Llegó la hora de las definiciones para los proyectos presentados por el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Solo la movilización social hará posibles las promesas de cambio
Hernán Camacho
@camachohernan
El 20 de julio inicia el segundo periodo legislativo del Congreso de la República. Este periodo estará caracterizado por las elecciones locales a disputarse en el mes de octubre y una nueva correlación entre las fuerzas de oposición, los independientes y los partidos que acompañan al Gobierno nacional, mientras se avecina el trámite de las reformas del cambio.
El nuevo periodo del Congreso de la República inicia con la elección de las siete mesas directivas en las comisiones constitucionales. En el pasado periodo la mayoría de estas presidencias quedaron a cargo del Pacto Histórico. Eso cambia desde el 20 de julio afectando la prioridad de los proyectos de ley de interés para el Gobierno y facilitando el freno de mano para los debates de las reformas en curso.
Con dos de las tres principales apuestas legislativas del Gobierno nacional en trámite, la bancada del Pacto se alista para defender los cambios en salud y pensiones, ante la escalada mediática orquestada por las EPS y los Fondos de Pensiones con el objetivo de hundir las propuestas, multiplicando miedos creados con falsas informaciones.
Lo nuevo
El Gobierno nacional ha dado pistas sobre las prioridades para el segundo periodo legislativo. El 7 de junio el presidente Petro anunció: “Vamos por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio no sea el empresario sino el usuario”. Mientras el 10 de junio en Paz del Rio, Boyacá, en la reunión de Juntas de Acción Comunal, dijo el primer mandatario: “Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que tendrá que ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”.
Aunque la intensión del Gobierno es no perder un día de trabajo parlamentario para sacar adelante las reformas, los textos de la reformar a la Ley 30 y los servicios públicos no alcanzan a presentarse el primer día de legislatura. El articulado se está construyendo entre ministerios del Interior y Educación, además que el movimiento estudiantil prepara movilizaciones nacionales, asambleas universitarias y una enorme pedagogía para explicar los beneficios de la reforma.
Minería y ambiente
Por otra parte, la Comisión Quinta encargada de los temas del medio ambiente debatirá la nueva política minera, reformando el Código del sector. Una tarea enorme teniendo en cuenta los intereses y los protagonistas de un sector estratégico en el país. La reforma le apunta a cambiar la perspectiva extraccionista por una visión de preservación de la naturaleza y una regulación justa y proporcional, cambiando el panorama actual.
“Le toca la palabra a todos los que han nacido, se han criado y siguen trabajando entre las minas de Colombia. Por fin un Gobierno mira a quienes han sufrido por los daños ambientales, por la extracción del carbón en La Guajira o escucha a quienes denuncian cómo se llevan la riqueza de Colombia sin pagar un peso por ella”, indicó Aída Avella senadora por el Pacto Histórico, partido que lidera junto al Ministerio de Minas y Energía, la reforma al Código Minero.
A otro precio
El freno ha sido la estrategia de la derecha para atajar los cambios. Se prevé que en este periodo se agudizará esta situación. Incluso, tramites legislativos que comúnmente parecen diligencias notariales, como la asignación de presupuesto a las entidades nacionales, puede verse afectada por esta nueva realidad.
Las presidencias de las comisiones económicas estarán en manos del partido Liberal y Conservador, dos agrupaciones que pasaron de ser oficialistas a independientes con actitud de oposición. Las invitaciones del presidente de Cambio Radical, German Vargas Lleras, a una coalición de partido tradicionales contra Petro, es el anunció de la batalla política que se avecina para frenar las iniciativas del Gobierno y defender los intereses de los gremios económicos.
Aunque la coalición se anunció, todavía no se oficializa. “Los jefes no votan aquí -Congreso-, ni dan la cara allá”, le dijo a VOZ un parlamentario que rechazó la idea de conformar un sector opositor para bloquear las iniciativas legislativas del Gobierno, mientras en las regiones la gente les reclama hospitales públicos, cupos para universidad y rebaja en servicios públicos. “Las elecciones locales son a otro precio y dependerá qué tan bien le vaya al Gobierno”.
¿Contrarreformas?
Por su parte, los gremios económicos han señalado que estarían dispuestos a considerar apoyar las “reformas sociales” con criterio empresarial. Los tanques de pensamiento de la derecha prepararan sendos proyectos de ley como parte de su estrategia para obstaculizar los debates de fondo.
Alberto Cabal, presidente de Fedesarrollo, advirtió: “No prosperó y se hundió en la Comisión Séptima el proyecto de reforma laboral que propuso el gobierno, que no generaba empleo. Es una oportunidad democrática e histórica para construir un nuevo proyecto, concertado de verdad, entre todas las fuerzas vivas del país, focalizado en la generación de nuevos puestos de trabajo y que promueva la formalización”.
“El receso legislativo es una época propicia para buscar consensos y generar la actualización del código sustantivo del trabajo que requiere Colombia”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana en Colombia.
Por su parte, los sindicatos agremiados en la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, por medio de su nuevo presidente Fabio Arias, dieron respaldo a las reformas del cambio y prometieron una constante movilización en apoyo al Gobierno nacional: “El empresariado y gremios económicos vienen desarrollando desde sus medios de comunicación, una campaña de desinformación, confusión, de incertidumbre, pretendiendo generar caos y propiciar ingobernabilidad. Una política en contra de las reformas sociales”.
La siguiente disputa
Aunque la elección de un nuevo fiscal general en remplazo de Francisco Barbosa no pasa directamente por el Congreso, el tema será objeto de debate y confrontación ideológica.
Los anuncios de boicot a la terna que el presidente Petro debe enviar a la Corte Suprema de Justicia para elegir al nuevo jefe del ente acusador están a la orden del día. Así lo advirtió el senador Wilson Arias quien afirmó: “Quieren quitarle al presidente Petro sus funciones constitucionales de nominador para la Fiscalía. El caso Odebrecth puede golpear al hijo del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, las investigaciones señalarían que por sus bancos paso la plata de los sobornos”.
En cambio, el Congreso repetirá votación para elegir Contralor de la Republica antes del primer mes de legislatura. Después que el Consejo de Estado anuló la elección del excontralor Carlos Hernán Rodríguez, quien ocupó el cargo menos de seis meses, el senador Alexander López inició el proceso de elección y lo deja en manos del nuevo presidente de esa corporación, que será del Partido Verde según como lo establecen los acuerdos políticos.
La realidad social
El próximo 20 de julio el Gobierno nacional y la bancada del cambio tiene el reto de poner la política como prioridad para alcanzar los votos suficientes para darle vida a las reformas. La nueva correlación de fuerzas no la definen las jefaturas de los partidos políticos electorales. En cambio, la realidad social que vive la gente obligará a conformarse de facto una bancada por los cambios que no tenga ni color ni jefaturas políticas.
Las demandas de la ciudadanía por salud, pensión, trabajo, educación y servicio públicos inclinarán la balanza. La juventud y las acciones comunales entran a la disputa política desde la calle y el Congreso. “Un pie en las instituciones, pero miles en las calles”, dicen algunas voces en los pasillos del parlamento.
