Servicio militar obligatorio o servicio social para la paz

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Para 2022 las Fuerzas Armadas esperan reclutar 18 mil jóvenes para que presten el servicio militar obligatorio. Foto Ejército Nacional de Colombia

La aprobación en el Senado de la República del proyecto del acto legislativo que determina a la eliminación paulatina del servicio militar obligatorio en Colombia, es un importante avance hacia la construcción de una verdadera democracia

Alejandro Cifuentes

El servicio militar obligatorio, además de ser hoy un odioso recuerdo de un conflicto que el país está buscando cerrar, es tal vez una de las mayores expresiones de desigualdad y exclusión. Aunque en el papel la conscripción es una obligación que recae sobre todos los ciudadanos varones mayores de edad, hay jóvenes que ni siquiera se han visto expuestos a los tratos vejaminosos que implica la inscripción al servicio militar y mucho menos se verán obligados a portar un fusil en zonas de conflicto.

Como todo el mundo lo sabe, el ejercicio de las armas es una obligación que se puede evadir con dinero; pero más aún, esta es una carga que no recae en los hijos privilegiados de las élites.

Por eso, la aprobación en el Senado del proyecto del acto legislativo que apunta a la eliminación paulatina del servicio militar obligatorio en Colombia, es un importante avance hacia la construcción de una verdadera democracia. Además, es motivo de celebración para el movimiento de objeción de conciencia, que ha experimentado una dura persecución, sobre todo durante los años en los que gobernó el uribismo.

Rezagos del pasado

Es probable que el servicio militar obligatorio sea visto como una expresión del conflicto armado que aqueja al país desde mediados del siglo XX, pero esta práctica se remonta más atrás en el tiempo. Cuando se inició el proceso de profesionalización del ejército en Colombia, en 1907, el ejército modélico era el prusiano (alemán), la máquina de guerra que había derrotado en poco tiempo al otrora poderoso ejército francés en la guerra de 1870-1871.

Por eso el Estado buscó configurar el ejército bajo la influencia doctrinaria prusiana. Como no se contaba con los recursos suficientes para contratar militares europeos, se trajo una misión de oficiales chilenos, país en donde el ejército se había profesionalizado con los lineamientos prusianos.

Chile fue el primer país en América que instauró la conscripción. Esta era una idea fundamental de los prusianos y que se basaba a su vez en el concepto del pueblo en armas: la movilización total de la ciudadanía en función de objetivos militares.

Aunque en Colombia se había consignado en la autoritaria y conservadora constitución de 1886 el servicio militar como deber ciudadano, fue la misión de militares chilenos la encargada de consolidar en 1911 la conscripción. Tras el cambio de la constitución en 1991, el reclutamiento obligatorio no desapareció y fue reglamentado con la Ley 48 de 1993.

Aunque las élites colombianas argumentaron a favor del servicio militar obligatorio aduciendo que este era la mejor manera de formar ciudadanos en ideales nacionales, lo cierto es que este fue desde el principio excluyente y selectivo, justo como venía ocurriendo en toda América Latina.

De hecho, los militares prusianos, que predicaban en contra de cualquier excepción frente a la conscripción universal, no pudieron evitar que las familias chilenas más privilegiadas excluyeran a sus hijos del servicio. Y lo que es peor, en la medida en que el ejército se tornó en una fuerza contrainsurgente a lo largo del siglo XX, los jóvenes fueron obligados a tomar las armas contra sus conciudadanos, en vez de jugar cualquier rol de “defensores de la nación”.

La iniciativa contra la conscripción

Según lo señala Juan Valbuena, abogado e integrante de la UAN de la concejala Heidy Sánchez, había dos escenarios legislativos en los que se debatía el servicio militar obligatorio en Colombia. Por un lado, dentro del proyecto de “paz total” –que no pasó el debate en el Senado– que prolonga la ley que da facultades al gobierno para negociar con grupos alzados en armas, había una iniciativa que apuntaba a la eliminación del servicio militar obligatorio.

Por otro lado, está el proyecto de acto legislativo, promovido por el senador Humberto de La Calle, que apunta a la eliminación gradual de la conscripción. Este proyecto, que busca modificar la Constitución, fue aprobado en segundo debate por el Senado, pero aún le quedan seis sesiones para tener eficacia normativa. Eso quiere decir que lo que ocurrió la semana pasada en la cámara alta no ha devenido en una norma, no tiene aplicación inmediata.

De igual forma hay que considerar que este proyecto habla no de la supresión inmediata del servicio militar obligatorio, sino de su eliminación gradual. Esto significa que se buscará disminuir paulatinamente el grado de obligatoriedad del servicio, hasta conseguir su cese total.

Por eso se ha planteado reemplazar la figura del servicio militar por un servicio social para la paz, que igualmente sería obligatorio. Es por ello, como lo afirma Valbuena, que “lo que ahora está en discusión es cuál será la medida de esa gradualidad en la obligatoriedad del servicio”.

Servicio militar vs. Servicio social

Dentro del movimiento de objeción de conciencia históricamente se ha compartido el objetivo general de evitar la conscripción. Sin embargo, durante los años del conflicto se presentó un disenso frente a qué se debería hacer para superar la conscripción. Mientras algunas posiciones planteaban insumisión, insistiendo en evitar cualquier tipo de servicio obligatorio al Estado, otras corrientes estaban por un servicio social para la paz.

No obstante, hoy vivimos otro momento, en donde se avizora la construcción de una paz integral. Por eso, cuenta Valbuena, en estas condiciones se hace viable poner en tela de juicio, en medio del debate sobre la conscripción, la viabilidad de cualquier tipo de servicio obligatorio para con el Estado.

El avance en firme en el camino hacia la paz comienza a ser incompatible con cualquier servicio de este tipo, pues, aún si fuera un servicio social, se seguiría obligando a los jóvenes a someterse a cualquier tipo de labor con el Estado, con el cual pueden o no estar de acuerdo.

La idea de un servicio social obligatorio para la paz abre la discusión sobre su alcance: si es un servicio social ¿este se ampliaría a las mujeres? Además, según nos cuenta Valbuena, en algunos casos internacionales, cuando se logró cambiar el servicio militar por un servicio social obligatorio, este se convirtió en una excusa para que el Estado empleara fuerza de trabajo gratuita. Incluso, bajo la modalidad del servicio social obligatorio se presentaron casos extremos donde los jóvenes prácticamente hicieron trabajos forzados en la construcción de infraestructura.

Pero más allá de los debates que se puedan dar, lo ocurrido en el parlamento es un avance hacia la superación de la guerra. Después de un siglo se ha puesto en discusión el excluyente servicio militar obligatorio, el cual es un eco de una época en la que la ciudadanía y la nación se equiparaban al ejercicio de las armas.

Asimismo, la conscripción es hoy un resabio de la doctrina de seguridad nacional y de la guerra contrainsurgente que se desarrolló en el marco del conflicto armado interno. Aún luego de la firma de la paz de La Habana, la dirección nacional de reclutamiento del ejército seguía imponiendo a los batallones altas cuotas de reclutamiento, lo cual instiga las arbitrariedades de los militares contra los jóvenes trabajadores para presionarlos a integrar las filas de las fuerzas armadas.