecada defensa de la intermediación financiera por parte de todos los gobernantes; políticas de sustentabilidad ambiental, de tierras, de soberanía alimentaria, que ceden abiertamente frente a las urgencias de la dependencia derivada de la reprimarización de la economía nacional, entre otras.

En síntesis, propongo:

1. Desde el reconocimiento de la comunidad universitaria, entrar en un proceso de organización y realización de un Congreso Universitario para transformar el rumbo institucional con visión de largo plazo.

2. Desarrollar la naturaleza pública de la Universidad a través de su democratización para el ejercicio pleno de la autonomía, desde la garantía de derechos y la redefinición de nuestras reglas y políticas institucionales.

3. Participar decididamente en la construcción de nación desde el vínculo profundo con las realidades regionales y la diversidad.

4. Hacer valer la naturaleza estatal de la Universidad, para demandar un nuevo trato del estado, al tiempo que nos comprometemos con la construcción de políticas de Estado para la construcción de la paz.

Miembros de esta comunidad universitaria: he conocido en detalle el proceso de deterioro de nuestras relaciones, bajo el manto de la supuesta “universidad de talla mundial”. Es el momento de reorientar nuestro camino, de cara al país y al mundo, con autonomía, inteligencia, creatividad, solidaridad y amor por la academia y el país.