Una reciente investigación periodística visibilizó el método mediante el cual altos funcionarios del Estado presuntamente se apropiaron, vía coimas, de 500 mil millones de pesos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Quiénes son los implicados?
Redacción Política
Seis meses fueron suficientes para que la periodista Valeria Santos y el reportero Sebastián Nohra, ambos integrantes de Mañanas Blu Radio, publicaran los resultados de una investigación que develaría un sofisticado entramado de corrupción.
Según el reportaje, altos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, DNP, la Contraloría General de la República y algunos congresistas del Partido Conservador se habrían apropiado de casi 500 mil millones de pesos (125 millones de dólares), dinero de las regalías que por ley deben estar destinadas a la implementación del Acuerdo de Paz. El mecanismo para cometer el multimillonario ilícito sería por la vía de las coimas, es decir, las dádivas que se otorgan con el objetivo de obtener un favor por parte de una autoridad.
La historia
El Acuerdo de Paz identificó 170 municipios, cerca del 36% de la geografía nacional, donde se calcula que seis millones de personas han sido víctimas de la violencia, la pobreza y la ausencia permanente del Estado. Para transformar estos lugares, en La Habana se diseñó un instrumento de planificación y gestión del territorio bautizado como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.
Por su parte, OCAD Paz es la institución encargada de certificar los grandes proyectos financiados con las regalías, que palabras más palabras menos, es el dinero que agentes privados entregan luego de explotar recursos naturales en un territorio. En los municipios PDET, este órgano era el encargado de direccionar los proyectos y designar a quienes los ejecutaban.
Lo que se encontró en la investigación del medio radial, es que alrededor del 12% de los recursos que aprobó OCAD Paz entre junio y diciembre de 2021 (cuatro billones de pesos) y correspondientes a 355 proyectos, terminaron en coimas y sobornos, según distintas fuentes que se reservaron el uso de su nombre. El monto del ilícito se calcula en 500 mil millones de pesos.
Esto no era un secreto, porque cerca de 25 alcaldes denunciaron en los diferentes órganos de control, en el Departamento de Planeación Nacional y en la Alta Consejería para la Estabilización que ese dinero se había engavetado en coimas. De hecho, un correo electrónico escrito al alto consejero Emilio Archila (quien además presidia OCAD Paz), advirtió que senadores, funcionarios del DNP y la Contraloría estaban extorsionando a los municipios para que paguen por los proyectos y así recibir el “OK” institucional.
Los altos funcionarios implicados
El clásico modus operandi responde a dinámicas de corrupción arraigadas en el país. Los congresistas operan como los dueños de los municipios, las obras las deben hacer los contratistas amigos y la lealtad al gobierno deriva en financiación de proyectos, muchos de ellos con sobrecostos. Pero lo nuevo en este caso es que funcionarios que trabajan en órganos de control también se pudieron beneficiar del ilícito.
Las denuncias conocidas por Santos y Nohra apuntan a varios altos funcionarios del Estado. Los primeros serían los contralores delegados en OCAD Paz, Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz, quienes gracias a la figura aplicada por el contralor general Felipe Córdoba en el marco de la emergencia sanitaria del “control concomitante y preventivo”, tuvieron un instrumento eficaz para presionar a los alcaldes a pagar coimas del 2% con el compromiso de tener el visto bueno del ente de control en la aprobación de los proyectos.
El segundo alto funcionario salpicado en este escándalo de corrupción es el valduparense Álvaro Ávila, director de regalías del DNP y persona cercana al exdirector de este departamento administrativo Luis Alberto Rodríguez, quien hoy hace carrera para ser contralor general. De acuerdo a las denuncias, Ávila como secretario técnico de OCAD Paz exigía a cualquier alcalde un 5% del valor del proyecto para poderlo aprobar.
Y finalmente, se identifica en el ilícito a Martín Zuleta Mieles, alcalde de La Paz, Cesar (Partido de la U), y José Facundo Castillo Cisneros (Cambio Radical), quien en ese momento era el gobernador de Arauca antes de ser capturado por presuntos nexos con el ELN. En un audio publicado por la emisora de Valledupar Candela Viva, se puede escuchar al burgomaestre hablar de manera comprometedora sobre la aprobación de un proyecto en OCAD Paz precisamente en el periodo en que se investiga la configuración de los delitos.
El «glorioso» Partido Conservador
En lo revelado también quedan mal parados varios congresistas del Partido Conservador que eran invitados permanentes en OCAD Paz. Las fuentes de Santos y Nohra señalan al representante a la Cámara por Cesar, Alfredo Ape Cuello Baute (55.615 votos en 2018) y al senador Juan Samy Meregh Marun (81.078 votos en 2018) como los amos y señores de los proyectos que se aprobaban con los recursos de las regalías.
Finalmente, la denuncia identifica también al representante por Córdoba, Wadith Alberto Manzur Imbett (67.286 votos en 2018), como presunto cómplice ya que también era parte de la junta directiva de OCAD Paz. Casualmente todos los congresistas eran del Partido Conservador, colectividad de la que hace parte el director del DNP por aquella época, Luis Alberto Rodríguez.
Los dos congresistas implicados fueron reelegidos en la reciente elección parlamentaria con un aumento considerable en la votación. El senador Meregh, quien es oriundo de Pereira, alcanzó 97.519 votos, mientras que Cuello logró 68.667 sufragios en el departamento del Cesar. Sin embargo, la votación que más creció fue la del representante Wadith Manzur, que se reeligió con 113.357 votos en el departamento de Córdoba.
¿Y la plata?
Por el momento la investigación se encuentra en manos de las autoridades para determinar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado en este aparato de corrupción que afecta negativamente la implementación del Acuerdo de Paz. No obstante, algunos indicios permiten sacar algunas conclusiones sobre el caso.
Lo primero es que la aproximación que fueron 500 mil millones de pesos del ilícito, parece acertada. Según un reciente informe de la Contraloría, el 33% de los municipios PDET no recibieron dinero de regalías. Y esto es grave, porque por iniciativa del Gobierno nacional el presupuesto de regalías proyectado a 2030 se adelantó y se giró completo en el 2021.
Lo segundo es que, en este entramado de corrupción, unos municipios ganaron en exceso y otros no ganaron nada. Si bien en OCAD Paz la distribución de los recursos debería ser equitativa y proporcional a los 170 territorios priorizados por PDET, la investigación evidencia como, por ejemplo, en el Cesar se adelantaron 58 proyectos con un monto de 652 mil millones de pesos, mientras que en Vaupés solo se aprobó un proyecto por 1.500 millones de pesos. En todo caso, el gran perdedor es el Acuerdo de Paz y los pueblos que habitan los lugares más golpeados por la violencia.
Y finalmente, es inevitable concluir que si el país se conmovió con el escándalo de Centros Poblados que significó un detrimento de 70 mil millones de pesos, los 500 mil millones de pesos presuntamente robados en el caso OCAD Paz puede ser una de las peores ollas podridas en la historia de la corrupción del país.
